Más educación

Tras la prometedora aprobación del pacto nacional para la educación, no parece que sea el momento de sacar a colación temas aparentemente menores. Pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para recordar que la cuestión no debería considerarse en absoluto cerrada. De hecho, me atrevería a decir que simplemente estamos empezando. El pacto recoge aspectos largamente marginados o gravemente desatendidos. Amplía muy significativamente becas de comedor, impulsa la adquisición colectiva de libros escolares y recoge ayudas a la indispensable tarea que realizan las AMPA en muchas escuelas públicas. Reconoce y refuerza el papel de los municipios en lo relativo a la enseñanza, los procesos de matriculación y sus conexiones con la inclusión social y la transición escuela-trabajo. Y como ya sabemos todos, amplía los horarios de las escuelas públicas con una importantísima contratación de nuevos profesionales, tratando al mismo tiempo de acercar los centros concertados a la lógica de servicio público en su sentido más integral. Reticencias aparte, lo cierto es que la enseñanza pública del país sale reforzada, y sale reforzada asimismo la enseñanza infantil y juvenil en su dimensión más global. Pero... siempre hay un pero.

El cambio de Departamento de Enseñanza a la nueva denominación de Departamento de Educación entiendo que no sólo pretendía recoger la necesidad de avanzar hacia una perspectiva más estratégica y completa del papel de la educación en el siglo XXI (y por tanto, no circunscribir la fase formativa a la enseñanza reglada), sino que parecía apuntar más allá. Lo cierto es que si uno repasa el Pacto del Tinell, la posición preeminente de la educación como primer gran apartado del capítulo titulado Catalunya, una nació socialment avançada, el pacto alcanzado incorpora buena parte de las premisas allí apuntadas. Por tanto, mis comentarios van más en la línea de lo que uno esperaría del dinamismo demostrado hasta ahora que como reproche por lo no cumplido. Me explico. No creo que las necesidades sociales del país ni los grandes déficit formativos de sus gentes puedan tratar de resolverse sólo combinando grandes esfuerzos en la fase de 0 a 16 años, manteniendo criterios restrictivos en el papel de la Universidad y traspasando la formación de adultos al Departamento de Educación (tratando con ello de superar la visión asistencialista que de ello se tenía en época convergente). Necesitamos ir más allá y avanzar en una concepción de ciclo vital educativo completo y vinculado a la idea de ciudadanía. Y eso exige un cambio que entiendo que no puede ser inmediato, pero sí progresivo, en el que de verdad entendamos educación como algo decisivo para todas las gentes y para todo el país, y en absoluto circunscribible a la infancia y la adolescencia.

Por otro lado, la Universidad no puede quedar al margen del proceso de reforma educativa general. El llamado proceso Bolonia no sólo implica un proceso de acercamiento a la dinámica universitaria europea, ni tampoco un necesario proceso de homologación y adaptación de titulaciones. Exige cambios fundamentales en las maneras de enseñar, cambios fundamentales en la relación entre Universidad y sociedad. La Universidad necesita tiempo y recursos para mantener el derecho a equivocarse que todo proceso creativo e investigador requiere. Pero la Universidad precisa, además, un mucho mayor sentido de compromiso con las exigencias que tiene planteadas el país y sus ciudadanos, y ello no puede limitarse a mejorar y reforzar la necesaria conexión entre Universidad y empresa. Necesitamos un pacto entre Universidad y sociedad que dé un nuevo impulso a una institución que no acaba de cumplir el papel que podría tener en el país. Y ello no es sólo un tema de recursos, sino de mentalidad, de voluntad de cambio de los docentes y de visión educativa global e integral.

La formación de adultos es una bomba que nos está explotando cada día que pasa. La situación es patética. Las cifras de los informes en curso (que revelan que casi el 70% de los catalanes no han acabado sus estudios obligatorios o sólo han llegado a ese nivel) son tan expresivas que apenas si caben comentarios. Por suerte no tenemos un informe PISA de adultos, ya que entonces no sabríamos adónde mirar. Y no digamos nada de lo que ya está ocurriendo con las personas mayores y la impresionante actividad educativa que están desarrollando casi por su cuenta y riesgo. La esperanza de vida se alarga, y las decenas de miles de personas que cada semana se movilizan en Cataluña en aulas de tercera edad precisan no sólo las subvenciones que reciben y la cesión de locales de que disfrutan, sino análisis y estrategias conjuntas en un proyecto educativo que constituye la base, como bien sabemos, de la prevención en salud, de la participación política, de la implicación ciudadana, del respeto ambiental y de muchísimos otros valores que tienen como base el nivel formativo. Recordemos que cada día que pasa la complejidad de la vida requiere más y más recursos formativos si no quiere uno quedar definitivamente descolgado.

Deberíamos ser más consecuentes con el cambio de denominación del departamento. Y ello no tiene porque requerir concentración de funciones o dinámicas de superconsejería, pero sí una dimensión más estratégica de la conducción educativa del país en una perspectiva de ciudadanía. La Unión Europea está avanzando ya en concepciones que vinculan las políticas sociales en su sentido más amplio (educación, sanidad, bienestar, servicios sociales, vivienda, etcétera) con las distintas fases vitales. Y trata de ir relacionando esas fases con la articulación integral y compleja del conjunto de las necesidades y de las respuestas que dar desde el ámbito público y desde los distintos grados y combinaciones de protagonismo social, familiar o mercantil que las perspectivas ideológicas promuevan. No se puede en ningún caso avanzar en esa perspectiva sin una dimensión genuinamente educativa de la vida. Celebremos el pacto conseguido, pero no olvidemos que queda mucha tarea por delante si de verdad queremos progresar en la construcción de una Cataluña socialmente avanzada. Como dice el nuevo Estatut, "todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a la misma en condiciones de igualdad". Nada más y nada menos.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.