Las normas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua serán de obligado cumplimiento

El nuevo Estatut d'Autonomia reconoce la unidad lingüística pues, al incorporar como un organismo más de la Generalitat a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), hace suyo el dictamen que esta emitió en su día, según el cual valenciano y catalán son una única lengua con dos denominaciones. Además de referirse a la AVL como "institución normativa" de la lengua propia, el nuevo Estatut establece que las normas dictadas por esa institución serán "de aplicación obligatoria en todas las Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana". Así, con la entrada en vigor del nuevo Estatut, quedarán fuera de la ley las instituciones públicas que, como la Diputación de Valencia, siguen utilizando la normativa blavera.

El Estatut deja fuera de la ley a las instituciones públicas que no utilicen las normas de la AVL

La incorporación al Estatut de la denominación "idioma valenciano" ha suscitado reticencias en diversos sectores, que consideran que puede generar "inseguridad jurídica", ser una fuente de conflictos y, en definitiva, dejar abierta la batalla de la lengua y beneficiar así a los grupos secesionistas. Estos defienden -en contra de lo que consideran filólogos, universidades y academias lingüísticas y de lo que han dictado diversos tribunales- que el valenciano nada tiene que ver con el catalán.

Sin embargo, el nuevo Estatut en realidad es un paso importante hacia la normalización y el reconocimiento de la unidad de la lengua, porque incorpora a la AVL como institución de la Generalitat, establece con claridad que es la institución encargada de dictar la "normativa del idioma valenciano" y señala que esas normas serán "de aplicación obligatoria en todas las Administraciones públicas de la Comunitat Valenciana". La propia ley de creación de la AVL ratifica la unidad lingüística al señalar que "el valenciano, idioma histórico y propio de la Comunidad Valenciana, forma parte del sistema lingüístico que los correspondientes estatutos de autonomía de los territorios hispánicos de la antigua Corona de Aragón reconocen como lengua propia".

Además, con el nuevo Estatut la AVL queda blindada y a salvo de acciones como la que intentó el Consell el 22 de diciembre de 2004. Ese día, el consejero de Cultura, Alejandro Font de Mora, irrumpió en el pleno de la AVL para evitar que los académicos aprobaran un dictamen que defendía el uso de la denominación de valenciano como estatutaria, tradicional, legal y extendida, y proponía el uso de la fórmula "valenciano / catalán" con "igual rango y dignidad" para los dos nombres en aquellas circunstancias externas que requieran identificar el conjunto del sistema lingüístico. El Consell, que ya había aceptado a regañadientes el dictamen del Consell Valencià de Cultura que dio lugar a la ley de creación de la AVL y que empleaba una perífrasis para no decir catalán, amenazó con modificar unilateralmente la ley de creación de la AVL para impedir que los académicos se pronunciaran sobre la naturaleza de la lengua.

Pues bien, eso ya no será posible, porque el nuevo texto estatutario establece que "el desarrollo legislativo" de las instituciones de la Generalitat, entre las que figura la AVL, además de la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i Social, "requerirá para su aprobación una mayoría de tres quintas partes de la Cámara". En todo caso, con el nuevo Estatut no se podrán repetir situaciones como la de la legislatura de 1995 a 1999, en la que el PP gobernó en coalición con UV: las consejerías dirigidas por los populares utilizaban las Normes de Castelló y las que controlaban los regionalistas, la grafía secesionista. O como la que se da ahora, en que la Diputación de Valencia, que preside el ex regionalista Fernando Giner, usa la normativa blavera. El nuevo Estatut lo impide y cualquier entidad pública que no use las normas de la AVL incurrirá en ilegalidad. Además, la Generalitat tampoco podrá conceder subvenciones para la promoción del valenciano a entidades secesionistas.