Trabajo quiere rentabilizar en el mercado el Fondo de Reserva de las pensiones

El Ministerio de Trabajo quiere privatizar parte de la gestión del Fondo de Reserva de las pensiones y diversificar las inversiones a que se destina para obtener mayor rentabilidad de los 31.253 millones de euros que tiene ahora y que se prevé que alcance los 35.000 millones a final de año. Un grupo de trabajo integrado por representantes de la Seguridad Social y del Ministerio de Economía estudia una reforma de la legislación que se trasladará a los partidos y a los agentes sociales en mayo, según anunció ayer en el Congreso el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

El secretario de Estado esbozó en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo cuatro aspectos en los que se está trabajando para dar mayor agilidad a la gestión del Fondo de Reserva, que según prevé Granado ascenderá a 35.000 millones a final de año, y dotarle de mayor rentabilidad. Por un lado, se estudia "externalizar parte de las decisiones" que ahora toma el Comité de Gestión del fondo para dar entrada a "agentes privados", pero manteniendo siempre el control público de esa hucha de las pensiones.

El grupo constituido por representantes de los ministerios de Trabajo (del que depende la Seguridad Social) y de Economía analiza, asimismo, fórmulas para diversificar la cartera de inversión del fondo.

La legislación actual obliga a destinar el dinero de reserva exclusivamente a "personas jurídicas públicas nacionales y extranjeras, de calidad crediticia elevada y con un significativo grado de liquidez", es decir, en deuda pública.

Ello ha llevado a que la tasa de rentabilidad de los activos haya recorrido un camino descendente (del 4,78% en 2000 al 3,37 en 2005) por los bajos tipos de interés. Granado explica que se trata de buscar un "adecuado equilibrio riesgo-rentabilidad" en la línea de otros países. Explicó que, por ejemplo, en Francia se saca a concurso por lotes la gestión de su fondo de reserva. España es el único país del mundo que invierte su Fondo de Reserva para pensiones sólo en deuda pública.

Al cierre de 2005 estaba invertido en deuda pública de Francia, Alemania y Países Bajos el 20,56% del fondo (a partes prácticamente iguales entre los tres países). Granado avanzó que se pretende llegar al 50% para que lo invertido por el Fondo de Reserva constituya como máximo el 8,5% del total de la deuda pública española para evitar distorsiones del mercado.

Por otro lado, en el proyecto de ley que se envíe al Parlamento se pretende regular de modo "más preciso", dijo Granado, la definición de déficit y los criterios para poder disponer del Fondo de Reserva. La legislación vigente establece tres semestres consecutivos de resultado negativo para determinar que existe un déficit estructural y se puede gastar dinero de la hucha para pagar las pensiones.

Finalmente, la Seguridad Social ya está discutiendo con las mutuas la aportación de sus excedentes al Fondo de Reserva. Granado explicó que de los "3.000 millones de excedentes" derivados de la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que han generado en los últimos años, sólo se han destinado al fondo de pensiones 25,4 millones el pasado año y 20,13 el anterior.

Al planteamiento del secretario de Estado contestó el diputado de CiU Carles Campuzano con la petición de que en la privatización de la gestión del Fondo de Reserva se incorporen criterios que garanticen que las inversiones se realicen de modo social y medioambientalmente responsable. Granado le contestó que tomaba nota de su sugerencia.

Además, Campuzano le requirió para que no descarte que se invierta parte del fondo de reserva en deuda de las comunidades autónomas y que se dé entrada a los Gobiernos en la comisión de seguimiento.

Deuda de las autonomías

Granado rechazó esto último con el argumento de que las autonomías carecen de competencias en Seguridad Social. Sobre la compra de deuda de las comunidades, expuso dos motivos para negarse: la falta de suficiente calificación crediticia, en particular por lo referente a la liquidez de su deuda, y porque no quiere llevar el debate territorial a "niveles inaceptables", ya que a su juicio, si se compra deuda de unas comunidades y no de otras, éstas entenderían esa decisión como un "agravio".

El portavoz del PP, José Ignacio Echániz, recordó al secretario de Estado las advertencias realizadas recientemente por expertos comunitarios sobre la viabilidad del sistema de pensiones español y le reclamó prudencia. Granado, a su vez, pidió a los populares que "no jueguen a hacer alarmismo" y aseguró que la riqueza nacional aumenta más que el gasto en pensiones.

En respuesta a Echániz, Granado explicó que en febrero los pagos de la Seguridad Social se incrementaron un 8,48% en función de caja (incluidos los 3.700 millones con que se dotó el fondo), mientras que los ingresos aumentaron un 9,05%.