Técnicos de la Zona Franca achacan al ex delegado del PP el contrato denunciado

Directivos y técnicos de la Zona Franca de Cádiz declararon ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz que fue el entonces delegado especial del Estado en este organismo, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, quien tomó la decisión de adjudicar el polémico contrato millonario a Miami Free Zone para crear una red informática que nunca existió. Este alto cargo del PP es el principal imputado en esta querella de la Abogacía General del Estado por las supuestas irregularidades de la Zona Franca como presunto autor de varios delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y exacciones ilegales.

El entonces director de Rilco -la sociedad de la Zona Franca que desvió el dinero a Miami-, Rafael Ortiz, afirmó que sus funciones eran "limitadas", mientras que el director informático del organismo fiscal gaditano, José David Sánchez, manifestó que asesoró a Rodríguez de Castro en cuestiones informáticas pero que el ex delegado "tenía su propio criterio".

Esta acción penal incluye los empresarios colombianos Germán y Camila Leiva, a los que el abogado del Estado José Ignacio Monedero acusa de crear la empresa ficticia Miami Free Zone -con sede en EE UU- a la que Rodríguez de Castro adjudicó un contrato para "apropiarse indebidamente" de 4,2 millones de euros. Los primeros pagos los firmó el ex delegado el mismo día y después de cesar en el cargo. La declaración en este juicio del matrimonio Leiva desveló hace dos meses que estos empresarios se habían asociado con Rodríguez de Castro antes de recibir el contrato millonario. Posteriormente, los tres participaron conjuntamente en otras empresas.