España ignora el ultimátum de Bruselas para explicar las reformas de la CNE

El primer encontronazo entre España y Bruselas por la OPA de E.ON se hizo ayer palpable al finalizar el plazo de 10 días dado por la la Comisión Europea para explicar el refuerzo de competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). España solicitó una prórroga esta misma semana, que ayer fue rechazada por Bruselas. La reacción española fue inmediata. La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, explicó que no habrá respuesta, al menos, hasta el próximo jueves, cuando se convalide el real decreto ley que reforma la CNE en el Congreso.

La encargada de responder al ultimátum de Bruselas fue la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. El Ejecutivo español, afirmó al término del Consejo de Ministros, que respeta "los procedimientos y competencias de la Unión Europea pero también los españoles". De la Vega, informa Lara Otero, recordó que la reforma de la normativa para ampliar las competencias de la CNE está "pendiente de convalidación en el Parlamento" y que se trasladará la información a la Comisión Europea "cuando los procedimientos internos lo permitan". Es decir, que cualquier respuesta no se producirá, pese a la denegación de la prórroga solicitada, antes del próximo jueves 23, cuando el Congreso convalide el Real Decreto Ley que se probó el 24 de febrero.

Demora

Fuentes del Gobierno han asegurado que la respuesta española podría demorarse incluso más allá de esa fecha puesto que los plazos de respuesta no están reglados y no existe ninguna circunstancia -como podría ser la existencia de un procedimiento de infracción abierto- que justifique la urgencia de la petición.

En su carta en demanda de información, la Comisión Europea pedía al Gobierno una "respuesta de forma urgente" a varias cuestiones relacionadas con el Real Decreto Ley que amplía las competencias (Función 14) de la CNE.

La carta de Bruselas se refería expresamente a "la contraoferta de E.ON por Endesa y en particular por la reacción de las autoridades españolas que han dado motivo de preocupación a la Comisión". Bruselas interpretó que el decreto del Gobierno español es una medida para defender a Endesa, que estaba siendo objeto de otra OPA anterior por parte de Gas Natural, OPA que ya había sido aprobada por el Gobierno. La Comisión cree que "las nuevas disposiciones nacionales pueden crear obstáculos al derecho de establecimiento de los nacionales de otros Estados miembros así como a la libre circulación de capitales en la Comunidad".

En su carta del pasado día 3 de marzo, la Comisión daba a España un plazo de 10 días, que vencía ayer, para responder. "La brevedad del plazo", decía, "se debe a la urgencia del asunto". España solicitó una prórroga de nueve días, alegando que "el Real Decreto Ley está sujeto a un procedimiento interno y habitual de convalidación por el Congreso de los Diputados, cuyo plazo expira a los 30 días de su promulgación".

Además, España advirtió a Bruselas de que E.ON pretende concretar la compra de Endesa, una operación valorada en 29.100 millones de euros, a través de una sociedad filial que cuenta sólo con 25.000 euros de capital. Una circunstancia destacada incluso por el notario que formalizó la constitución de la sociedad.

El portavoz de Mercado Interior, Oliver Drewes, manifestó ayer que "la Comisión no encuentra que la petición española [de prórroga] esté justificada y no puede alargar el plazo que concluye hoy (por ayer)". El portavoz volvió a mencionar "la urgencia del asunto, porque las consecuencias económicas son de la mayor importancia para justificar el rechazo de la prórroga", solicitada por España.

Drewes admitió que se trataba de un proceso "complejo", pero que los argumentos de las autoridades españolas "no fueron convincentes".

El portavoz de Mercado Interior precisó, pese a todo, que en la fase actual del proceso no se trataba "de un procedimiento de infracción ni de medidas preliminares".