Ya sólo falta que no se roben los sumarios

Ahora que la Junta de Andalucía se ha decidido a intervenir en el escándalo de la construcción y el blanqueo de dinero en Málaga y que la policía ha sido capaz de desenredar las increíbles madejas de sociedades interpuestas que se han ido tejiendo desde hace años, sólo hace falta que la justicia consiga que no se roben los sumarios, que no desaparezcan las pruebas o que no se inunden los archivos. Y sobre todo, que no deje prescribir los delitos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones cuando se trata de grandes cantidades de dinero y de escándalos inmobiliarios. (Todavía deben quedar algunos jueces sonrojados a propósito de la prescripción de los delitos cometidos en Madrid en el llamado caso de los Albertos).

Por una vez, no estaría mal que la Justicia fuera capaz de dar ejemplo de diligencia y que los encargados de llevar adelante esta investigación judicial cuenten con los medios y, sobre todo, con los conocimientos necesarios para desarrollar su labor con dignidad y para atajar las maniobras de los importantes bufetes de abogados que se lanzarán a partir de ahora a embrollar aún más la situación, en justa defensa de los intereses de sus clientes.

El ánimo que suscitan operaciones como la llevada a cabo esta semana en Marbella, no debería ocultar otra realidad: los negocios inmobiliarios en toda Málaga han ido bajando su volumen desde hace ya dos años. Y casi en el mismo porcentaje, ha ido aumentado el número de nueva vivienda visada en Murcia y en otras zonas del Levante, como Valencia o Alicante.

El dinero que ya no se encontraba tan cómodo en Málaga ha viajado a toda velocidad a otras regiones de España, pero exactamente con los mismos métodos y en los mismos negocios. De hecho, a uno de los detenidos en Marbella, Juan Antonio Roca, le han incautado dos urbanizaciones completas en Murcia. ¿Se reproducirá lo ocurrido en la Costa el Sol, no solo en Marbella, sino en otros muchos municipios, desde 1986, con la llegada de Gil? ¿o esta vez alguien será capaz de atajar el problema antes de que la presión que ejerce en los ayuntamientos la posibilidad de un enriquecimiento repentino de vecinos y concejales de toda condición e ideología, termine por destruir lo poco que queda de costa mediterránea?

Si algún día fuéramos capaces de establecer un orden de prioridades en los problemas que afectan a la sociedad española, el primer lugar sería, sin duda, para la inmigración: hemos asimilado sin pestañear la noticia de que entre 1.200 y 1.700 africanos han muerto ya ahogados en su intento de llegar a las Islas Canarias y sabemos, aunque no hablamos de ello, que este verano otros muchos correrán la misma suerte. Sabemos también que la integración de los inmigrantes correrá en España un serio riesgo, como ha ocurrido en Europa, el día en el que el crecimiento económico se pare y aumente el paro, pero no somos capaces de coordinar políticas de consenso que sienten algunas bases razonables para el futuro.

Para muchos, la segunda prioridad es la educación y los grandes niveles de fracaso escolar que seguimos experimentando año tras año, sin que tampoco exista consenso en las soluciones. Y en el tercer puesto, la gran mayoría de los especialistas colocaría, precisamente, a la especulación urbanística, con su secuela de corrupción municipal y mafias. El 1% de toda la inversión extranjera que recibe España procede de paraísos fiscales, pero en el caso de Andalucía ronda el 10% y si se examinara únicamente la inversión en la costa mediterránea, probablemente superaría esa cifra.

No hay ningún estudio que permita mantener que hay una relación de causalidad entre el volumen de decomiso de droga en Costa del Sol, la desproporcionada creación de empresas y sociedades y, por último, su volumen de construcción de vivienda. Pero una cosa es que no se pueda decir que existe relación de causa-efecto y otra que seamos tan tontos como para creernos que es pura casualidad. solg@elpais.es