López Aguilar advierte de que los cambios de jueces pueden entorpecer casos como el de Fabra

Los continuos cambios de jueces, como ocurre en el caso Fabra, pueden provocar "la imposibilidad de ejercer correctamente la investigación", advirtió ayer el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en Castellón, donde participó en la Semana de Estudios Constitucionales que se celebra en la Universidad Jaume I. López Aguilar mostró su preocupación por los "excesos de rotatividad" de jueces y fiscales, que generan en la ciudadanía la sensación de que "los poderosos y los económicamente fuertes pueden espiralizar los conflictos y dilatarlos indefinidamente".

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, defendió ayer en Castellón la "total independencia" de los siete jueces que han participado en el llamado caso Fabra y la "autonomía" del ministerio fiscal, que ha estado representado ya por cuatro fiscales en los poco más de dos años desde que se inició la causa. El ministro no quiso comentar específicamente el procedimiento abierto al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por varios presuntos delitos contra la Administración Pública, un presunto delito fiscal y un supuesto delito de falsificación, pero indicó que "como consecuencia de las opciones personales de los funcionarios se producen descubiertos y excesos de rotatividad, como se ha puesto de manifiesto en el caso de Fabra".

En cualquier caso, en declaraciones a EL PAÍS, aseguró: "Vamos a hacer todo lo necesario para que se cubran todas las unidades de judicatura y fiscalía para que, en este caso y en todos los demás, la justicia pueda hacer su trabajo y hacerlo hasta el final y nadie pueda burlarla como consecuencia de las deficiencias del servicio, que me preocupan mucho, porque preocupan a la ciudadanía". En cualquier caso, matizó que la competencia de nombrar jueces y cubrir vacantes es del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no del ministerio.

Para "combatir estos defectos en la cobertura de servicio", tal como indicó, el Gobierno está trabajando en políticas de reforma como la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El ministro admitió que los continuos cambios de los jueces que instruyen una causa puede provocar "la imposibilidad de ejercer correctamente la investigación". La percepción "desigualitaria" que tiene más del 80% de los ciudadanos es para López Aguilar un motivo de preocupación ya que significa que "ven que los poderosos y los económicamente fuertes pueden espiralizar los conflictos, dilatarlos indefinidamente, jugar con todos los trucos del sistema, evitar que la justicia se haga y, si alguna vez se hace, sea por error y no se cumpla". Así, concluyó que el trabajo de un gobierno socialista es apuntalar los derechos de la ciudadanía.

López Aguilar insistió en el compromiso del Gobierno en la lucha contra la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero. El ministro señaló a la Comunidad Valenciana como una de las zonas de mayor arraigo de estas bandas y marcó al PP como responsable de que, durante sus años de gobierno, aflorara "de forma sensacional" la inseguridad pública. "Las mafias y las redes organizadas han entrado con virulencia, en muy pocos años, como consecuencia de nuestra situación geofísica y como consecuencia del deterioro de la política pública de seguridad de los gobiernos del PP".

"En España se mueven cantidades astronómicas de dinero negro procedente de negocios ilícitos, de redes criminales que buscan blanquearse y nadie puede ignorar que la actividad inmobiliaria, a menudo promovida por poderes públicos locales, se ha visto sujeta a esta presión de forma masiva", manifestó. "Esas formas de corrupción necesitan de un correctivo severo, un trabajo serio y un compromiso total". El Gobierno lo está plasmando en el aumento de la planta judicial y del ministerio fiscal, "al promover reformas legales, incrementar las plantillas policiales, especializar al Ministerio Fiscal y reforzar la cooperación de los notarios contra el blanqueo de capitales".