Barcelona necesitará 58 juzgados de proximidad para pleitos menores

Cuando se desarrolle la justicia de proximidad con jueces que atenderán los juicios de faltas, las reclamaciones civiles de menor cuantía -en principio hasta 3.000 euros- y las demandas de contencioso con un techo marcado inicialmente en los 1.000 euros, a Barcelona le harán falta 58 juzgados de proximidad. Ése es el número calculado en un estudio preliminar realizado por el Consejo General del Poder Judicial a la hora de calibrar el impacto de la creación de un nuevo órgano judicial. Según esa aproximación, en toda España se podrían crear unos 750 juzgados de proximidad en las capitales de provincia y ciudades de más de 175.000 habitantes. Madrid requeriría 114 juzgados; Valencia, 44, y Sevilla, 32. Siempre teniendo en cuenta que es un cálculo preliminar.

El proyecto de ley se encuentra en periodo de presentación de enmiendas, prorrogado seis veces

Barcelona quiere que el Ayuntamiento sea tenido en cuenta antes de decidir la ubicación de las oficinas

El cálculo inicial del Consejo General del Poder Judicial señala un total de 750.000 asuntos anuales en España

El Ayuntamiento de Barcelona comparte inicialmente el cálculo de 58 juzgados de proximidad, número que se ha fijado teniendo en cuenta el volumen de asuntos que pasarían a ser competencia de los nuevos juzgados y la carga de trabajo de cada juez, situada en 1.100 asuntos al año. La mayoría de ellos, el 66%, corresponden a juicios de faltas, a excepción de los casos de violencia contra la mujer. El 30% son procesos civiles, por ejemplo desahucios.

Pero todas esas concreciones se verán más adelante, cuando el Congreso empiece la tramitación en comisión -y después en pleno- de la modificación de la Ley del Poder Judicial en materia de justicia de proximidad y consejos de justicia. El proyecto de ley se encuentra en periodo de presentación de enmiendas. De hecho, se ha prorrogado en seis ocasiones. Fuentes jurídicas apuntan que todo indica que en abril los grupos parlamentarios presentarán las enmiendas.

El que ha elaborado una serie de criterios para la presentación de enmiendas es el Ayuntamiento de Barcelona. Unos criterios que han sido discutidos por todos los grupos municipales, que en algunos casos han expresado sus reservas, como el Partido Popular.

Aire municipal

El Ayuntamiento de Barcelona intenta, por la vía de las enmiendas, municipalizar en la medida de lo posible los nuevos juzgados de proximidad. Es un intento prácticamente a la desesperada porque el articulado del proyecto de ley poco tiene que ver con el diseño que hizo el consistorio en la Carta Municipal en cuanto a justicia de proximidad. Barcelona proponía crear unos juzgados con titulares que no fueran jueces de carrera, sólo juristas que estarían un periodo determinado de años -en principio seis-y que serían elegidos por el futuro Consejo de Justicia -el nuevo órgano que supone la territorialización del Consejo General del Poder Judicial en algunas autonomías, como la catalana- a propuesta de una terna aprobada por dos tercios del pleno del Ayuntamiento. Esa propuesta decayó totalmente tras un demoledor informe del Consejo General del Poder Judicial. Y el proyecto de ley que se discutirá en el Congreso establece, de hecho, que los jueces de proximidad serán una categoría de entrada a la carrera judicial, aunque de forma distinta al resto. No harán oposiciones, pero sí tendrán que superar un concurso de méritos. Deberán ser juristas con más de seis años de ejercicio profesional. Y entre los méritos que se tendrán en cuenta - además del conocimiento de la lengua- figura el conocimiento de los asuntos que les pueden ser atribuidos. También se incluye una prueba práctica. El proyecto de ley establece que la permanencia mínima será de nueve años, tras los cuales podrán optar a ascender de categoría.

En el punto de los años de experiencia previa, el Ayuntamiento plantea que a los candidatos se les exija un mínimo de ocho años de experiencia jurídica, en lugar de seis, para propiciar que sean personas con más bagaje jurídico. Y apunta que se considere mérito preferente haberse dedicado a la abogacía o haber sido fiscales sustitutos, además del conocimiento de la lengua. El consistorio también propone elevar a 6.000 euros la cuantía máxima de los pleitos contenciosos.

Cercana a la realidad

Una de las enmiendas que propone el Ayuntamiento defiende que el Consejo General del Poder Judicial antes de concretar el número de plazas de jueces de proximidad tenga en cuenta mediante informe previo o consulta el criterio de los municipios y el de la comunidad autónoma. "Nos parece lógico, ya que si se trata de asuntos de proximidad, son las ciudades las que conocen mejor la realidad del territorio", apuntan fuentes del servicio jurídico del consistorio barcelonés.

Lo que no está claro ni esbozado es la distribución y ubicación de las oficinas judiciales, un asunto que tendrá que ser resuelto por la comisión ya creada entre el Ayuntamiento y el Departamento de Justicia de la Generalitat. El consistorio quiere que se sitúen en edificios de titularidad municipal, ya que los recursos personales y materiales competen a Justicia. Pero no se sabe si habrá una oficina judicial común para los juzgados de proximidad y si las salas de vistas estarán descentralizadas por los 10 distritos de la ciudad. "En lo civil y lo contencioso la ubicación no importa, pero en las faltas sí puede ser importante que los juzgados estén en la misma área donde se ha producido el problema que hay que resolver", opina un técnico municipal.