La última batalla de Puig Antich

La batalla legal que libran las hermanas de Salvador Puig Antich para revisar su condena a garrote el 2 de marzo de 1974 sufrió ayer un nuevo revés. Después de que el presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechazara que una de sus secciones formada por tres magistrados debatiera sobre la admisión a trámite del recurso de la familia sobre la última pena de muerte ejecutada durante el franquismo, para que lo estudiara el pleno de esa Sala, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con los votos de los vocales de la mayoría conservadora y la oposición de cinco de los consejeros progresistas, respaldó ayer esa decisión.

Puig Antich fue condenado a muerte por un consejo de guerra tras la muerte de un subinspector de policía. Se le sentenció al patíbulo por "asesinato con fines terroristas", un delito contenido en la legislación militar de entonces. El proceso militar dio sus primeros pasos en septiembre y se desarrolló con tal rapidez que el verdugo hizo su trabajo sólo cinco meses después.

"La autopsia no se hizo en el hospital sino en una comisaría", dice el abogado

La familia del ajusticiado pide que se revise esa condena a muerte, lo que, de estimarse, supondría un precedente para la restitución de la memoria de otros muchos condenados a muerte por consejos de guerra durante la dictadura. La Fiscalía General del Estado se opuso en abril del pasado año a la revisión generalizada de estos juicios sumarios militares y el Gobierno, de manos de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, prepara un anteproyecto de ley para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, uno de los cuales sería el propio Puig Antich.

Pero las hermanas del represaliado siguen adelante con su recurso de revisión en el Supremo. Después de un primer intento, en 1994, de demostrar la posibilidad de que Salvador no hubiera cometido el delito por el que se le condenó, han presentado nuevas pruebas. La primera es el testimonio de un médico que se encontraba de guardia en el hospital Clínico de Barcelona la noche en la que se produjeron los hechos y que, según el abogado que las representa, Sebastián Martínez Ramos, asegura que el cuerpo del policía fallecido presentaba más impactos de bala que los que se contabilizaron durante el proceso, lo que demostraría que pudo haber muerto por los disparos de otra persona. "La autopsia no se hizo en el hospital, sino en una comisaría de policía y por un médico adscrito a ese cuerpo", asegura el letrado poniendo en duda su validez.

Otra de las pruebas solicitadas, cuya práctica ha sido aceptada por el tribunal, es una reconstrucción infográfica del suceso en el que resultó muerto el subinspector y herido Puig Antich. Mediante programas informáticos, un recurso inexistente en los tiempos del consejo de guerra, las recurrentes tratarán de demostrar que las balas de su hermano no eran las únicas que pudieron acabar con la vida del policía.

El 12 de junio de 2005, una sección de la Sala de lo Militar formada por tres magistrados -entre ellos su presidente, Ángel Calderón- tenía previsto discutir si admitía a trámite el recurso de revisión de la familia, pero decidió enviar el asunto al pleno en una providencia que después fue declarada nula. El presidente, de forma unilateral (mediante decreto gubernativo), volvió a tomar la decisión de que fueran todos los magistrados de la sala los que estudiaran el recurso contra la condena a muerte.

La familia de Puig Antich considera que esa decisión vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva y al juez determinado por la ley previsto por el artículo 24 de la Constitución. Su letrado argumenta además que la decisión retrasa considerablemente el proceso. Por eso presentó recurso contra el decreto gubernativo de Calderón ante el CGPJ, que ayer desestimó su petición.

Cinco de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, todos ellos pertenecientes al sector progresista, se opusieron a la decisión y, en los próximos días, presentarán sus razonamientos mediante un voto particular. "Consideramos que la decisión del presidente de la Sala de lo Militar podría vulnerar el derecho al juez natural", explicó el vicepresidente del Consejo y miembro del sector progresista Fernando Salinas, que advirtió de la posibilidad de que el cambio de la sección por el pleno de la sala pudiera suponer la creación de un tribunal ad hoc.