El PSOE se querella por prevaricación contra la concejal del PP en Latina

El grupo municipal socialista ha presentado una querella criminal por presunta "prevaricación y tráfico de influencias" contra la concejal-presidente de Latina, Nieves Sáez de Adana (PP), y Borja Ballarín, ex alto cargo de esa junta. La denuncia sostiene que Ballarín participó en 2004, con el conocimiento de la concejal, en la adjudicación de sendos contratos a la empresa Urbasa, administrada por el hermano y la cuñada del entonces alto cargo de Latina. Sáez de Adana, que hace dos meses reconoció esos hechos, no quiso hablar ayer.

Los concejales socialistas Noelia Martínez y Óscar Iglesias presentaron la querella el pasado 3 de febrero ante los juzgados de plaza de Castilla, y dos semanas después el caso fue asignado al juzgado de instrucción número 10 de Madrid. Éste ha abierto "diligencias previas" y ha pedido opinión al ministerio fiscal, según el abogado de los querellantes, José Mariano Benítez de Lugo. Además de acusar de prevaricación y tráfico de influencias a Sáez de Adana, y de tráfico de influencias a Borja Ballarín, el PSOE acusa de este mismo delito a Salvador Ballarín y Beatriz Barrachina, hermano y cuñada de aquél y ambos administradores de la empresa Urbasa.

La prevaricación [dictar una resolución injusta, a sabiendas de que lo es] comporta una pena de inhabilitación de siete a diez años; el tráfico de influencias, seis meses a un año de prisión e inhabilitación de tres a seis años.

La querella estudia el proceso de tramitación de dos contratos que la Junta de Latina adjudicó a la empresa Urbasa en julio de 2004 y junio de 2005, para realizar la dirección facultativa de las obras de rehabilitación, en dos fases, del colegio Joaquín Dicenta. El monto total de los dos contratos es de 21.266 euros.

El PSOE sostiene que los trámites que siguieron esos dos expedientes -la Junta llamó a tres empresas, les pidió que presentaran sus ofertas y eligió "la más ventajosa para los intereses municipales"-fueron un montaje formal, porque "la adjudicación a Urbasa estaba predeterminada desde el inicio, de común acuerdo entre los querellados". Para apoyar esa acusación, los socialistas destacan tres presuntas irregularidades:

En primer lugar, la querella afirma que los dos contratos adjudicados tenían "el mismo objeto", la dirección facultativa de unas obras de rehabilitación, y que por tanto deberían haber sido englobados en un solo expediente. No hacerlo permitió a la junta tramitarlos como "contratos menores" (con un monto inferior a 12.020 euros), lo que "flexibiliza notablemente" el procedimiento. No hubo concurso público sino procedimiento "negociado": la junta escoge a dedo a tres empresas y luego elige, de entre ellas, la que presente mejor oferta.

Abstención obligada

En segundo lugar, el PSOE denuncia la participación del funcionario Borja Ballarín -que desde julio de 1995 está destinado en la Junta de Carabanchel, pero en el momento de los hechos era jefe de los servicios técnicos en Latina- en el procedimiento de adjudicación. Ballarín, tal y como confirmó a este periódico el pasado 18 de diciembre, firmó las propuestas de adjudicación de los contratos aun sabiendo que, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debía abstenerse por tener parentesco con los dueños de una de las empresas candidatas.

Ballarín explicó que él, consciente de que su intervención podía vulnerar la ley, se lo advirtió a la concejal. "Le planteé si debía abstenerme, pero ella consultó a los servicios jurídicos y me aseguró que no había ningún problema porque quien iba firmar las adjudicaciones en última instancia era ella, no yo", contó el funcionario.

Sáez de Adana confirmó el relato de Ballarín, y añadió: "Beatriz Barrachina es una gran arquitecta, no se le puede impedir trabajar porque sea la cuñada de un funcionario. Por eso, cuando nos planteamos acometer la obra de reforma del colegio Joaquín Dicenta, le dije a Borja Ballarín que debía invitar a Urbasa al procedimiento, porque yo sabía que haría bien ese trabajo".

Por último, los socialistas destapan diversas irregularidades que, a su juicio, demuestran que el único fin del procedimiento era "dar apariencia de concurrencia a la adjudicación de un contrato que estaba previamente decidido [a favor de Urbasa]": las tres empresas convocadas presentaron sus ofertas el mismo día en que se iniciaba el expediente o al día siguiente, "sin tiempo material para estudiar su viabilidad"; la arquitecta Beatriz Barrachina firmó el "acta de replanteo para inicio de las obras" casi un mes antes de que se le adjudicaran; y la propuesta de adjudicación a Urbasa la firmó Borja Ballarín el 7 de junio de 2005, "cinco días antes" de que entraran en el registro municipal las propuestas económicas de sus competidoras.

Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la versión de Nieves Sáez de Adana y Borja Ballarín. Una portavoz municipal señaló que Sáez de Adana no ha recibido la notificación de la querella y que no hará declaraciones por "respeto a los procedimientos judiciales".