Txabarri pide una ley de Aportaciones que refleje el aumento del gasto foral

El diputado general de Guipúzcoa, Joxe Joan González de Txabarri, abogó ayer por que la reforma de la ley de Aportaciones tenga en cuenta el aumento del gasto que las diputaciones soportan, sobre todo en políticas sociales, y corrija los "desequilibrios" existentes en las tres provincias en la recaudación de los tributos concertados. La Diputación ultima un análisis económico para fijar su posición en el Consejo Vasco de Finanzas.

De cara a las negociaciones que se abrirán entre el Gobierno y las diputaciones, el mandatario guipuzcoano defendió en una comparecencia en las Juntas Generales adaptar la futura ley de Aportaciones, que debe renovarse este año, a las circunstancias actuales, "lejos de actitudes radicalmente revisionistas e injustificablemente inmovilistas". La reforma, que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2007, tiene que reflejar, sostuvo Txabarri, el aumento de las cargas financieras que soportan las instituciones forales y los desajustes que se han producido desde que la Comisión Europea dictaminó que la recaudación de los impuestos concertados (hidrocarburos, tabaco y alcohol, básicamente) es comopetencia de las haciendas forales.

La Diputación guipuzcoana está ultimando un estudio que recogerá los criterios generales que defenderá en las negociaciones en el Consejo Vasco de Finanzas. El objetivo es que el Parlamento apruebe la nueva ley, de artículo único, en su primera sesión en septiembre.

Txabarri afirmó que, transcurridas más de dos décadas desde la aprobación de la primera ley de Aportaciones, en 1985, la experiencia ha demostrado que el modelo vigente de distribución de recursos entre las instituciones es "razonable", pues ha hecho posible "un desarrollo integral" del País Vasco y "una eficiente gestión recaudatoria". Destacó el carácter "abierto y flexible" de la norma, y citó como ejemplo el incremento de la cuota que las diputaciones pagan al Gobierno -en 1997 pasó del 66,25% al 70,44%- y la creación del Fondo de Solidaridad.

Después incidió en la necesidad de adecuar la ley a los nuevos tiempos, de modo que las diputaciones dispongan de más recursos para afrontar el aumento de los servicios que prestan como consecuencia de la asunción de más competencias, principalmente en materia social.

"Nuevas demandas"

En línea con lo manifestado por sus homólogos de Álava y Vizcaya, Ramón Rabanera y José Luis Bilbao, respectivamente, Txabarri sostuvo que la sociedad genera "nuevas necesidades y demandas" que precisan de "nuevas respuestas por parte de las administraciones públicas", lo que se traduce en un aumento del gasto. Puso como ejemplo que la Diputación guipuzcoana habrá triplicado en 2010 su presupuesto para la atención a personas mayores.

"Ha de avanzarse", afirmó Txabarri, "en la clarificación y delimitación de las responsabilidades que corresponde a cada administración y la financiación que de ellas se deriven, especialmente en ámbito fronterizos, como el sociosanitario". Tras admitir que el Gobierno también aguanta "incrementos de gasto derivados de nuevas políticas y prestaciones en materia social", como la educación, la sanidad o la vivienda, Txabarri propuso "reequilibrar y actualizar" la distribución de los recursos y la aportación de las diputaciones al Gobierno (el coeficiente vertical).

Con relación el porcentaje que cada diputación ha de aportar (el coeficiente horizontal) para que el Gobierno reciba el 70,44%, advirtio de la existencia de "desequilibrios" entre las tres provincias por la aplicación de la directiva comunitaria sobre recaudación de tributos concertados. El diputado general propuso que, además de este "efecto distorsionador" en el equilibrio recaudatorio, se estudie la incidencia de los grandes proyectos energéticos previstos, la tributación de los no residentes, el endeudamiento de las cuatro instituciones concernidas, el reparto de inversiones del Gobierno en los tres territorios y la tributación de las sociedades públicas.