Infierno en El Paraíso

José Blanco, de 29 años, fue detenido en enero de 2005 en el aeropuerto de la capital venezolana en posesión de dos kilos de cocaína. Su madre, Natividad Rodríguez, le visitó en la prisión La Planta de Caracas (Venezuela), donde ingresó en marzo para cumplir una condena de seis años y ocho meses por tráfico de droga.Natividad sólo pide que se lo traigan a España, a Huelva, donde vive la familia. "No quiero que a mi hijo lo perdonen. Que pague lo que ha hecho. Pero que no me lo maten. Porque allí temo por su vida", dice.

Natividad recibió en junio una llamada desde Venezuela. Le decían que su hijo estaba muy mal, que estaba perdido en el delirio que le provocaba la fiebre. No reconocía a nadie. Entonces, improvisó una salida al país caribeño. Natividad tiene claro que las causas del mal de su hijo (una afección cardiorrespiratoria) son las condiciones de insalubridad severa en las que vive. A la falta de higiene se une una cotidianeidad de violencia extrema entre los presos.

El nombre oficial de La Planta es, irónicamente, Internado Judicial El Paraíso. "Me lo tienen tirado en el suelo en un espacio de cinco metros cuadrados donde siempre hay entre cinco y siete presos. Allí no tienen nada de nada (...) Los levantan a las cinco de la mañana y los sueltan a todos al patio. Incluso cuando llueve".

Cuando Natividad llegó a la prisión, su hijo había pasado de 90 kilos a sólo 45 en seis meses. "Mire cómo estaba antes", dice al enseñar unas fotos de su hijo posando con un pescado de casi 50 kilos que capturó con su padre, al que siempre ha estado muy unido, pues trabajaron juntos muchos años en un taller de motos en Huelva.

En La Planta, las bandas poseen armas y no sólo puñales rudimentarios (chuzos, en el argot carcelario) sino también pistolas, revólveres y, en algunos casos, hasta ametralladoras y granadas fragmentarias. "Yo he visto allí la sangre con mis propios ojos", explica Natividad.

Al saber de la detención de su hijo, los padres de José se pusieron en contacto con la fundación Ramón Rubial, dedicada a la ayuda y asesoramiento de los presos españoles en el extranjero. Los padres esperan que la solución llegue pronto porque no pueden asumir el coste de mantener a su hijo en la cárcel. "Tenemos que pagar por todo: para que le protejan otros presos, los luceros que les dicen, los más veteranos; hay que pagar por la comida, porque la que allí le dan no es suficiente; también para que pueda dormir", comenta la madre.

Y es que, la segunda industria dentro de las cárceles, después del tráfico de drogas, es la venta de protección a los presos más débiles, de la que participan las bandas de reclusos y los funcionarios de custodia. Los presos españoles son considerados como buenos clientes para ambos negocios pues las autoridades consulares les entregan un aporte mensual equivalente a 100 euros para su manutención (actualmente unos 250.000 bolívares).

El consejo básico de los defensores de las personas detenidas in fraganti con cargamentos de estupefacientes es declararse culpable y solicitar que se les aplique lo previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, para que se les imponga de inmediato la pena. Esto faculta al juez para asignar una condena reducida, entre un tercio y la mitad de la que le correspondería al reo. Para los españoles es básico pasar lo más rápido posible a la categoría de condenados, pues sólo en ese estatus pueden solicitar el traslado a una cárcel en su país.

Por la cantidad de droga que intentaba transportar, a Blanco le correspondían entre 12 y 15 años de prisión. Lo condenaron a seis años y ocho meses, pero su abogado apeló al Tribunal Supremo de Justicia por considerar que aún así, la pena aplicada fue excesiva, pues no se aplicó correctamente la norma señalada. El recurso fue presentado en abril de 2005 y aún no ha sido resuelto. En la misma situación se encuentran varios españoles también penados por tráfico de drogas.

"Todavía no nos han dicho cuándo podrá volver mi hijo, pero confío en que no se alargue. Pero tengo claro que para que todo se aligere, el Gobierno español se tiene que mover. Porque es un español el que está allí. Y hablo por mi hijo, pero que recuerden que sólo en Caracas hay otros 84 presos españoles más", dice Natividad.