Vivienda de calidad

Modernizar la construcción de edificios, procurar el ahorro energético en las viviendas imponiendo normás de eficiencia y establecer condiciones que mejoren la salubridad de los pisos son exigencias que sin duda aprobaría cualquier Gobierno. Por esa razón se comprende mal que el Código Técnico de Edificación que el pasado viernes aprobó el Consejo de Ministros haya dormido en el limbo de los proyectos sin concretar durante más de cuatro años. Después de tan prolongado plazo de elaboración, discusión y superación de resistencias políticas y corporativas, el código parece razonablemente avanzado en el ámbito del ahorro de energía -obliga, por ejemplo, a que los edificios dispongan de paneles solares para aportar una parte sustancial del agua caliente necesaria en las viviendas- y propone aislamientos térmicos que eviten la fuga de energía. Sin embargo, adolece de problemas insistentemente denunciados por los ciudadanos, como la ausencia de normas desarrolladas para proteger las viviendas del ruido. La contaminación acústica es una plaga en las ciudades. Por eso es inexcusable que se perfilen urgentemente normas de aislamiento sonoro para evitar que la legislación se quede anticuada antes de nacer.

Las nuevas exigencias, que mejorarán sin duda la calidad medioambiental de las nuevas viviendas, se aplicarán después de un plazo de adaptación y preparación de entre 6 y 12 meses a partir del momento en que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. Un retraso más que añadir a la inquietante prolongación de normas de edificación elaboradas en los años setenta. Era urgente modernizar los criterios de construcción. Pese a ello han surgido críticas que advierten sobre un encarecimiento de los pisos con su aplicación. Los cálculos de ese impacto sobre los precios van desde el 1% que reconoce el Ministerio de la Vivienda hasta el 2,5% que estiman no pocos promotores. Siendo lógica la preocupación, es más que probable que el ahorro energético amortice la subida del precio inicial incluso en un periodo muy reducido de la vida previsible de la vivienda.

Las mejoras de calidad tienen por lo general siempre una repercusión en los precios. Pero no son este tipo de mejoras en la calidad de las edificaciones las responsables principales ni secundarias de la carestía de la vivienda. Así que no es éste el argumento principal para oponerse a ellas. Si los promotores consideran que las obligaciones del código estrechan los márgenes de rentabilidad de la vivienda protegida, tienen en todo caso canales de diálogo con el Ejecutivo para afrontar juntos las dificultades que siempre van unidas a la implantación de nuevas regulaciones.