Bolivia afronta el fin del centralismo

Junto a la catedral de San Lorenzo, un edificio de ladrillo rojo de la época colonial ubicado en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra, se levanta un palacete que hasta 1998 fue la sede de la Prefectura, la representación del Estado en la capital de la región más grande y más rica de Bolivia. Hoy, el edificio, que se asoma a la plaza 24 de Septiembre, sirve para las reuniones de la llamada Brigada Parlamentaria Cruceña -los parlamentarios que representan a la región en La Paz-; al prefecto ya no lo designa el presidente de la República, y en la emblemática plaza no queda ningún vestigio de la autoridad que emana desde La Paz, la capital administrativa.

El lugar refleja el enfrentamiento existente entre dos modelos de Estado que se discutirán en la Asamblea Constituyente que será elegida el próximo 2 de julio. "A ver si con la autonomía nos enteramos de dónde vienen las leyes", dice sentada en un banco Cristina Peña, mientras toma un descanso del trabajo en una tienda fotográfica cercana. "Bolivia no puede seguir organizada como hasta ahora", añade.

La región aporta más del 40% del PIB boliviano y el 54% de las exportaciones

Es un sentimiento muy extendido en esta provincia situada al este del país, cuya aportación al PIB boliviano supera el 40%, obtiene el 43,8% de las inversiones extranjeras y exporta el 54% del total de bienes bolivianos que se venden fuera. "Queremos un Estado autonómico, pero asimétrico. Que los departamentos (regiones) que quieran adopten este sistema y los que no, sigan con un modelo centralista", explica Telmar Méndez, antiguo asesor del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el movimiento que aglutina las aspiraciones autonomistas de la región.

Las expectativas están puestas ahora en la doble votación del 2 de julio. Aparte de la elección de Asamblea Constituyente, se preguntará a los bolivianos -mediante un enrevesado enunciado- si quieren el sistema autonómico. La consulta es vinculante y se decidirá por separado en cada uno de los nueve departamentos que forman el país.

"Esperamos que haya victoria autonomista en Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, la llamada media luna", opina el analista local Julio César Caballero, quien recuerda que Santa Cruz tiene un censo de 815.000 electores y más de 500.000 han firmado un manifiesto por la autonomía. Puesto sobre un mapa, lo que dice Caballero es que Bolivia será autonómica en el llano, con una población mayoritariamente criolla, y centralista en el altiplano, de mayoría indígena y menor nivel de renta.

El Comité Cívico pro Santa Cruz ha sido siempre un quebradero de cabeza para los Gobiernos de La Paz, pero ahora se ha revelado además como el principal adversario al modelo socialista que propugna Evo Morales. El pasado 18 de diciembre, la victoria electoral de éste se revelaba como un hecho histórico, no sólo por ser el primer indígena que alcanzaba la presidencia del país, sino también por ser elegido en primera vuelta. Sin embargo, el mismo día, en Santa Cruz, el autonomista Rubén Costas, ex presidente del Comité Cívico, vencía en los comicios a prefecto, los primeros de este tipo en toda la historia del país. De los tres candidatos, dos eran autonomistas y entre ambos superaron el 80% de los sufragios. Apenas 10 meses antes, ante 300.000 personas, Costas había desafiado al Gobierno de La Paz proclamando, a la manera de los movimientos independentistas de la Corona española, el "cabildo de Santa Cruz".

"La cuestión es que ahora Evo quiere apropiarse de la idea de la autonomía y lo que nos tememos es que cuando los constituyentes estén reunidos en Sucre, utilice su arma: la calle. Ya lo hizo el año pasado impidiendo la sucesión constitucional a la presidencia de Bolivia", asegura Caballero. Los autonomistas son conscientes de que entre los 255 diputados, apenas habrá 44 de Santa Cruz y no todos serán autonomistas, y de que el Movimiento al Socialismo (MAS), una vez en el Gobierno, no está dispuesto a variar excesivamente la configuración del Estado. Ayer el vicepresidente, Álvaro García Linera, aventuró que probablemente no cambie más del 20% de la actual Constitución en los 180 días que los parlamentarios tienen para entregar un nuevo texto.

Uno de los puntos de enfrentamiento entre Santa Cruz y el Gobierno de Morales es la posesión de la tierra. La izquierda boliviana denuncia desde hace años que, en Santa Cruz, grandes extensiones de propiedad estatal han pasado a propiedad privada por la vía de los hechos. El miércoles, el presidente boliviano reiteraba que está dispuesto a luchar "contra los latifundistas". Desde la capital oriental, los parlamentarios declararon que "en Santa Cruz no hay tierras improductivas". "En muchos casos las tierras que no producen son parques naturales", aseguró José Céspedes, presidente de la Cámara Agraria Oriental, y subrayó que Morales debería medir sus palabras ahora que es jefe del Estado.