El fiscal abre diligencias por presuntas coacciones en el caso de las cartas de ERC

El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito de coacciones para esclarecer el envío de cartas de ERC a trabajadores de la Generalitat en las que se les exigía el pago de cuotas al partido. En menos de 24 horas, Mena ha requerido por escrito en dos ocasiones al presidente de la formación, Josep Lluís Carod Rovira, para que le remitiera la relación de los destinatarios de las cartas y el cargo que ocupaban cuando las recibieron. ERC argumentó ayer que la secretaria relevada de su puesto -tras negarse a pagar- tiene vinculaciones con CiU.

Cuando el fiscal jefe llegó en la mañana de ayer a su despacho, encontró la fotocopia de las cartas remitidas a los funcionarios de la Generalitat por el secretario de Organización y Finanzas de ERC, Xavier Vendrell, así como una relación de unas 1.500 personas.

Sin embargo, el contenido no era exactamente el que había solicitado el fiscal Mena, pues se trataba de una relación de cargos públicos o de confianza que tiene el partido en toda Cataluña: desde el concejal o el alcalde de cualquier municipio en el que gobierna ERC, hasta el jefe de prensa de un departamento de la Generalitat. En esa relación se incluía la fecha de recepción de la carta y se diferenciaba tres tipos de personas: amigos, militantes y otros en los que esa casilla aparece en blanco.

Por ese motivo, Mena volvió a oficiar en la tarde de ayer por escrito a Carod-Rovira, reiterándole que sólo deseaba conocer la relación de los trabajadores de la Generalitat que recibieron las cartas de Vendrell. En esa carta, el fiscal jefe también expresaba sus dudas de si en la primera respuesta se incluían esas personas, puesto que, de ser así, quedaban diluidas en la larga relación de 1.500 personas, la mayoría de los cuales eran cargos electos del partido.

Tras la intervención de la Fiscalía y haber trascendido que el departamento de Educación, dependiente de ERC, relevó a la secretaria de la consejera, Marta Cid, tras negarse a pagar al partido, Xavier Vendrell volvió a denunciar lo que él ve como "una campaña de asedio y de caza de brujas" contra Esquerra.

Vendrell aseguró que la secretaria relevada de su puesto lo fue porque "perdió la confianza de la consejera" y desvinculó este hecho de la negativa de la primera a pagar la Carta Financiera. El hecho de que el relevo de esta secretaria no se produjera hasta siete meses después de la llegada de Esquerra al departamento fue justificado por Vendrell con esta explicación: "Hay matrimonios que tardan 20 años en conocerse y después se divorcian".

Vendrell no detalló los motivos que hicieron perder la confianza de la consejera en su secretaria pero mencionó la supuesta vinculación familiar de esta empleada con militantes de Convergència i Unió. Y, según Vendrell, sería esta proximidad familiar al primer partido de la oposición lo que ha llevado a esta ex secretaria a denunciar ahora el caso.

También añadió que "la secretaria de la consejera, que abre y responde algunas de sus cartas, debe ser de la máxima confianza", argumentó. La empleada relevada, Maria Teresa Ciuró, aseguró mediante una carta no ser militante ni simpatizante de ningún partido político, lo que la llevó a negarse a pagar ninguna cuota.

La nueva secretaria sí paga

En su lugar se contrató a otra persona que, según explicó ayer el secretario de Organización republicano, "sí hace la aportación de la Carta Financiera".

Por otra parte, el departamento de Gobernación y Administraciones Públicas ha convocado el próximo lunes la Mesa General de la Fundación Pública para tratar este caso. El departamento dirigido por Joan Carretero, de ERC, aseguró ayer en un comunicado que "no existe constancia en los registros del departamento de ninguna queja, acreditación documental ni denuncia de ningún tipo" sobre las misivas de Esquerra.

La convocatoria de la Mesa de la Función Pública responde a una demanda común de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. El secretario general de CC OO de Cataluña, Joan Coscubiela, exigió ayer que ningún empleado público sufra consecuencia laboral alguna por su comportamiento "en la esfera privada, incluida la política".