A pesar de todo, se mueve

El nivel de ruido en la escena política es de tal calibre que no permite saber dónde estamos ni hacia dónde vamos. Pero de susto en susto llevamos ya más de dos años de Gobierno tripartito y nos acercamos a ese momento álgido en el que el balance de la legislatura se va conformando. De todos es sabido que las legislaturas que transcurren con una cierta normalidad, se deciden en los dos años intermedios. Se ha convertido en un tópico referirse al primer año de una legislatura como el año de los proyectos, los dos años siguientes como los años de las realizaciones y puestas en práctica, y el último año como el de las inauguraciones y de los preparativos de la inmediata campaña electoral. Esto se acentúa cuando el gobierno entrante no goza de los privilegios de la continuidad. El Gobierno de la Generalitat está situado en ese momento intermedio en el que lo que no logre hacer avanzar en pocos meses quedará en el apartado de proyectos pendientes. Y todo ello al albur de los efectos que pueda tener el desenlace incierto de la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía del país, que es precisamente la gran apuesta del periodo. O sea, que los consejeros catalanes saben que les queda relativamente poco tiempo para ultimar proyectos y dejarlos en posición de rendición de cuentas.

Pretender realizar un cierto balance en momentos como los actuales es casi heroico. El proceso de reforma estatutario ha sido y es extenuante. Como bien sabemos, la combinación de requisitos legales que exigían el consenso de Convergència i Unió (CiU), la indigestión total del PP con relación a los resultados de las elecciones generales del 14 de marzo, la apertura de una coyuntura tremendamente favorable para encarar el fin de la violencia política en Euskadi, y el énfasis en valores y memoria histórica con que José Luis Rodríguez Zapatero encaró la legislatura española (a falta probablemente de alternativas sólidas en políticas más decisivas), han situado el escenario político catalán y el español en general en una tesitura insólita de frentismo bicolor trufado de conflicto ideológico y territorial. Este frentismo, no por conocido desde el punto de vista histórico (o precisamente por ello) deja de ser menos inquietante. A nadie parece preocuparle lo que ocurre en las políticas absorbidos como estamos por la política politiquera. Lo cierto es que, a pesar de todo, algo se está moviendo en Cataluña.

Un repaso somero a los contenidos del Pacto del Tinell, y una visita a la web de la propia institución que informa sobre lo acaecido en la labor de gobierno (www.gencat.net/pladegovern/indicadors) nos indica que se han dado avances significativos en asuntos muy importantes para la calidad de vida de los catalanes (educación infantil, equiparación de los horarios de la escuela pública y la concertada, con incremento notable de profesores; planes educativos de entorno, planes de actuación en barrios degradados, protección de espacios naturales y enclaves costeros amenazados, inicios de descentralización sanitaria y mejora de la atención primaria, avances en políticas de inclusión, reforzamiento significativo de las políticas de vivienda, avances en diagnóstico de la justicia...), mientras que en otros asuntos el balance es menos positivo (división territorial, fracaso escolar, falta de modelo claro de desarrollo territorial, reforma administrativa, cambio en la política energética...). Desde mi punto de vista, lo más importante es que parece que se están poniendo las bases para cambiar inercias y lógicas que por repetidas a lo largo de más de 20 años acabaron pareciéndonos naturales. El estilo uniónconvergente, con un liderazgo tan peculiar y continuado, había ido degenerando notablemente, y ahora empieza a estar claro que los últimos cuatro años de Gobierno pujolista fueron claramente prescindibles. Tras el susto de las elecciones de 1999, lo cierto es que los convergentes no se sobrepusieron y dedicaron más esfuerzos a tratar de recomponer liderazgos e imagen política que a replantear las políticas autonómicas ante lo que nos estaba cayendo encima: precariedad laboral, encarecimiento de la vivienda, oleada migratoria evidente y grandes impactos en educación y sanidad, déficit de inversión en cuidado y atención social a la infancia y a los ancianos, falta de atención a los problemas ambientales y dejación ante la grave y profunda crisis del sistema educativo. Por otro lado, su conocido antimunicipalismo les impidió reforzar y apoyar sin reservas a los gobiernos locales, cada día más decisivos en el bienestar colectivo y la cohesión social. Las cosas han empezado a cambiar, aunque el fragor de los combates y los muchísimos errores cometidos por el propio tripartito impidan discernir con claridad lo que acontece.

El asunto de las encuestas de Presidencia, destapado estos días, vuelve a retrotraernos a momentos y escenas que parecían superadas. Es evidente que la creación del Centro de Estudios de Opinión no resuelve la posibilidad de que varios organismos de la Generalitat puedan optar por hacer encuestas motu proprio, pero al menos legalmente se ha formalizado la cuestión y los que sigan realizando esas prácticas saben que incumplen lo previsto y que pueden acabar imputados por utilizar fondos públicos con fines discutibles y partidistas. Lo que ha aflorado estos días, con decenas y decenas de encuestas con temas y asuntos peregrinos y de muy difícil justificación, no hace sino reforzar la visión de una larga etapa de gobierno que durante años entendió las instituciones como un feudo propio, que utilizar de manera discrecional. En este aspecto, parece haberse encauzado mejor este tipo de consultas. Ahora bien, no hay duda de que, en general, las cosas no están como para lanzar cohetes. La labor del Gobierno tripartito arroja muchos claroscuros. Hay departamentos cuya labor es francamente mejorable, y el tiempo para rectificar el rumbo empieza a agotarse. Pero, insisto, al menos se ha asumido que no íbamos bien, y se ha empezado a hacer cosas que, aunque de manera fragmentaria y discontinua, ofrecen signos de mejora. Quedan algunos meses para aprobar el nuevo Estatuto, modificar percepciones y comprobar resultados.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.