El fiscal acusa de corrupción al alcalde de Orihuela y a cinco concejales, todos del PP

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha solicitado al juez que investigue como imputados al alcalde de Orihuela, cinco concejales, cuatro promotores y los responsables de una empresa adjudicataria de la recogida de basuras. El fiscal especializado solicita que se abran diligencias por las denuncias de corrupción, relacionadas con la gestión urbanística y contable, en el Ayuntamiento que preside José Manuel Medina, del PP, al apreciar "indicios de delito" por malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación en una treintena de casos.

Medina, que en retiradas ocasiones ha rechazado cualquier ilegalidad en su gestión, vive en un chalé propiedad del promotor local Joaquín Antonio Grau Pomares, al que recalificó suelo, y conduce un Rolls Royce, propiedad del mismo empresario. El parque móvil del primer edil se completa con otro lujoso turismo, un Audi A8, propiedad de otro constructor, Francisco Marcos.

La delegación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante abrió la investigación por corrupción en el Ayuntamiento oriolano en septiembre de 2005 a instancias del fiscal general de Estado. Este último ordenó la investigación tras recibir denuncias de dos particulares. Después de seis meses, Briones, con el visto bueno de la Fiscalía de Alicante, remitió ayer las diligencias (61 folios) a los juzgados de Orihuela.

El fiscal justifica su acusación básicamente en cuatro pilares: la denuncia sobre supuestas irregularidades contables vertida por el ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa; el testimonio de los portavoces de los tres grupos de la oposición (PSOE, Centro Liberal e Izquierda Verde); los plenos de la corporación en los que aprobaron sendas adjudicaciones de urbanizaciones a promotores locales en suelo no urbanizable y protegido y un informe de la policía judicial.

Facturas falsas

El grueso de las denuncias sobre presuntas corruptelas en el Ayuntamiento de Orihuela fue realizado en febrero de 2005 por el hasta entonces interventor, José Manuel Espinosa. El funcionario fue destituido tras autoinculparse de haberse apropiado de 30.000 euros de las arcas municipales. Dos días más tarde, Espinosa convocó a los portavoces de la oposición y reveló una serie de irregularidades contables de las que responsabilizó directamente al alcalde y los ediles del PP. La conversación fue grabada en dos cintas. En su comparecencia ante el fiscal, el ex interventor se ratificó en su denuncia y declaró: "He sido el blanqueador de facturas del alcalde".

Los supuestos casos de corrupción más relevantes denunciados por el funcionario fueron los siguientes: pago de facturas falsas a la firma Necso -adjudicataria del servicio de recogida de basuras-; sobrecoste de cerca de unos tres millones de euros en las obras de una plaza, ejecutadas por el constructor Domingo Alcocer, sin consignación presupuestaria; abandono de su cargo de concejal en 1999 por parte de Encarna Galiano, actualmente asesora del alcalde, que dejó sin presentar facturas de mandamientos de pago por 22.000 euros; falta de ingreso en caja por parte de Mónica Lorente, hasta hace poco primer teniente de alcalde, de las recaudaciones de los conciertos municipales durante su etapa al frente de la concejalía de fiestas; y no presentación en cuatro años por parte de Antonio Franco, concejal de Personal, de las facturas de las subvenciones a una entidad local festera.

El fiscal ha completado la denuncia del ex interventor con otras vertidas por los grupos de la oposición, en este caso relacionadas con adjudicaciones ilegales de planes urbanísticos. Los promotores que, a juicio de la oposición, se han beneficiado de las adjudicaciones han sido los mencionados Grau, Marcos y Alcocer, y José Antonio Rodríguez. Éste, tras la aprobación del proyecto, se convirtió en accionista mayoritario de la televisión local Canal 34, emisora afín al PP. En su escrito, el fiscal asegura que los denunciados son los responsables directos de los supuestos delitos. Se trata, en el caso de la corporación, del alcalde y los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, responsable de Hacienda, Antonio Franco y Eva Ortiz, de Urbanismo, y la ex edil Encarna Galiano.