El sector privado se vuelca ahora en la construcción de pisos de protección oficial

El viento sopla a favor de la vivienda de protección oficial (VPO), la destinada a los jóvenes y a las capas menos favorecidas de la sociedad. Los cambios en la legislación estatal y autonómica de la vivienda protegida han transformado de arriba abajo un sector que hace unos años era muy marginal en una oportunidad de negocio para el sector privado. Junto con la tradicional aportación del Gobierno autonómico, los ayuntamientos, los sindicatos y las cooperativas y fundaciones, nuevos operadores como las cajas de ahorros y las mutuas de seguros han entrado ahora con fuerza en la construcción de VPO, y también las constructoras y promotoras privadas.

¿Por qué ahora? Las ayudas públicas y las reservas de suelo a precios asequibles -tanto las municipales como las gestionadas por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda- compensan la baja rentabilidad, con precios muy por debajo de los de la vivienda libre.

En los dos últimos años, los promotores privados han iniciado 4.146 viviendas, un tercio de las 13.322 VPO iniciadas en Cataluña. Pero Medio Ambiente y Vivienda calcula que cajas, mutuas y constructoras tienen al menos 2.000 pisos más en cartera, a la espera de que el Ministerio de Vivienda modifique al alza los precios por metro cuadrado de las localidades catalanas que así lo han solicitado. La fecha límite vence el 31 de marzo.

Reorientar la obra social

La Caixa tiene ya 1.100 viviendas de protección oficial en construcción o ya entregadas en Cataluña, Madrid, el País Vasco, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Y suelo disponible para 1.000 viviendas más, dentro de un cambio de estrategia destinado a dar mayor flexibilidad a la obra social y reorientarla hacia actividades más sociales y asistenciales. Jaume Cabré, responsable de vivienda asequible de la obra social de la entidad de ahorros, describe a grandes rasgos la política de la caja: "Pisos de unos 50 metros cuadrados en régimen de alquiler, básicamente para jóvenes y a un precio que en las zonas más caras esté por debajo de los 240 euros, incluso en Barcelona y Madrid".

Cabré destaca el cambio que han supuesto las legislaciones estatal y autonómica, pero afirma que la desventaja es "la gran diversidad de regulaciones que existe entre comunidades autónomas". Junto con La Caixa, Caixa Catalunya, Caixa Girona y Caixa Sabadell están siendo las más activas en VPO.

Además de las entidades de ahorros, las mutuas de seguros han visto en la promoción de vivienda protegida la posibilidad de compaginar sus objetivos sociales -se trata de entidades sin ánimo de lucro, al igual que las cajas- con la posibilidad de sacar adelante proyectos viables económicamente.

Xavier Plana, responsable de vivienda social de Agrupació Mútua, destaca que esta entidad tiene ya en marcha proyectos en Andalucía, Murcia y Cataluña, pese a las "dificultades que persisten para encontrar suelo". "Las políticas de suelo que han puesto en marcha las administraciones y el propio mercado normalizarán la situación en un plazo de dos años, pero ahora mismo el suelo es el auténtico cuello de botella que impide construir más VPO", precisa.

Pero no sólo las entidades sin ánimo de lucro han puesto sus ojos en este negocio. La constructora catalana Visoren -participada a partes iguales en el 21% por Proinosa, Construcciones Pai, Tau-Icesa y Construccions Riera y en el 16% por socios ejecutivos- se ha especializado en VPO en régimen de alquiler "para jóvenes, personas mayores y, en general, las capas más desfavorecidas", explica Ramón Ruiz, primer ejecutivo del grupo.

Ruiz reclama una mayor participación del sector privado en el negocio de la vivienda protegida. "La Administración debería aplicar una política menos proteccionista, más liberal, como están haciendo otras comunidades autónomas. En Cataluña", asegura, "la Generalitat está primando a cajas y mutuas en la cesión de suelo, y éste es un negocio claramente industrial, no financiero". "Si hay negocio debería dejarse al mercado", reclama, "para después advertir de que en las VPO de régimen especial [las más baratas, en las que la rentabilidad puede llegar a ser negativa a pesar de las ayudas] apenas han entrado este tipo de entidades sin ánimo de lucro".

A pesar de las críticas del sector a la Administración, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, el ecosocialista Salvador Milà, considera "lógico" dar prioridad a las entidades que en los últimos 10 años han sido fieles a la construcción de vivienda social -cooperativas, sindicatos y fundaciones- y dar una parte del nuevo suelo a la obra social de las cajas y a las mutuas "con la confianza de que han llegado para quedarse, y con la seguridad de que los promotores privados se harán cada vez más fuertes a medio plazo, con las reservas de VPO previstas por la ley".