Veinte años de pactos contra ETA con escasos resultados

El 17 de mayo de 2005, el Congreso aprobaba una moción socialista en la que se respaldaba la posibilidad de abrir un diálogo con ETA siempre que la banda terrorista dejara las armas. Era la séptima ocasión desde el inicio de la democracia en que los partidos llegaban a un acuerdo para intentar alcanzar el fin de la violencia. Han sido más de 20 años en los que los resultados son más bien escasos. ETA declaró cuatro treguas (la más larga, de un año y cuatro meses) y siguió matando hasta 2003, ajena a las peticiones de los partidos y las sociedades española y vasca.

- Documento del Parlamento vasco contra el terrorismo. El pleno del Parlamento vasco aprobó el 14 de marzo de 1985, por unanimidad, una declaración contra la violencia en la que emplazaba a la banda terrorista a abandonar las armas y aceptar el sistema democrático. El texto denunciaba la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del pueblo vasco y mostraba claramente su negativa a una negociación con los terroristas.

- Acuerdo contra la violencia de 1987. Firmado el 5 de noviembre en el Congreso por todos los partidos, a excepción de Eusko Alkartasuna. El documento reclamaba a ETA el abandono definitivo de las armas y volvía a denunciar la falta de legitimidad de la banda terrorista para arrogarse la representación de la sociedad vasca. Terminaba subrayando: "El acuerdo a alcanzar en la comunidad autónoma vasca por los partidos políticos es el elemento fundamental para el logro de la paz en Euskadi y en el conjunto del Estado".

- Pacto de Ajuria Enea. Tras 50 horas de negociación, las fuerzas políticas vascas, con la excepción de Herri Batasuna, cerraron el 12 de enero de 1988 un pacto por la pacificación y la normalización de Euskadi. PNV, PSE, Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerra, AP y CDS firmaron un documento que el entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, calificó de "muy bueno". El texto consideraba válidas las vías de reinserción para quienes decidieran abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos y apoyaba un proceso de diálogo si los terroristas daban muestras de una clara voluntad de poner fin a la violencia. 15 días más tarde, ETA declaraba una tregua que duró un mes.

- Pacto de Navarra. Todos los partidos navarros con representación parlamentaria, excepto EA y HB, firmaron en Pamplona, el 7 de octubre de 1988, un acuerdo por la paz y contra la violencia terrorista de ETA, que pretendía, según lo aprobado, "crear un clima de movilización permanente en la sociedad navarra en defensa de la paz y facilitar la estrategia para aislar a los terroristas". El pacto, firmado siendo presidente del Ejecutivo autónomo el socialista Gabriel Urralburu, ponía el acento en la acción policial, la colaboración internacional entre los Gobiernos y los distintos poderes judiciales para acabar con la violencia, pero también apoyaba, en una solución dialogada para la conclusión definitiva de la violencia, "la aplicación de medidas de reinserción para quienes abandonen el uso de la misma".

- Debate sobre el Estado de la nación de 1998. El 14 de mayo de ese año, el Congreso aprobó dos mociones. La primera de ellas contó con los votos del PP y del PNV, que mantenían una alianza en ese momento, e instaba al Gobierno (entonces en manos de los populares) a perseverar en el diálogo de las fuerzas democráticas y ratificar el pleno respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La propuesta socialista era mucho más dura que la presentada por el PP, tanto que el PNV optó por no suscribirla (aunque por un error acabó absteniéndose). El texto presentado por el PSOE, que sí fue votado a favor por el PP, subrayaba "con toda firmeza, que el terrorismo nunca podrá acceder al Estado de derecho ni lograr jamás ventaja política alguna. La democracia no se negocia", afirmaban los socialistas. E iban más allá: "El unánime deseo de paz (...) de ninguna manera puede ser utilizado para lanzar ofertas que, bajo la pretendida generosidad, implican la impunidad para los que brutalmente desmienten cada día cualquier voluntad de abandonar la violencia". CiU apoyó la propuesta del PP y se abstuvo en la de los socialistas, mientras que Izquierda Unida y EA no votaron ninguna de las dos propuestas como protesta por la falta de acuerdo de los dos grupos mayoritarios. Cuatro meses más tarde, el 16 de septiembre, ETA anunciaba una tregua, que duraría un año y cuatro meses.

- Moción de noviembre de 1998. Casi tres meses después del comienzo de la tregua de ETA, el pleno del Congreso acordó por unanimidad de todos los grupos instar al Gobierno a poner en marcha medidas para una política penitenciaria "consensuada, dinámica y flexible". Mariano Rajoy, ministro de Administraciones Públicas, aclaraba que la estrategia penitenciaria formaba parte de lo que el Gobierno tenía que hablar con ETA, y no de temas políticos. Con anterioridad, el 2 de octubre de ese año, Aznar había hecho una declaración solemne como presidente del Gobierno en la que aseguraba que el Ejecutivo estaba dispuesto a poner en marcha un proceso de paz con la banda terrorista si ésta acreditaba, de forma inequívoca, que su abandono de la violencia tenía carácter definitivo.

- Acuerdo por las libertades. El 8 de diciembre de 2000, el Gobierno del PP y el PSOE cerraron un pacto de Estado por las libertades y contra el terrorismo. El documento perseguía reforzar la unidad de los dos partidos para concertar la estrategia antiterrorista y les comprometía a no suscribir pactos con los nacionalistas del PNV y EA hasta que estos renunciaran a la vía soberanista abierta en los pactos de Lizarra. El texto manifestaba la voluntad de eliminar del ámbito de la confrontación política o electoral entre los dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo. Subrayaba que la política penitenciaria formaba parte de la estrategia de persecución contra ETA, aunque contemplaba la posibilidad de reinserción para los que abandonaran la organización terrorista y mostraran actitudes inequívocas de arrepentimiento.

- Moción socialista de mayo de 2005. La propuesta socialista sobre la posibilidad de abrir un proceso de diálogo con ETA si la banda abandonaba la violencia fue respaldada por todos los grupos, excepto el PP. Su presidente, Mariano Rajoy, declaró ese día: "Un Parlamento democrático que representa a la soberanía ha dado a ETA el título de interlocutor político".