Batallas arbitradas por Bruselas

La poderosa E.ON, la mayor empresa energética del mundo, acudirá en los próximos días a las autoridades de competencia de Bruselas en busca de su bendición para adquirir la totalidad del capital de Endesa, la primera eléctrica española. Es muy pronto todavía para especular sobre el éxito de esta oferta. La operación, sin embargo, ha supuesto ya un alivio momentáneo para los directivos de Endesa, que ya veían perdida su batalla ante la operación lanzada el pasado septiembre por Gas Natural.

En el límite, "el interés estratégico nacional" de los españoles no es de rango inferior al esgrimido por los alemanes en defensa de sus empresas

Kroes quiere aplicar sanciones a compañías energéticas tras descubrir "distorsiones en el mercado" por las situaciones de monopolio creadas

No deja de ser una curiosa paradoja ver al gigante alemán, nacido en contra de los criterios de la autoridad antimonopolio de su país, recabando el respaldo de los órganos de competencia comunitarios. En 2003, E.ON pudo adquirir la totalidad de Ruhrgas gracias a una resuelta decisión política del Gobierno de Berlín, que consideró la operación estratégica para los intereses económicos alemanes, desoyendo los argumentos de la autoridad que vela por la competencia en Alemania, que había fallado en contra de la concentración por considerar que creaba una situación de monopolio perjudicial para los consumidores.

La primera reacción del Gobierno español, al defender la operación de concentración Gas Natural-Endesa, en contra de los criterios de los organismos de competencia españoles es perfectamente equiparable a la que hace tres años adoptaron las autoridades de Berlín. En el límite, "el interés estratégico nacional" de los españoles no es de rango inferior al de los alemanes. En el reciente caso de la opa de Mittal sobre Arcelor, son también perfectamente equiparables la defensa de los intereses europeos, esgrimida por el primer ministro luxemburgués, Jean Claude Juncker, como la efectuada por el primer ministro indio, Manmohan Singh, defendiendo los intereses de Mittal, pidiendo al presidente francés, Jacques Chirac, que fuera "justo".

La operación llega a Bruselas, que se encuentra inmersa en una doble cruzada contra los monopolios y el proteccionismo. Por una parte, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, acaba de anunciar que aplicará fuertes sanciones contra las grandes compañías energéticas europeas tras descubrir "serias distorsiones en el mercado" por las situaciones de monopolio creadas. Por otra parte, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, lamenta la escasez de fusiones trasnacionales, aunque sus preocupaciones se centran sobre todo en el sector financiero. Para el comisario de Energía, Andris Piebalgs, la falta de conexiones impide existencia de un verdadero mercado energético, necesario para asegurar los suministros y reducir las diferencias de precios.

Ante este panorama, varios analistas han expresado su confianza en que Bruselas arbitre entre los distintos intereses nacionales y encuentre la forma de anteponer la defensa de los consumidores que es la principal razón de ser de los organismos reguladores. Las cuestiones a resolver son bien precisas: ¿en qué medida la fusión de E.ON-Endesa o la Gas Natural-Endesa es más beneficiosa para los usuarios españoles y alemanes?; ¿en qué medida esta concentración entre la empresa alemana y la española incrementará las conexiones energéticas entre dos países sin fronteras comunes?

En medios próximos al Gobierno español se han barajado distintos argumentos para impedir la operación alemana, como el llamado "principio de reciprocidad". El razonamiento fue invocado por las autoridades italianas para frenar la compra de ENI por EDF. El Gobierno de Roma consideraba que no existía una relación de reciprocidad entre los mercados de ambos países. Italia era "un país liberalizado donde las compañías francesas podían comprarlo todo, mientras que las empresas italianas no podían adquirir la compañías de ciertos sectores como el energético porque no estaban a la venta por ser públicas". Los expertos consultados consideran que el argumento siempre puede ser invocado, pero recuerdan que el Tribunal Europeo nunca lo ha estimado, por considerar que es una forma de tomarse "la justicia por su mano es poco defendible desde la óptica jurídica". La batalla está completamente en manos de Bruselas, pero esto tampoco garantiza que la decisión esté al margen de los intereses de los Estados miembros. En un sector tan necesariamente regulado como el eléctrico, las empresas se lo piensan tres veces antes de actuar sin la bendición de los Gobiernos afectados que han mostrado interés.