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La reordenación del sector energético

La alemana puede comprar, pero no ser comprada

El Consejo de Ministros del viernes aprobó una serie de medidas para frenar la OPA de E.ON. El éxito de la oferta alemana dependerá mucho de que supere los diversos obstáculos que ha puesto en su camino el Gobierno español, que, por otra parte, ha aprovechado la polvareda levantada por la oferta hostil lanzada por Gas Natural sobre Endesa para acelerar cambios que el sector necesitaba desde hace años.

Las medidas aprobadas por el Ejecutivo, sin embargo, han provocado que el primer contraataque llegue vía Bruselas. La Comisión Europea comunicó a España el mismo viernes que no puede aplicar esas medidas sin tener su aprobación. Bruselas, tal como reseñó el portavoz de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, debe certificar que la ejecución de esas medidas son compatibles con el derecho comunitario.

El Gobierno español reaccionó inmediatamente y aseguró que si la Comisión las declara ilegales recurrirá al Tribunal de Luxemburgo para iniciar un proceso judicial que determine su validez. El Gobierno español está convencido de que la aplicación del decreto-ley es compatible con el derecho comunitario, según expresó ayer el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, quien añadió: "Entre las funciones de la Comisión está la de supervisar las posiciones de dominio de mercado y, en particular, las de sectores estratégicos".

Ahí es donde, a juicio del Gobierno español, radica el fondo de estas medidas. Según Moraleda, no se produce el principio de reciprocidad. Se refiere al blindaje que el Gobierno alemán instauró en E.ON en 2002 por 10 años cuando compró Ruhrgas. Según la normativa aprobada entonces, cualquier empresa que comprara E.ON estaría obligada a vender los activos de gas, lo que, en definitiva, significa que está poniendo un escudo para que a nadie se le ocurra intentar comprar E.ON, ya que el gas representa las dos terceras partes de sus ventas.

Es decir, E.ON puede comprar pero no ser comprada, con lo que el principio de reciprocidad al que tanto se apela en la Unión Europea salta por los aires.

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