La fiscalía investiga el 'caso Quintana' y pide información a la Diputación alavesa

La fiscalía ha solicitado a la Diputación de Álava información sobre el caso Quintana, las supuestas irregularidades cometidas por el ex juntero peneuvista y veterinario José Fernando Quintana en la identificación y sanidad de animales de las explotaciones ganaderas de su familia. La Administración foral remitió un informe en respuesta a la petición hace una semana. Las preguntas de la fiscalía llegan tras confirmar la Diputación en las Juntas Generales las supuestas irregularidades en las explotaciones de los Quintana. La Agencia Vasca de Protección de Datos investiga además si los documentos publicados por este diario sobre el caso han supuesto una vulneración de datos personales.

El caso Quintana se inició precisamente en los juzgados de Vitoria a raíz de una denuncia del Departamento de Sanidad que terminó en un procedimiento en el que fueron imputados Quintana, gerente entonces de la cooperativa Abeltzain, encargada de la sanidad animal alavesa; su compañera sentimental, María Aranzazu Zúñiga; su cuñado, Luis Javier Chasco, y su padre, Eduardo Quintana. El procedimiento terminó en una sentencia acordada por las partes (fiscalía, acusación particular y defensa) que condenó a Eduardo Quintana por falsificación y estafa y sobreseyó provisionalmente otro delito contra la salud pública.

La presente actuación del Ministerio Público se produce después de que un ciudadano informase a la Fiscalía Anticorrupción tanto de dicha sentencia como de las informaciones que sobre el caso ha venido publicando este diario desde el pasado mes de septiembre.

La petición de información de la fiscalía no supone necesariamente reabrir el caso. Sin embargo, al estar sobreseído de forma provisional no se considera cosa juzgada y puede, si la fiscalía lo considera pertinente, volver a impulsarse. Los delitos contra la salud pública son perseguibles de oficio. Por el momento, en el juzgado de Vitoria que dictó la condena el caso sigue archivado.

La sentencia condenó a seis meses de prisión e inhabilitación por cada delito a Eduardo Quintana. Ambas condenas fueron sustituidas por sendas multas que suman 1.620 euros.

En la vista de la causa, el entonces jefe de Ganadería de Álava, Florencio Beltrán de Heredia, firmó un informe que resulta contradictorio con el propio apartado de hechos probados de la sentencia y con la investigación que, a partir de septiembre, realizó la Diputación. Por otro lado, el responsable foral de bovino, el veterinario Javier Lauzurica, actuó también como testigo en favor de Quintana, dando por imposible lo que luego quedó demostrado en los hechos probados de la sentencia en lo que respecta a la identificación de animales.

Investigación foral

Desde que se conoció la sentencia hasta ahora, la Diputación ha inhabilitado a Quintana, ha exigido su cese como gerente de Abeltzain, ha destituido a Beltrán de Heredia y ha confirmado supuestas irregularidades de identificación y sanidad en las explotaciones de este grupo familiar.

La condena a Eduardo Quintana se basó en que, según los hechos probados, 29 animales murieron entre enero de 2000 y septiembre de 2001 por segunda vez e incluso uno lo hizo tres veces. La explicación es que tenían duplicado el DIB (Documento de Identificación Bovino) y el crotal (pendiente que llevan en las dos orejas los animales con el número del DIB y que les identifica de por vida). Por las 29 reses se cobró el seguro al darlas por fallecidas y luego todas fueron sacrificadas en los mataderos de Durango y Vitoria y se destinaron al consumo. De estos animales se desconoce su origen, su estado sanitario y su edad.

¿Cómo pudo este ganadero de avanzada edad duplicar la documentación y la identificación? La sentencia no lo dice, ya que se dictó por conformidad de las partes, tras devolver al seguro los acusados las indemnizaciones cobradas fraudulentamente. La defensa de los acusados, la fiscalía y la acusación particular llegaron a un acuerdo previo, se lo presentaron al juez en el juicio oral y éste le dio forma de sentencia.

"Explicación razonable"

Uno de los testigos fue Javier Lauzurica. Bajo promesa de decir la verdad, al ser preguntado sobre una "explicación razonable" a las coincidencias de crotales de animales muertos en explotación y cobrados al seguro y otros que posteriormente fueron sacrificados en el matadero, desechó cualquier posibilidad o sospecha de manipulación. Lauzurica justificó su conclusión en investigaciones exhaustivas en las cuatro explotaciones ganaderas afectadas. Concluyo que la información "dada" al seguro era "errónea", justo lo contrario de lo que reconocen las partes en los hechos probados.

Esta declaración se completa con el informe al juzgado del Servicio de Ganadería de Álava, con firma de Beltrán de Heredia. Asegura dicho documento que no hay constancia informática de un doble registro de baja (muerte), algo que además no permite el sistema. También señala el informe que el sistema informático da prioridad a la información que llega del matadero sobre otro tipo de bajas. Y asegura que sólo desde mediados de 2001 queda constancia documental exacta de las muertes producidas en las explotaciones. El último punto del informe reza: "No existen indicios para sospechar que hubo irregularidades en la identificación ni en la documentación (...), por lo que no procede dudar de la trazabilidad de ninguno de ellos, ni de la acción fraudulenta de sus propietarios, ni del posible riesgo para la salud humana derivada del consumo".