Democracia con más mujeres

El Partido Socialista concurrió a las elecciones generales de 2004 con un programa en el que se mencionaban reformas como las listas abiertas y la promoción de la paridad entre hombres y mujeres, además de la elección directa de alcaldes a doble vuelta. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha concretado la que se refiere a la reserva de cuotas para hombres y mujeres en las candidaturas electorales: no menos del 40% ni más del 60% para cada sexo.

El sistema de representación proporcional afecta al logro de ese objetivo. La experiencia de otros países indica que cuando la elección se realiza en distritos pequeños, donde se elige a pocos diputados, las mujeres tienen menos oportunidades de ser candidatas. A medida que el número de escaños a repartir es más alto, se reduce la resistencia masculina. El procedimiento de listas cerradas y bloqueadas, criticadas por otros motivos, "son las más adecuadas para introducir cuotas de representación de mujeres", explica Dieter Nohlen, catedrático de la Universidad de Heidelberg, uno de los expertos mundiales más reconocidos en la comparación de sistemas electorales.

Las parlamentarias son más numerosas en los sistemas proporcionales que en los mayoritarios

Los partidos en Francia han preferido pagar multas a respetar la ley de la paridad política

De entrada, la feminización de la política en España cuenta con el apoyo de una mayoría social. La idea de presentar un porcentaje similar de hombres y mujeres en las listas concita el respaldo del 65% de la población, según una investigación realizada hace un año por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). "Muy en desacuerdo" con esa idea sólo estaba el 1,8%, y "en desacuerdo" el 15,7%, respuestas reveladoras de que el grado de rechazo no es importante. A una pregunta sobre la idea de "potenciar la presencia de las mujeres en las instituciones" -sin expresión de cuotas precisas- respondió favorablemente el 87% de los consultados.

Imponer a los partidos la obligación de presentar determinado número de mujeres suscita la duda de algún constitucionalista, que se pregunta hasta qué punto esa condición es compatible con la libertad de asociación política, uno de los derechos más protegidos por la Constitución.

Otros expertos no creen que esa duda sea real. "La paridad política entre hombres y mujeres es una cuestión que afecta a la calidad de la democracia", explica Rubén Ruiz-Rufino, un especialista en materia electoral que trabaja para el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. "Lo que implica es un cambio en el modo de construir las candidaturas a las elecciones, pero no afecta a las reglas de voto que regulan la competencia partidista", ni a las normas electorales incluidas en la Constitución.

"El futuro de esta medida depende de cómo se instrumente para evitar el fraude", advierte Manuel Martínez Sospedra, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Cardenal Herrera, de Valencia. En principio, la regla de la alternancia un hombre/una mujer (o viceversa) en una lista de candidatos es el procedimiento que ofrece más garantía de obtener un número parecido de hombres y de mujeres en los órganos electivos. El Gobierno de Rodríguez Zapatero no pretende tanto. El PSOE e IU practican la incorporación de un 40% de mujeres a las candidaturas en función de normas internas; la novedad consiste en extender ese criterio a todo el sistema político, con fuerza de ley.

Lo más complicado puede ser hacer compatible la feminización de los órganos electivos, impulsada por normas legales precisas, con los deseos manifestados por otras personas para abrir las listas de candidatos. La existencia de candidaturas abiertas o semiabiertas da por supuesto "que el electorado femenino se va a comportar de manera que favorezca la llegada mayor de mujeres al Parlamento", explica Nohlen. Algunos expertos argumentan que ese tipo de listas parcialmente abiertas es preferible a la cerrada y bloqueada, por ofrecer a la electora la posibilidad de votar por mujeres. "Esa expectativa, sin embargo, es altamente dependiente del contexto cultural, del grado de modernización que ha alcanzado una sociedad", advierte Dieter Nohlen. Aún estando de acuerdo en que el contexto europeo no es desfavorable a ese fenómeno, a este experto le parece más probable apostar por las listas cerradas y bloqueadas para conseguir el objetivo comentado.

Feminizar la política es un sinónimo de renovación en buena parte de Europa. Desde mediados de los años setenta, la participación de las mujeres en cargos de partido, órganos electivos y puestos gubernamentales se ha convertido en un asunto político clave en casi todo el continente, incluidas algunas democracias recientes. En 1975 apenas había mujeres en los Parlamentos nacionales; la potenciación de su presencia en las instituciones comenzó en los países nórdicos y actualmente, un 30% de parlamentarias resulta un porcentaje normal en países con sistemas de representación proporcional (Italia es el farol de cola en este aspecto y en menor medida, Portugal), mientras en Noruega y Suecia ronda el 40%. No ocurre lo mismo en los países con escrutinios mayoritarios: las mujeres ocupan menos del 20% de los escaños en Reino Unido y Francia. Las diferencias alcanzadas en cuanto a la participación femenina entre los distintos países, incluso los que aplican sistemas proporcionales, impide asegurar que los procedimientos de escrutinio sean el factor decisivo; no cabe duda de que la cultura política de las sociedades europeas todavía no ha llegado a un punto común en este terreno.

La experiencia de Francia resulta de particular interés, porque desde 2000 existe una ley que regula la paridad entre hombres y mujeres (al 50%) en las candidaturas electorales. La iniciativa partió de un gobierno de izquierda -el primer ministro era el socialista Lionel Jospin-. ¿Con qué resultados? Los ayuntamientos franceses cuentan con un 47% de concejalas, aunque sólo hay un 11% de alcaldesas. El fracaso más evidente corresponde a la Asamblea Nacional -la cámara equivalente al Congreso de los Diputados- donde la minoría femenina no rebasa el 12%, muy inferior al 36% de diputadas que toman asiento en los escaños del Congreso español, sólo con el impulso voluntario de los partidos.

Esto se explica por dos razones. Primero, las elecciones legislativas francesas se celebran por un sistema mayoritario a dos vueltas en distritos uninominales (un solo escaño en juego en cada uno). "Con un escrutinio proporcional, hay mujeres; con un escrutinio uninominal es más difícil", constata Marie-Jo Zimmermann, del Observatorio de la Paridad en Francia.

La otra razón es el boicoteo de la ley. En 2002, las direcciones de los partidos franceses no fueron muy galantes a la hora de fabricar las candidaturas a las legislativas: prefirieron exponerse a las multas previstas para los infractores, antes que retirar al número suficiente de hombres para lograr una participación paritaria. El Partido Socialista francés pierde 1,5 millones de euros de financiación estatal cada año, a causa de los incumplimientos en materia de paridad; a la Unión por un Movimiento Popular (UMP) -el partido de la derecha, con mayoría absoluta parlamentaria- le cuesta cuatro millones de euros anuales. Parecen arrepentidos. Para las legislativas del año próximo, el socialista ha prometido incorporar a un 50% de mujeres, mientras la derecha se compromete al 30%.

Lo que ha dado mayor visibilidad a la idea de la igualdad es el proyecto de una socialista, Ségolène Royal, que sopesa la posibilidad de presentarse a la presidencia de la República. Jamás ha habido una presidenta en Francia. El anuncio de que una mujer se dispone a intentarlo ha sido juzgado favorablemente por los primeros sondeos de opinión y ha provocado una pequeña cascada de efectos. Los hombres que intentan competir en las próximas elecciones presidenciales están demostrando interés en presentar esfuerzos reales de sus partidos políticos respectivos para promover a mujeres en los sucesivos procesos de elecciones legislativas y locales que seguirán a la elección presidencial.

La feminización de la política avanza a un ritmo un poco más rápido en España, incluso en lo que se refiere a la evolución de la mentalidad de la izquierda, el sector del que ha partido con mayor decisión el impulso para la participación de las mujeres. En 1982, ninguna de ellas formó parte del primer Gobierno de Felipe González; 22 años más tarde, Rodríguez Zapatero nombró un gobierno paritario y a María Teresa Fernández de la Vega como primera vicepresidenta del Ejecutivo.