El Gobierno de Pujol conocía desde 1996 las irregularidades del Consorcio de Turismo

El Gobierno de Jordi Pujol conocía detalladamente desde 1996 las irregularidades en el Consorcio de Turismo de Cataluña que, denunciadas por Iniciativa y CC OO, se saldaron el año pasado con penas de cárcel para nueve militantes de Unió Democràtica. Así se desprende del informe encargado por el Gobierno de CiU en 1996 a un despacho de abogados, que desvela indicios de "prevaricación" y "soborno" en ese organismo. El gabinete jurídico recomendó entonces a la Generalitat que emprendiera acciones legales, si bien el Gobierno catalán nunca formalizó denuncia alguna.

El informe jurídico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fue encargado por el Departamento de Turismo de la Generalitat en octubre de 1996, entonces bajo la dirección de Antoni Subirà, y meses después de que comenzaran a circular rumores sobre supuestas irregularidades en el consorcio bajo tutela de Unió Democràtica. Elaborado por el despacho Jané y Solà Abogados, el documento alertaba de indicios de "prevaricación" y "soborno" en un organismo en el que se advirtió la facturación de productos por encima de su precio real y favoritismos de todo tipo hacia proveedores de la órbita democristiana.

El informe recomendaba a la Generalitat que emprendiera acciones legales. El Gobierno de Pujol nunca optó por esta vía y sólo se personó como parte afectada dos años después, cuando Iniciativa y Comisiones Obreras llevaron el caso a la fiscalía.

Concretamente, el informe de los abogados cuestionaba duramente la política de compras del consorcio, reiteradas irregularidades en la contratación de servicios y sistemáticas transgresiones de los límites presupuestarios. Sobre las compras de productos, los letrados alertaron entre otros aspectos de la "mala gestión" de objetos de regalo en 1994 por valor de 114,4 millones de pesetas, unos 687.500 euros.

Además, la mayor parte de estos contratos de compra se realizaron sin concurso previo, lo que llevó, según el informe, a superar "reiteradamente" los límites legales para realizar contrataciones directas. Y no sólo esto: buena parte de estas compras, con facturas de hasta 226 millones de pesetas, fueron realizadas a empresas "con vinculaciones familiares" con el director de la época, el ahora oficialmente fallecido Joan Cogul. De algunas de estas empresas proveedoras, el informe asegura que "prestaban sus servicios de forma exclusiva al Consorcio de Turismo". También sorprendió a los autores del estudio que algunas de estas empresas vendían por igual objetos de regalo e informes sobre el sector turístico, unos estudios que, como demostraron los jueces, fueron copiados y carecían de cualquier valor.

Infracciones penales

Con todo ello, el bufete de abogados contratado por el Turismo concluyó: "Es innegable que el resumen de irregularidades da posibilidades de abrir un expediente administrativo contra el director del consorcio [Joan Cogul] para depurar sus responsabilidades". Y añadió: "Según mi criterio estas irregularidades no se debieron exclusivamente a la negligencia o a la mala gestión", sino que también daban pie a "infracciones de tipo penal". A continuación, el abogado recomendaba dar cuenta de las irregularidades al Servicio Jurídico Central de la Generalitat para que después se pudieran emprender acciones penales.

Cuando el entonces director general de Turismo, Josep Cortadellas, recibió el informe del despacho de abogados, éste replicó en una misiva que toda la información sobre el caso había sido enviada a la Sindicatura de Cuentas. Sin embargo, no se supo nada más de las posibles acciones judiciales que recomendaba el informe inicial.

El proceso penal no se abrió hasta dos años después de que el Gobierno de Pujol conociera este informe. Pero no fue el Ejecutivo el que lo inició, sino Iniciativa per Catalunya, en la oposición, que acudió a los tribunales de la mano de Comisiones Obreras para denunciar, en principio, la contratación de servicios por parte del consorcio sin el preceptivo concurso público. Poco después salieron a la luz otros episodios delictivos como la compra de estudios que resultaron ser meras copias de informes ya publicados. El caso no se cerró hasta noviembre del año pasado, cuando el juez condenó con penas de entre dos y tres años y medio de cárcel a nueve militantes de Unió por malversación de fondos del consorcio.

Ahora, ante las nuevas pruebas, el consejero de Turismo, Josep Huguet, está estudiando acudir de nuevo a los tribunales y reabrir así el caso. CiU considera que con ello Huguet "sólo busca pringar" a los nacionalistas.