Miles de sudaneses quedan en el limbo

Los cadáveres de 29 sudaneses llevan dos meses pudriéndose en el depósito de El Cairo. Murieron en la violenta intervención que la policía egipcia realizó el pasado 30 de diciembre para disolver la acampada que 2.500 refugiados mantuvieron durante tres meses frente a la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El calvario burocrático de sus familiares para poder darles sepultura ilustra el sentimiento de abandono y discriminación que motivaron aquella protesta. "Nadie nos hace caso", resume el sobrino de una de las víctimas, que ha renunciado a repatriar su cuerpo a pesar de que la familia espera en Sudán para celebrar el entierro.

Michel (nombre supuesto) habla desde el anonimato porque su insistencia en querer trasladar el cadáver hasta su Wau natal, en el sur de Sudán, le ha granjeado amenazas telefónicas y un reciente registro irregular de su piso por agentes de paisano. Tiene miedo. El mismo miedo que tiene Iman para no denunciar a la policía la desaparición de su hija de un año y medio. La perdió de vista cuando la detuvieron aquella mañana de diciembre y no ha logrado encontrarla al salir de la cárcel. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene noticia de su caso y del de un hombre que desde entonces busca a su mujer y a su hijo.

"Sus nombres no estaban ni entre los fallecidos ni entre los detenidos", confirma una fuente de ese organismo que no puede facilitar más datos. Reconoce no obstante que los refugiados sudaneses en Egipto no están integrados, afrontan problemas de racismo, dificultades de acceso al trabajo y en algunos casos trabas con el idioma. Al tratarse de refugiados urbanos no viven en campamentos donde las agencias humanitarias cubren sus necesidades básicas. "Es ese futuro tan negro lo que les empujó a llegar hasta ese punto", interpreta respecto a la acampada.

"No tenemos nada; ni trabajo, ni dinero, ni derechos", ratifica Suleimán Ahmed Eissa, en la plaza de Mahmud Mustafá, el mismo lugar donde se realizó la protesta. Allí, entre unas vallas y bajo la atenta mirada de los antidisturbios, ha situado su punto de recepción el ACNUR para evitar las aglomeraciones frente a su sede, situada en una bocacalle. Mahmud, de 23 años, acude todos los días a primera hora con la esperanza de lograr una cita y saber qué hay de su solicitud para ser realojado en un tercer país.

Mahmud, originario de Darfur, es afortunado por disponer de la tarjeta azul que le reconoce oficialmente como refugiado, pero no todos los aspirantes logran ese estatuto. Desde 1994, la oficina de ACNUR en El Cairo ha recibido 60.000 solicitudes de sudaneses de las que ha rechazado 15.000, tiene pendientes de examinar 10.000 y ha reconocido 32.000, a la mitad de los cuales ha logrado realojar en terceros países. Fuentes humanitarias disputan esta política que deja a los rechazados en el limbo legal.

La frustración de los refugiados sudaneses, un pequeño porcentaje de los tres millones que viven en Egipto, ha ido creciendo en los dos últimos años. Sin duda, las dificultades económicas alientan el recelo de los egipcios menos afortunados hacia una mano de obra más barata, y los refugiados, a los que la ley egipcia trata como unos extranjeros más, son el eslabón más débil. Pero lo peor para ellos ha sido la decisión del ACNUR de suspender las entrevistas para decidir quién es refugiado tras el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Jartum y la guerrilla del sur en abril de 2004, salvo para casos excepcionales como los originarios de Darfur.

"Muchos no entrarían ya en la categoría de refugiados, pero como la paz todavía no es sólida les seguimos registrando, les damos las tarjetas amarillas con las que obtienen un permiso de residencia y así les protegemos del riesgo de deportación", explica Damlew Dessalegne, vicerrepresentante del ACNUR, que rechaza que eso justificara la protesta. En su opinión, "quieren ir a terceros países porque no están felices en Egipto". Pero sin la tarjeta azul eso no es posible. Dessalegne descarta que la discriminación sea algo sistemático.

"Padecen los mismos problemas que los egipcios desfavorecidos: el paro, la falta de alojamiento adecuado y unos servicios públicos muy pobres, pero ¿significa eso que sólo los países ricos deberían recibir refugiados?", se pregunta el funcionario.

El director del programa de Estudios sobre Refugiados en la UAC destaca la contradicción entre no reconocerles como refugiados ni proporcionales las condiciones para que regresen a casa. La mayoría de los consultados coinciden en que la alternativa de "supervivencia y sustento en Egipto es muy difícil".