Bruselas exige explicaciones a España por las nuevas funciones de la CNE

La batalla por el control de Endesa, la mayor empresa eléctrica española, por la que pugnan Gas Natural y el gigante energético alemán E.ON, ha registrado una nueva subida de tensión. La Comisión Europea anunció ayer que ha enviado una carta al Gobierno español pidiéndole explicaciones sobre el reciente aumento de competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que pueda analizar la OPA lanzada por el grupo alemán. El Ministerio de Asuntos Exteriores coordinará la respuesta española, para la que Bruselas ha concedido un plazo urgente de 10 días.

Los servicios del comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, enviaron el pasado viernes una carta a España en el marco de la oferta de compra de E.ON sobre Endesa, según manifestó su portavoz, Oliver Drewes. La misiva se refiere al decreto aprobado por el Gobierno español el pasado 24 de febrero que aumenta las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que este organismo regulador pueda analizar la OPA lanzada por el grupo alemán. En la práctica, el decreto implica que la posible compra de Endesa por E.ON deberá ser autorizada previamente por la CNE.

Los servicios de Mercado Interior consideran que las medidas establecidas en el decreto "podrían crear obstáculos al derecho de establecimiento de los ciudadanos de un país en otros Estados miembros, así como al libre movimiento de capitales dentro de la Comunidad, y hacer menos atractivo el ejercicio de estas libertades y el establecimiento de empresas", según precisó Drewes.

Contradicción

Fuentes del Gobierno español hicieron notar ayer la "contradicción" del contenido de la carta, ya que pide información y, al mismo tiempo, da por sentado que se pueden haber producido obstáculos al libre movimiento de capitales.

La carta de la Comisión plantea cuestiones concretas como la siguiente: "¿Qué criterios utilizará la CNE para determinar de antemano la probabilidad de que actividades realizadas por el adquiriente constituyan un obstáculo al funcionamiento de las empresas que operan en el sector regulado?". O "¿Qué razones concretas pueden presentar las autoridades españolas para justificar un control ex antes de estas operaciones, en lugar de la publicación por parte del regulador nacional de criterios claros que puedan utilizarse ex post para evaluar la protección adecuada de intereses públicos específicos?".

Por lo que respecta al caso concreto de la OPA de Endesa, las preguntas del director general adjunto de Mercado Interior, Thierry Stoll, firmante de la carta, son muy precisas. Así, plantea "cuáles fueron las bases jurídicas y los criterios aplicados para la concesión de la autorización otorgada a Gas Natural para adquirir Endesa"; o "cómo pueden garantizar las autoridades españolas que la aplicación del decreto ley no tendrá como resultado un tratamiento discriminatorio de otros competidores de Gas Natural en la adquisición de Endesa".

La carta enviada por Bruselas no significa, sin embargo, la apertura de un procedimiento de infracción (suelen iniciarse mediante una carta posterior), sino que pretende recabar información sobre el contenido y alcance del real decreto, según fuentes comunitarias. La Comisión no tomará ninguna decisión hasta que no haya recibido respuesta de las autoridades españolas. La contestación formal de la carta de McCreevy la coordinará el Ministerio de Asuntos Exteriores. Si la Comisión no está satisfecha con la respuesta española, podría abrir expediente de infracción.

El ministro de Industria, José Montilla, declinó ayer hacer manifestaciones sobre la carta, precisando que "todavía la estaban estudiando". Fuentes de Industria señalaron que el objetivo del decreto no era proteger Endesa, "sino a todas las empresas del sector energético, un sector que se considera estratégico".

Por otra parte, también ayer se conoció el contenido de una carta enviada por el secretario de Estado alemán, Georg Wilhelm, al secretario general de la Energía español, Antonio Fernández Segura, en la que el Ejecutivo alemán asegura que él "no puede vetar la adquisición de E.ON ni posee derechos de control (...)". No obstante, el Gobierno alemán reconoce que "en el caso de una eventual adquisición de E.ON por terceros, el Ministerio de Economía puede exigir a E.ON vender la totalidad de las acciones de su filial Ruhrgas". La exigencia, que en la práctica es un poderoso instrumento de disuasión para operaciones no deseadas, tiene validez hasta el año 2012.