Un proceso con siete jueces y cuatro fiscales

Más de dos años después del estallido del caso Fabra, el procedimiento judicial se encuentra todavía en una fase inicial, en la que se está tomando declaración a imputados y testigos y se reúne la documentación pertinente para la investigación de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un posible fraude fiscal, de los que se acusa al presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra.

El caso Fabra se ha caracterizado por la participación de hasta siete jueces y cuatro fiscales. Los dos últimos, nombrados por la Fiscalía Anticorrupción, pidieron una excedencia y pasaron a trabajar en la empresa privada. Tanto Esquerra Republicana de Catalunya como Izquierda Unida han preguntado al Gobierno por este continuo cambio de jueces y fiscales, que, según Isaura Navarro, de Esquerra Unida-l'Entesa, "está adquiriendo en Castellón la categoría de escándalo, haciendo dudar a la ciudadanía de la normalidad de los hechos, sobre todo en lo referente a los fiscales anticorrupción".

El caso Fabra se desató en diciembre de 2003, cuando Vicente Vilar, un fabricante de productos fitosanitarios, presentó dos querellas contra Fabra por supuestos delitos contra la salud pública y la propiedad industrial. Los juzgados de Nules no admitieron las querellas. Sin embargo, uno de ellos abrió un procedimiento de oficio, ya que dedujo la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública, entre los que se encuentran los de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.

Además, la juez imputó tanto a Fabra como a Vilar, así como a la esposa del primero, María Amparo Fernández, y a la ex mujer del segundo, Monserrat Vives. Estas dos últimas habían formado una sociedad, Artemis 2000, vinculada a la comercialización de productos fitosanitarios.

El fiscal jefe de Castellón asumió voluntariamente el caso. Posteriormente, fue la Fiscalía Anticorrupción la que decidió hacerse cargo de la representación del ministerio público, después de que se admitiese la personación de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana como acción popular. Asimismo, destaca la abundante documentación presentada por el denunciante, que también está imputado, y que implica a cuatro ex ministros del Gobierno de Aznar (los ex ministros de Agricultura Jesús Posada y Miguel Arias Cañete; la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos y el ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa), así como a otros ex altos cargos.

Además, existe una denuncia por fraude fiscal debido a la falta de justificación de la procedencia de ingresos en efectivo por valor de 600.000 euros en cuentas de Fabra y su familia, de los que son imputables directamente al líder del PP de Castellón, según Hacienda, 300.000. Sin embargo, la Agencia Tributaria también le ha acusado del impago de cuotas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por unos 150.000 euros en el ejercicio de 1999.

Pese a los indicios de delito hallado por las jueces, el PP no ha puesto en práctica su código ético de reclamar a Fabra sus cargos. Muy al contrario, el presidente regional el PP, Francisco Camps, y el portavoz del partido en el Congreso, Eduardo Zaplana, han mostrado su apoyo, sin fisuras, al líder provincial, aunque el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, ha sido señalado por su partido para tratar de convencer a Carlos Fabra de la "oportunidad" de que no repita como candidato en la lista de la capital de La Plana para las próximas elecciones.