"Prohibir una cosa no siempre acaba con ella"
¿Puede actuar la justicia ante las convocatorias del próximo viernes? El fiscal jefe de Jaén, José María Casado, tiene claro que el Ministerio Público "no puede actuar con carácter preventivo" prohibiendo los botellones porque no hay ninguna ley que prohíba las concentraciones en la vía pública. A su juicio, "no se puede ser excesivamente duro", porque "prohibir una cosa no siempre acaba con ella".
Casado admite que se trata de un problema "muy complejo" y que "requiere de la colaboración de todas las Administraciones". En la misma línea se pronuncia el juez decano de Jaén, Saturnino Regidor. "Sólo podemos actuar cuando hay un problema de orden público", afirma.
Igualmente, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés, aseguró el pasado miércoles que, en base a un estudio de la Abogacía del Estado, no hay base legal para autorizar o prohibir este fenómeno puesto que no se trata de manifestaciones, que sí requieren un permiso gubernativo.
El hecho de que las convocatoria del botellón se haya hecho de forma anónima a través de internet dificulta la identificación de los convocantes de esas concentraciones. De hecho, la Fiscalía de Sevilla ha archivado una denuncia presentada por la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) en la que se pedía que se investigara el origen de los mensajes a través de móvil y de internet en los que se ha incitado a participar en estos botellones.
Ahora bien, el fiscal jefe de Jaén recuerda que en casi todas las ordenanzas municipales se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas a menores en las vías públicas, "pero eso no se está cumpliendo". Y llama la atención sobre la paradoja que supone "fomentar las terrazas en los exteriores de los bares" y, de otro lado, perseguir los botellones protagonizados por "jóvenes que no tienen dinero suficiente para pagarse las copas en bares".
Gerardo Ruiz-Rico, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, tiene claro que la regulación de ese tipo de concentraciones corresponde a los ayuntamientos, aunque cree preciso que "se les dote de más medios". Ahora bien, el problema de fondo es otro: "Se trata del coste político o electoral que los políticos creen que van a sufrir si toman decisiones impopulares".
