Medio año de negociaciones sobresaltos y polémicas

El camino del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña hasta su aprobación en el Congreso de los Diputados, ayer, ha sido largo y ha estado salpicado de polémica, desencuentros entre rivales políticos e incluso entre socios, largas horas de negociación, y más de un sobresalto. Durante los últimos meses le ha perseguido la sombra de la inconstitucionalidad, aunque el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió dejar el Estatuto "limpio [de inconstitucionalidades] como una patena" tras su paso por las Cortes. Seis meses separan su aprobación en el Parlamento autónomo y su paso, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP y ERC, por el Congreso de los Diputados.

CONSEJO CONSULTIVO Artículos inconstitucionales

El nuevo texto salió adelante en el Parlamento autónomo con una aplastante mayoría de 120 votos sobre 135 el 30 de septiembre de 2005. Pero antes, como borrador, hubo de someterse a la lupa del Consejo Consultivo catalán. Este órgano, cuyas decisiones no son vinculantes para la Generalitat, arrojó un jarro de agua fría al proyecto, al considerar inconstitucionales, a principios de septiembre, total o parcialmente 19 artículos del texto.

En su dictamen precisaba que, en función de cómo se interpretaran, otros 39 artículos podrían ser de dudosa constitucionalidad. Entre los apartados de mayor calado considerados inconstitucionales figuraban la disposición adicional primera, que reconocía y actualizaba los derechos históricos de Cataluña y los utilizaba como argumento para lograr nuevas competencias.

El dictamen del Consejo Consultivo catalán sirvió para que los grupos limaran los aspectos más controvertidos del proyecto antes de su aprobación en el Parlamento autónomo, y de su posterior remisión a la Cámara baja. Aunque las interpretaciones sobre las observaciones de este órgano fueron tan variadas como quienes se manifestaron sobre ellas.

Para entonces, el PP ya había anunciado que el proyecto desguazaba y hacía añicos España, y repetido hasta el agotamiento que suponía una reforma encubierta de la Constitución; una actitud que no ha abandonado en ningún momento durante todo el proceso de tramitación. Hasta el punto de recoger firmas para forzar la celebración de un referéndum en toda España sobre el proyecto catalán.

El Tribunal Constitucional rechazó un recurso de amparo de los populares contra la tramitación por la Mesa del Congreso de los Diputados del texto estatutario, que según el PP debió tramitarse como reforma constitucional.

LA FINANCIACIÓN Principales escollos

El futuro sistema de financiación de Cataluña se convirtió en centro de atención prioritaria y uno de los principales escollos para el acuerdo entre el Gobierno tripartito y CiU; y éstos y el Gobierno central. Han acompañado a este asunto otros dos que han constituido el núcleo duro de los desacuerdos: los aspectos relacionados con las competencias del Gobierno catalán y el uso del término nación en el articulado del Estatuto.

Pero ha sido fundamentalmente el sistema de financiación el que ha estado en el punto de mira del resto de la comunidades autónomas, ya que el acuerdo alcanzado sobre el Estatuto catalán sería tomado como referencia para sus futuras reclamaciones. El Gobierno se ha mostrado siempre contrario a establecer un sistema distinto para Cataluña al margen de lo contemplado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Los negociadores catalanes renunciaron a su aspiración de recaudar todos los impuestos que se pagan en esa comunidad. Pero lograron el compromiso del Estado de invertir en Cataluña una cantidad igual a la participación de esa comunidad en el Producto Interior Bruto español durante los próximos siete años. También se eliminó la pretensión de alcanzar una capacidad de financiación equiparable a las comunidades forales (el País Vasco y Navarra).

Mayores porcentajes de los grandes impuestos para las comunidades, cambios en la solidaridad interterritorial y mayores inversiones del Estado en Cataluña. Ésas fueron las grandes novedades en materia de financiación autonómica que incluye el proyecto catalán. El acuerdo alcanzado contempla que el Estado cede a Cataluña un porcentaje superior de IRPF (del 33% actual al 50%), IVA (del 35% al 50%) e impuestos especiales (del 40% al 58%) y redefine algunos aspectos de los mecanismos de solidaridad para impedir que el modelo altere el ránking de renta per cápita entre autonomías.

ACUERDO MAS-ZAPATERO El tripartito se resiente

La reunión entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, ha sido una de las grandes sorpresas de los seis meses que han transcurrido desde que el Parlamento catalán dio luz verde a la reforma estatutaria.

El proceso de tramitación tanto en Cataluña como en las Cortes no ha estado exento de tensiones entre el Gobierno central y el Ejecutivo encabezado por el socialista Pasqual Maragall. Pero han sido las relaciones con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) las que se han visto más afectadas tanto dentro como fuera del tripartito, hasta el punto de que se ha especulado sobre el futuro de esa formación en la Generalitat. Y eso ha llevado a los republicanos, encabezados por Josep Lluís Carod Rovira, a votar en contra del proyecto en el Congreso de los Diputados. El pacto alcanzado por Zapatero y Mas en aquella reunión secreta en La Moncloa el 21 de enero, en la que los dos líderes alcanzaron un acuerdo global sobre el Estatuto, le supo a ERC a imperdonable traición.

Entre tanto el PP catalán vivía también momentos de crisis cuando su líder, Josep Piqué, amagó con dimitir al ser desautorizado por unas declaraciones relacionadas con el Estatuto.

A pesar de las intensas horas cargadas de negociaciones, que a algunos, como Carod Rovira, le han pasado factura en forma de amago de infarto, hay aspectos que han quedado excluidos del nuevo Estatuto, como es el caso de la gestión del aeropuerto del Prat, que será abordada próximamente como ley orgánica.