España justifica el cambio en la CNE en la necesidad de garantizar el suministro

El Gobierno recuerda a Bruselas que las principales empresas energéticas europeas son públicas

El Gobierno contestó ayer, con una semana de retraso, al requerimiento de Bruselas para explicar la ampliación de competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en plena guerra de ofertas por la eléctrica Endesa. El Gobierno justificó el refuerzo de la CNE con dos razones: la necesidad de garantizar el suministro energético y la cobertura de vacíos legales en la legislación interna. En la carta, enviada al día siguiente de que el Congreso convalidara las reformas, el Gobierno recuerda que las grandes compañías energéticas de Francia, Italia y Portugal siguen siendo públicas.

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En 12 folios, el Gobierno español trata de contrarrestar la idea de que la ampliación de funciones de la CNE (de forma que ahora podrá examinar operaciones que antes se salían de sus competencias) es un intento de evitar que el grupo alemán E.ON se haga con el control de la primera eléctrica del país, Endesa, previo pago de 29.100 millones de euros.

El argumento central de la carta es que el Estado español, uno de los que "ha cumplido más diligentemente sus obligaciones de liberalización" está obligado "a establecer medidas que garanticen que las tomas de participaciones en las empresas energéticas no puedan suponer un peligro para la propia estabilidad financiera de la empresa, de forma que la garantía del suministro, o el mantenimiento de los activos estratégicos puedan verse afectados".

Esa obligación, recuerda España, se da en un contexto "en el que el proceso de liberalización no ha sido homogéneo" en Europa. De tal forma que, frente al hecho de que en España el Estado sólo mantiene una mínima participación del 2,9% en Endesa, en países como Italia, Portugal y Francia, las grandes empresas del sector son todavía públicas.

Control

En Italia, especifica el Ejecutivo español, el Estado controla directa e indirectamente más del 31% de la compañía Enel y más del 30% del grupo Eni; en Francia, la participación pública en EDF es del 87,3% y del 80,2% en Gaz de France mientras que Portugal controla un 20,5% de EDP.

Esta circunstancia, destaca la misiva del Ejecutivo español "hacen innecesario plantearse los límites de la libertad de circulación de capitales", la piedra angular de la crítica comunitaria a las medidas aprobadas por España. Y ello porque, esa libertad, desde el punto de vista español, y a la vista de cómo se encuentra el mercado energético europeo "depende de una decisión dominical del Estado titular de las acciones".

España justifica también la ampliación de funciones de la CNE, que permitirá al órgano regulador analizar la oferta de E.ON, en la necesidad de cubrir un vacío legal. Hasta la probación del Real Decreto de ampliación, la CNE sólo podía autorizar o desautorizar operaciones planteadas por empresas con actividades reguladas en el mercado español (transporte y distribución de energía). Como señaló gráficamente el titular de Industria, José Montilla el día 24 de febrero podía intervenir "si una eléctrica compra El Corte Inglés, pero no si El Corte Inglés compraba una eléctrica". Esa asimetría, según el Gobierno, es lo que se trata de corregir, con una reforma legal que "no introduce un nuevo sistema de autorización", sino que "se limita a ampliar su ámbito subjetivo".

Para no dejar ningún cabo suelto, el Ejecutivo expone a las autoridades de Bruselas que la CNE forma parte de un sistema que funciona bien. Y como prueba da datos: el organismo ha intervenido hasta la fecha, en aplicación de la Función 14 que ahora se amplía, en 220 expedientes. Según el Gobierno, apenas ha habido recursos contra sus decisiones y en los casos recurridos, los tribunales han fallado a favor del organismo.

Precedentes

En un intento de cerrar todos los flancos ante el anunciado ataque de Bruselas a las reformas, España advierte también de que no ha hecho nada inusual en lo referido a la protección del interés público en el sector energético. Así, detalla a la Comisión que Bélgica, en varios decretos del año 1994, otorgó al Gobierno el poder de vetar cesiones, pignoraciones o cambios de destino de infraestructuras energéticas cuando se considerara que afectaban a los intereses nacionales. Los decretos, recuerda España, fueron considerados adecuados por el Tribunal de Luxemburgo en una sentencia dictada el 4 de junio del año 2002.

Sobre las diferencias con Bruselas, el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, aseguró ayer que la ampliación de funciones de la CNE no puede ser criticada por Bruselas porque responde "en parte" a una trasposición de la directiva europea. Borrell, en declaraciones a Onda Cero, añadió que "el retraso con que se suelen hacer estas cosas ha hecho coincidir y dar la sensación de que algunas de estas medidas se tomaban con la finalidad expresa de impedir algo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 24 de marzo de 2006.

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