Azkuna reconoce que dueños de pisos ganan más de 4.000 euros al mes con alquileres irregulares

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, reconoció ayer que en la capital vizcaína existe gran cantidad de pisos subarrendados de forma irregular que se han convertido en auténticos negocios para sus propietarios, que llegan a ganar así más de 4.000 euros mensuales. Sin embargo, el primer edil insistió en que es un asunto civil en el que no puede intervenir el Ayuntamiento y rechazó hablar de "pensiones ilegales". El alcalde entró en el debate abierto tras la muerte de cuatro personas en un incedio el sábado en una pensión para excluidos sociales. La ONG que gestionaba ese local anunció ayer que seguirá trabajando para dar cobijo a ese colectivo y recalcó que en el barrio de San Francisco hay "muchas pensiones ilegales".

El incendio en la calle San Francisco, una de las zonas más deprimidas de Bilbao, ha destapado una práctica conocida por muchos, pero aparcada en el olvido: los alquileres de pisos o habitaciones en condiciones de hacinamiento, en especial a inmigrantes y personas en situación de exclusión. La pensión gestionada por la ONG La Posada de los Abrazos suponía una excepción a lo que ocurre habitualmente en el barrio, como recalcaron ayer sus responsables. "Tenía todos los permisos en regla, lo que no suele ser habitual", dijo uno de sus trabajadores, en sintonía con lo afirmado los últimos días por el Ayuntamiento de Bilbao.

Azkuna hizo una encendida labor de esta ONG y recalcó que si no existiese "mucha gente excluida estaría en la calle". El primer edil, como han hecho otros responsables del consistorio, rechazó hablar de "pensiones ilegales" e instó a diferenciar estas posadas de "los pisos que puede alquilarlos cualquier persona y el Ayuntamiento no puede regularlos". "No conozco una pensión ilegal en Bilbao. Si alguien sabe algún caso que es ilegal que nos lo diga. Otra cuestión es el piso que tú puedes arrendar a alguien y éste mete ahí a diez personas", destacó.

El primer edil admitió que hay muchos casos de estos alquileres en que los inquilinos viven hacinados, lo que reporta a los propietarios de los pisos, a los que tildó de "sinvergüenzas", hasta más de 4.000 euros mensuales. "No irán a la cárcel, porque están con la legalidad, pero irán al infierno por meter a diez o quince personas en un piso de 70 metros cuadrados".

Sin embargo, opinó que en esta cuestión la responsabilidad es de las comunidades de propietarios, que, a diferencia del Ayuntamiento, pueden ir a los tribunales. "Es un asunto civil", insistió. El consistorio ya ha tenido experiencias negativas en los juzgados, con recursos desestimados. "El Ayuntamiento como parte acusadora va de cráneo. En la experiencia que tenemos ya nos han dicho que esto es privado. Aquí tiene que venir la comunidad y denunciarlo", apostilló.

El consistorio no tiene cuantificadas las pensiones existentes en Bilbao, porque los expedientes se incluyen en una lista con otros negocios, como una peluquería o una tienda de juguetes.

Confusiones

Los responsables de la ONG se quejaron ayer de que el siniestro haya despertado confusiones con aquello que quisieron "combatir", en alusión a las pensiones que no funcionan legalmente. En su primera comparecencia pública, aseguraron que su pretensión era luchar contra esta práctica "pero de la única manera humana y realista, creando alternativas". Se mostraron asombrados por la postura de una asociación vecinal, ya que, aseguraron, hace unos meses se enteraron de que todas las posadas de su inmueble habían sido denunciadas, salvo la suya. "No se puede meter en el mismo saco a las pensiones ilegales y a sus alternativas. Así cerramos el paso y la dignidad e las personas que viven en situación de exclusión social".

Una de las trabajadoras de la ONG elogió a los tres inquilinos fallecidos, que "dignificaban y daban legitimidad" a la pensión. Una situación contraria, sostuvo, a lo que ocurre en los pisos que funcionan como pensiones de forma irregular, "en los que nunca se sabe cuántas personas hay dentro y nunca quieren dar una factura o un recibo, ésas que no legitiman la ciudadanía de los que viven dentro".

La entidad sin ánimo de lucro mantiene el contacto con la decena de personas que fueron desalojadas de la pensión incendiada, quienes les han asegurado su deseo de permanecer viviendo juntos. La ONG pretende seguir proporcionando alojamiento a los excluidos, aunque no ha decidido si abrirá otra pensión.

A la marcha convocada para el viernes en Bilbao en recuerdo de los fallecidos se habían sumado ayer 37 colectivos. La investigación sobre la causa del incendio continúa, tras descartarse que fuera intencionado. El alcalde señaló que los técnicos municipales han comprobado que la estructura del inmueble se encuentra "bastante bien", por lo que no se prevé ningún derribo.