La Policía Municipal de Bilbao se reconocía en 2003 "incapaz" de atajar las pensiones ilegales

Un informe municipal de hace tres años concluía que la guardia urbano de Bilbao se reconocía "incapaz" para acabar con el problema de las pensiones irregulares. El estudio, desvelado ayer por el PP, supone que el Ayuntamiento "lleva tres años de retraso" con este asunto, afirmó ayer el portavoz popular, Antonio Basagoiti. El PP acusó al consistorio de "mentir" por asegurar "que no sabía nada de las pensiones ilegales". Esta formación llevará este asunto al pleno municipal del próximo jueves, donde propondrá la creación de una comisión interinstitucional.

El informe lleva por título La inmigración extranjera y la Administración local en Bilbao. En la página 136 aborda el problema de las drogas y el alojamiento masivo de inmigrantes en pisos, asuntos que la Policía Municipal "se siente incapaz" de atajar, "dado que su margen de maniobra es escaso", señala el documento.

El concejal del PP Antonio Basagoiti aseguró que el estudio evidencia que el problema se conocía en 2003, por lo que el consistorio bilbaíno ha "mentido" al alegar su desconocimiento de los albergues irregulares en pisos. El debate en esta materia se originó tras el incendio ocurrido el pasado día 5 en una pensión de una ONG que sí cumplía con los requisitos y permisos para acoger a personas en situación de exclusión. El área municipal de Urbanismo ha afirmado que se ha tratado de actuar judicialmente contra las pensiones ilegales, pero los tribunales han desechado los recursos al tratarse de una asunto civil que debe ser resuelto entre los vecinos y las comunidades de propietarios.

Ocho barrios

Basagoiti criticó que el gobierno local diga "que no puede hacer nada cuando lo sabía hace tres años" y exigió actuaciones concretas ante lo que calificó de un "problema muy grave", que causa una "gran preocupación" en su formación. "Hay pisos con 40 y 50 personas, la mayoría inmigrantes", dijo el portavoz popular, quien censuró a los "caraduras que se lucran" con el subarriendo de pisos, lo que provoca las situaciones de hacinamiento y problemas de convivencia con otros residentes en Bilbao.

Los populares han identificado la existencia de estas pensiones ilegales en ocho barrios: Uribarri, San Ignacio, Deusto, Casco Viejo, Bilbao La Vieja, Basurto, Abando e Indautxu. Basagoiti manifestó que, con el fin de pasar de la crítica a la búsqueda de soluciones, su formación plantea la creación de una comisión interinstitucional en materia de inmigración, en la que participarían el Ayuntamiento, la Diputación de Vizcaya y los Gobiernos vasco y central. Esta propuesta se llevará al pleno municipal mensual, que se celebra el próximo jueves.

El PP también propondrá un plan específico contra estos pisos subarrendados, que incluya un control de las personas empadronadas en cada vivienda en función de la superficie útil, la información de pisos en los que estén censados más de 15 inquilinos, la creación de un cuerpo de inspectores especializados en este asunto y la coordinación con la Hacienda foral de Vizcaya para detectar casos de economía sumergida entre las personas que se lucran con este negocio. Además, los populares defienden un cambio de la legislación, que es competencia del Congreso de los Diputados, y diversas medidas sociales y de seguridad.

Basagoiti reveló que su partido ha presentado una pregunta en el Parlamento, dirigida a la consejera de Industria, Comercio y Turismo, Ana Aguirre, en la que pide información sobre las inspecciones de pensiones y hostales entre 2002 y 2005.

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, ha criticado el negocio en que se han convertido el subarriendo de pisos con personas inmigrantes como principales víctimas. "No irán a la cárcel, porque están con la legalidad, pero irán al infierno por meter a diez o quince personas en un piso de 70 metros cuadrados", declaró.

La concejal de Urbanismo, Julia Madrazo, ha señalado que el Ayuntamiento tiene localizados media docena de propietarios que obtienen entre 4.000 y 6.000 euros al mes, pero asegura que están limitados por la ley de arrendamientos urbanos, "que no establece el número de gente que debe vivir en un piso". "No digo que no se puede hacer nada, pero hay que acotar el campo de actuación", añadió. La edil se muestra partidaria de, al menos, "darle a Hacienda" los datos de estos propietarios que subarriendan pisos.