Las instituciones pagarán a las personas que cuidan de sus familiares dependientes

El Gobierno vasco incluirá en su segundo Plan de Familia, que abarcará el periodo 2006-2010, un salario para las personas que cuidan de sus familiares enfermos o dependientes. La cuantía está aún por determinar. El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, del que depende la elaboración del plan, fijará la cantidad en sintonía con las diputaciones, las encargadas de desarrollar buena parte del sistema de protección para las familias diseñado en este documento. Todos los partidos, menos EHAK, apoyaron ayer esta iniciativa en el Parlamento.

La propuesta inicial partió del PP, que en una proposición no de ley solicitaba al Gobierno una serie de medidas para garantizar una prestación de un mínimo de 6.000 euros anuales para las mujeres que tengan a su cargo familiares ancianos, enfermos o discapacitados. Al final, los partidos negociaron otra propuesta más genérica en la que instan al Gobierno a elaborar, en el primer semestre de este año, el segundo Plan de Apoyo a las Familias y a incluir en el mismo las prestaciones para los cuidadores. La parlamentaria popular Juana Iturmendi, quien defendió la proposición original, cifró en 30.000 las personas cuidadoras que actualmente hay en Euskadi. Y subrayó que son mayoritariamente mujeres quienes se encargan de esta labor social, que se presta fuera de la red asistencial y, por lo tanto, la hacen casi siempre solitariamente y sin ayudas.

Se calcula que el 80% de los cuidados de salud a familiares de la tercera edad o parientes enfermos corre a cargo de mujeres y se desarrolla dentro del propio hogar. Los servicios sociales sólo atienden al 9,4%, según un informe del Imserso. En muchas ocasiones, las mujeres, tienen que ejercer su profesión y, después, desplegar una intensa actividad para cuidar de sus padres o allegados, que en muchos casos están enfermos o muy debilitados por la edad. La sobrecarga y presión soportadas por las familias cuidadoras, indican los estudios realizados, son muy intensas.

La iniciativa del Parlamento su suma a la que ya contempla el anteproyecto de ley de Dependencia que está elaborando el Gobierno central para asegurar la asistencia a las personas impedidas e irrumpe en el debate de la futura ley de Servicio Sociales, sobre la que también trabaja el Ejecutivo vasco. En el anteproyecto de ley de Dependencia figura el pago de un sueldo y de la Seguridad Social a los cuidadores familiares. Dado que se apuesta por mantener a las personas en su entorno habitual cuando sea posible, se prevé que el pariente cuidador perciba una compensación económica y una formación adecuada para su tarea. También está previsto regular la incorporación de los cuidadores al régimen de la Seguridad Social que se determine en su momento.

El anteproyecto de ley de Dependencia ha generado reacciones de rechazo entre las instituciones vascas porque, a su juicio, invade sus competencias. El Gobierno vasco, las tres diputaciones y los ayuntamientos han formado un frente común.

Las principales críticas al Gobierno central es por su "ambigüedad" cuando habla de la financiación de la futura ley, del catálogo de derechos y de cómo garantizarlos. Por el contrario, lo consideran "prolijo" y creen que "invade competencias" al establecer la organización y los procedimientos para materializar las prestaciones. En el debate de ayer, los partidos no se enzarzaron en el debate competencial y dejaron de lado sus diferencias en esta cuestión para centrarse en la búsqueda de un texto común.

La peneuvista Eider Mendoza recalcó que la atención a las personas dependientes es una responsabilidad pública que "las mujeres han asumido como una carga, interrumpiendo muchas veces su proyecto vital e hipotecando sus vidas. Cuidar de los familiares enfermos es una responsabilidad de toda la sociedad". Los partidos coincidieron en que la prestación económica es un paso, pero que aún hay que avanzar "mucho".