La alcaldesa y otros ediles, sospechosos de cobrar por el amaño de concursos y subastas
La investigación policial y judicial apunta que recibieron coches de lujo y dinero por sus favores
Los cuatro miembros del equipo municipal marbellí detenidos en la operación contra la corrupción en Marbella (la alcaldesa, su primera teniente de alcalde y dos concejales) participaron supuestamente en el amaño de concursos y subastas a cambio de coches de lujo o dinero. Por su parte, el asesor municipal y ex gerente de Urbanismo, Juan Roca, mantenido en dicha labor desde los mandatos de Jesús Gil y Gil y Julián Muñoz y detenido ahora, también se lucró por sus gestiones para facilitar determinados convenios urbanísticos. Una decena larga de sus testaferros han sido también detenidos en la operación.
La investigación sobre el presunto caso de corrupción empieza a revelar poco a poco el papel desempeñado por cada implicado en la trama. La empresa que recibió la concesión del servicio de grúas y que tiene los coches alquilados en leasing al Ayuntamiento para distintos servicios municipales pagó a la alcaldesa el favor mediante la entrega de coches: uno lo tenía a su nombre, otro que estaba a nombre de la empresa lo utilizaba ella o personas de su círculo íntimo, según fuentes de la investigación.
Una situación similar le ocurrió a otro concejal detenido, que también usa un coche de una empresa a la que supuestamente favoreció. Los cargos municipales detenidos intervenían en concursos y subastas públicas del Ayuntamiento de Marbella para favorecer a determinadas empresas que luego les pagaban por esos favores. El secretario general del Ayuntamiento, que debería haber puesto reparos a todas esas adjudicaciones, también se habría beneficiado de su silencio, según la investigación policial y judicial.
En las principales operaciones urbanísticas, todo pasaba por Roca, ex gerente de Urbanismo durante el mandato de Jesús Gil, que presuntamente pedía dinero en negro a cambio de otorgar edificabilidad a determinados terrenos, según la investigación judicial.
La Comisaría General de Policía Judicial lleva seis meses investigando esta red de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella que ha desencadenado 23 detenciones. Los bienes intervenidos en la operación (obras de artes, armas antiguas, coches de lujo, fincas, ganaderías de reses bravas, caballos...) se hallaban repartidos por Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Cádiz y Huelva y alcanzan un valor superior a los 2.400 millones de euros, según señaló ayer el ministro del Interior, José Antonio Alonso.
Lo que sigue es la relación de implicados con los delitos que se les imputan.
EDILES Cohecho, prevaricación...
María Soledad Yagüe Reyes, alcaldesa de Marbella por el Grupo Mixto, está detenida por asuntos relativos al cohecho, la prevaricación, el tráfico de influencias y la alteración de precios en concursos y subastas públicas.
Juan Antonio Roca, el todopoderoso asesor de Urbanismo de la alcaldesa. Está acusado de blanqueo de dinero, defraudación a la hacienda, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y alteración de precios en concursos y subastas públicas, y hechos vinculados a la protección de la fauna. Desde 1997, según distintas denuncias ante los juzgados, ha constituido un auténtico Ayuntamiento paralelo donde se dirimían todos los asuntos urbanísticos, supliendo la labor que debían realizar los funcionarios del servicio jurídico municipal.
Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde del Grupo mixto y ex concejal socialista (fue expulsada del PSOE hace dos años) que denunció la corrupción cuando hacía la oposición a Jesús Gil y Gil. Se le apuntan delitos como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
Victoriano Rodríguez Martínez, concejal del Grupo Mixto. Su rosario de imputaciones incluye delitos como el cohecho, la prevaricación, el tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
José Antonio Jaen Polonio. Al quinto teniente de alcalde se le atribuyen también los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
Leopoldo Barrantes Conde. El secretario general del Ayuntamiento de Marbella comparte culpas con el equipo de Gobierno al que ha servido: se le acusa de hechos vinculados a la prevaricación y al tráfico de influencias.
ABOGADOS Testaferros de Roca
Tras varios meses de investigación, la Comisaría General de Policía Judicial, recabó pruebas suficientes para imputar a una serie de abogados los delitos de colaboración con Roca en el blanqueo de capitales y de intervenir en distintas operaciones como testaferros del asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Los implicados en estas prácticas, en su mayoría abogados, según la investigación, son Montserrat Corulla Castro, Óscar Alberto Benavente Pérez, Manuel Benito Sánchez Zubizarreta, Francisco Soriano Zurita, Juan Luis Soriano Pastor, Francisco Antonio Soriano Pastor, Manuel Sánchez Martín, Miguel Pérez Camino, Ernesto Ramón Celdrán, José Luis Benavente Pérez, Juan Miguel Saavedra Yorno, Salvador Gardoqui Arias y María Ursula Quinzano. Además, la investigación imputa a José Luis Alonso Boyer, delitos de cohecho; y a Jaime Hachuel Fernández, acciones de blanqueo de dinero.
EMPRESARIOS Sobornos a los concejales
En otro orden de delitos, figuran otros detenidos como Ismael Pérez Peña. Este empresario está vinculado al supuesto pago de sobornos a los concejales, y de delitos contra los derechos a los trabajadores, contra los trabajadores extranjeros, homicidio imprudente, falsedad, falso testimonio y alteración de precios y concursos de subastas públicas. Presuntamente, se trata del empresario que pagaba a los concejales con automóviles en agradecimiento por recibir determinadas concesiones de servicios municipales.
