Un imputado pide al juez que aclare el archivo provisional del caso de las facturas falsas de Terra Mítica

El abogado de Vicente Conesa, uno de los 24 empresarios imputados en la investigación de un posible delito fiscal a través de facturas falsas que implica a 17 empresas, entre ellas Terra Mítica, ha pedido al juez que aclare el auto de archivo provisional que dictó el pasado martes. El letrado que representa a Vicente Conesa, sus dos hijos y su esposa -todos imputados en la causa- ha solicitado al Juzgado de Instrucción número tres de Valencia que explique por qué ha decidido devolver a la Agencia Tributaria toda la causa -aunque un auto de la sección tercera de la Audiencia declaró nulo todo lo actuado en la vía penal respecto del delito fiscal porqué Hacienda no dio audiencia previa a uno de los imputados antes de enviar el expediente a la Fiscalía pero no así del societario y del de falsificación- y por qué ha suspendido las diligencias previstas, entre ellas la declaración de cinco imputados.

El escrito de Conesa no se entiende como un recurso en sentido estricto sino una simple petición de aclaración del alcance exacto del auto de archivo provisional, según fuentes de la investigación. El auto contempla la "suspensión de la tramitación de las diligencias" y el "archivo provisional" en espera de que Hacienda cumpla el trámite de audiencia previa para todos los imputados que lo soliciten porque en su momento no se les dio traslado de esa posibilidad. La inspección tributaria tiene ahora que dar esa audiencia previa porque Francisco Escoto, empresario también imputado, presentó un recurso que estimó la Audiencia de Valencia. La letrada de Escoto, según las mismas fuentes, también se ha dirigido al juez en términos parecidos. El archivo provisional de la investigación de todos los delitos favorece su prescripción.

Conesa fue señalado por varios de los imputados que prestaron declaración como el eslabón entre el parque y las empresas proveedoras de servicios en 2000 y 2001. La defraudación que se investiga, por importe de 4,4 millones de euros, cifra la de Conesa en 2,8 millones de euros. Conesa apareció vinculado a unas supuestas adjudicaciones irregulares del ayuntamiento de Benidorm en 1995 cuando Eduardo Zaplana era alcalde de la ciudad.