Barcelona puso el año pasado 18.000 sanciones por no retirar de la calle sacos de material de obras
El consistorio pide a Fomento 500 metros de la Diagonal para abrir una nueva salida
Los sacos de residuos de obra, que tan a menudo rebosan sin ser retirados de las calles, serán homologados por el Ayuntamiento de Barcelona y deberán ser rígidos y estar tapados. Eso es lo que dispone el nuevo texto de la ordenanza de gestión de residuos aprobado ayer por la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona.
El año pasado se concedieron en Barcelona 82.000 licencias de sacos de obra y el ritmo de obras en los edificios y rehabilitaciones va en aumento. La actividad se convierte en molestia en muchas ocasiones cuando el saco ya está lleno de residuos y cascotes, y se transforma en un contenedor al aire libre y no se retira de la calle a las 24 horas, plazo en el que se debe hacer. Y que ese plazo no se cumple lo demuestra que el Ayuntamiento impuso el año pasado 8.500 sanciones por no retirarlos de la calle. Las sanciones son de entre 125 y 150 euros. En otras ocasiones, los profesionales que ejecutan las obras no piden ninguna licencia de ocupación del espacio público y colocan el saco en la calle directamente. Por ese motivo, el consistorio impuso 7.500 sanciones, según un responsable municipal.
Los sacos son de cinco metros cúbicos y actualmente no están homologados. Algunos son de un material más resistente que otros. De momento, el consistorio homologará el modelo de sacos, y si pese a ello se sigue produciendo un ocupamiento desordenado de la calle, acabará convocando un concurso y otorgando una concesión a la empresa que lo gane, como hace en la mayoría de las contratas relacionadas con la limpieza y el mantenimiento de la ciudad.
En la misma comisión de gobierno se decidió solicitar al Ministerio de Fomento la cesión a favor del consistorio del tramo de la autopista B-23 entre los puntos kilométricos 0 y 0,5, justo la zona de la Diagonal que está a la altura de la avenida de Albert Bastardas.
La apertura de esa avenida obligará a demoler un tramo del tronco central que separa ambos sentidos de circulación en ese punto de la Diagonal, que en ese tramo, al tratarse de una vía de acceso, es de titularidad ministerial. Ferran Mascarell, concejal portavoz del consistorio, comentó que se trata de una autorización que se suele conceder sin excesivos problemas, como ocurrió en la Gran Via para colocar el semáforo de entrada a la altura de la Rambla del Poblenou. La apertura de ese tramo permitiría la salida de la ciudad por la calle de Albert Bastardas, lo que aliviaría la única salida del barrio de Les Corts, la avenida de Doctor Marañón, que si ya está sobrecargada los días laborables, todavía se colapsa más cuando hay partido de fútbol en el estadio del Barça.
En cuanto a otra negociación abierta, la de la cesión del uso del castillo de Montjuïc, Mascarell comentó que las conversaciones con el Ministerio de Defensa para buscar una alternativa a las antenas y el destacamento "están abiertas".
La comisión del Ayuntamiento también dio el visto bueno a las cuentas del consistorio del año pasado. Según los resultados presentados, el consistorio diminuyó su deuda en 58 millones de euros en 2005, aunque todavía arrastra 1.148 millones de euros. La disminución de la deuda del Ayuntamiento ha sido progresiva desde 1993, salvo en el ejercicio de 2004 por las inversiones asociadas al Fórum.
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