"El Ayuntamiento no puede entrar en un domicilio, sería allanamiento de morada"

Julia Madrazo (Bilbao, 1964), concejal de Urbanismo, asegura que el Ayuntamiento no tiene posibilidades de acabar contra los propietarios que alquilan pisos en los que se vive gente hacinada.

Pregunta. ¿Desde cuándo existe el problema de los pisos ilegales en Bilbao?

Respuesta. Esto no es una cuestión de pisos ilegales. Están las pensiones que están sujetas a la legislación de la Administración autonómica, los pisos subalquilados sujetos al derecho privado y un tercer caso, que son las viviendas compartidas y tuteladas que cumplen una función social y educativa, como es el caso de la incendiada de La Posada de los Abrazos.

P.El gobierno local dice que no se puede hacer nada para erradicar los pisos con problemas de hacinamiento, pero la oposición plantea controles a través de inspectores, la Policía y cambios legislativos.

R. La oposición no lanza propuestas reales. Tiran contra todo lo que se mueve. En Bilbao se realizan inspecciones en pisos por parte de la Policía Municipal, del área de Salud y a cargo de Urbanismo por los ruidos. Estoy de acuerdo en cambiar la ley pero es una competencia del Congreso de los Diputados. Si lo que se quiere es limitar el derecho de una propiedad privada, que está protegido por la Constitución, una ordenanza municipal no puede hacerlo. Si lo hiciera, entraría dentro del campo de la ilegalidad. No se puede echar todas las culpas a la administración municipal si no dispone de las herramientas legales. El Ayuntamiento no puede entrar en un domicilio, porque sería allanamiento de morada.

P. Me dice que no hay manera de actuar contra gente que se enriquece a costa del tráfico humano.

R. Al menos, hay que darle a Hacienda los datos de esta gente. Nosotros tenemos localizados cuatro o cinco que tienen varios pisos y obtienen 4.000 ó 6.000 euros al mes. Si la pregunta es si en una habitación puede estar más gente, hay que mirar la ley de arrendamientos urbanos, que no establece el número de gente que debe vivir en un piso. No digo que no se puede hacer nada, pero hay que acotar el campo de actuación.

P. Pero hay gente que está ganando más de 4.000 euros al mes con los alquileres a gente en situación de exclusión.

R. Hacen un uso indebido pero esa conducta no puede recaer en la administración. Los vecinos se sienten molestos y algunos que no ponen la cara se están llevando la pasta. El sistema legal tiene que cambiar pero es una política de Estado.

P. ¿Son los vecinos de estos propietarios los que tienen que actuar?

R. Pueden poner en conocimiento del Ayuntamiento si hay ruidos, suciedad o desórdenes en sus edificios. Y eso se hace, como en el que se incendió en San Francisco. Lo que no me vale es que, cuando preguntas por qué no denuncian a esas personas, digan que la gente está para ganar dinero.

P. ¿Han comprobado lo que hacen en otras ciudades?

R. La respuesta es muy compleja y no es sólo del Ayuntamiento. No es actividad sujeta a licencia. En asuntos de derecho privado el Ayuntamiento no puede entrar.

P. ¿Estos subarriendos irregulares están localizados en Bilbao La Vieja o es algo generalizado en otros barrios de la capital?

R. Están incluso en el centro, en la Gran Vía, en Deusto, Rekalde y Uribarri. También tengo que decir que cuando el propietario ha querido colaborar, se ha extinguido el contrato. Si no colaboran, es que quieren seguir ganando dinero y no pretenden solucionar el problema de sus vecinos.

P. ¿Se sabe cuántas pensiones cumplen la legalidad en Bilbao?

R. En Bilbao La Vieja hay 19. En el resto de la ciudad estamos haciendo el recuento porque no es una actividad clasificada al no estar calificada como molesta e insalubre.

P. Nos podemos encontrar con que si hay un control estricto del número de personas que viven en estos pisos, esa gente se quede en la calle.

R. Sí. Es la doble moral. El subarriendo en general funciona bien y estos casos irregulares hay que intentar minimizarlos. Espero que esta semana a alguno se le haya caído la cara de vergüenza y cambie su conducta. Pero la realidad es que hay gente que necesita de esa red de entidades altruistas para salir de sus situaciones de exclusión.

P. Pero, ¿es legal esta cadena de subarriendos?

R. La cadena se para en propietario, arrendador y subarrendatario, que tiene el permiso del propietario. Si este subarrendatario comparte la habitación con otra persona, la ley de arrendamientos no lo prevé. Pero esos tres eslabones son absolutamente legales y aparecen en la ley. El problema es cuando hay gente que abusa.

P. ¿No es paradójico que el debate haya salido tras un incendio en una pensión que cumple toda la legalidad y es completamente altruista?

R. Ha sido un debate muy inesperado para las personas que trabajan ahí. Se han encontrado en el ojo del huracán y que les metían en el mismo caso que los ilegales. Es importante explicar que esta pensión era una respuesta muy digna a la exclusión social y tenía todos los permisos. Y ahora, 20 personas que tenían su techo están sin él.