El alcalde estudia aumentar las plazas para residentes en barrios con pocas oficinas

Tras las protestas vecinales de estos días, el Ayuntamiento estudia "modificar" la distribución de plazas para residentes y visitantes en los barrios en los que el servicio de aparcamiento de pago entra en vigor en marzo. El director general de Movilidad, Javier Conde, subraya que la extensión de los parquímetros no tiene vuelta atrás, pero admite que en algunas zonas residenciales podría aumentarse el número de plazas verdes -que ya superan el 75%- en detrimento de las azules (para visitantes). Conde reiteró lo ya dicho por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón: que los vecinos que ahora protestan "por desconocimiento" acabarán agradeciendo los parquímetros, "como ha ocurrido en otros barrios".

Vecinos de los barrios del Pilar y de La Paz (Fuencarral) se han manifestado a lo largo de esta semana para denunciar que, en esas zonas "plenamente residenciales", la implantación de los parquímetros no sólo no mejorará el aparcamiento, sino que les robará un 25% de las plazas (las reservadas para visitantes) en calles en las que antes "se aparcaba sin problema, y gratis".

"La ampliación de la red de parquímetros la vamos a mantener y entra en vigor el próximo mes, porque son los vecinos quienes la han pedido. Pero es cierto que, en algunos barrios muy residenciales, en lugar de poner un 75% de plazas verdes [para residentes], quizás podríamos aumentarlas hasta el 85% o el 95%. Lo iremos viendo en los próximos días", afirma Javier Conde. La ordenanza sólo obliga a que "al menos" el 75% de las plazas en cada barrio sea de residentes.

El servicio de estacionamiento regulado (SER) lo instauró en 2002 el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano, con 37.259 plazas en los barrios más céntricos. Pero ha sido el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón el que le ha dado un impulso mayor: a día de hoy son 87.818 plazas en 30 barrios. Y a partir del 1 de marzo serán 167.000 plazas (el 76%, para residentes) en 47 barrios de nueve distritos -toda la zona interior a la M-30, cuya población supera el millón de personas- más los cascos históricos de Carabanchel, Fuencarral y Hortaleza.

Es decir, en tres años el número de plazas en las que sólo es posible aparcar pagando casi se ha quintuplicado, y, al mismo tiempo, las tarifas han subido cerca del 50% (aunque sigue siendo más barato que dejar el coche en un aparcamiento subterráneo). El argumento del Ayuntamiento ha sido siempre el mismo: a Madrid entra cada día medio millón de coches, y si no se adoptan medidas disuasorias, como el aparcamiento de pago, los residentes no tendrían dónde dejar el coche.

Pero la última fase de extensión del SER, la que entra en vigor en marzo, ha desatado una oleada de protestas. Conde admite: "Probablemente no hemos comunicado bien la medida". Éstas son algunas de las preguntas que se hacen estos días los vecinos:

- ¿Por qué extender los parquímetros a barrios residenciales? La razón de ser del aparcamiento de pago es disuadir a los conductores no residentes a entrar en el centro de Madrid en coche. Pero ahora se extiende a todo el interior de la M-30, e incluso a barrios que, según los vecinos, son "plenamente residenciales". "Es que el centro de Madrid no es la Puerta del Sol, sino toda la zona delimitada por el anillo de la M-30. Todos esos barrios tienen el mismo problema: muchos coches circulando y poco espacio para aparcar. Hay que proteger a los residentes. De hecho, extendemos los parquímetros porque nos lo piden los vecinos", argumenta el director de Movilidad.

El concejal de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Pedro Calvo, añade: "Lo que no podemos hacer es crear una isla, dejar los parquímetros sólo en unos cuantos barrios del centro, porque entonces se produce el efecto frontera: los conductores se van a aparcar a los barrios próximos y los saturan". Si ese argumento se prolonga hasta el infinito, habría que extender el SER a toda la ciudad. "No, porque la M-30 es una frontera natural. Dejar el coche fuera y volver a cruzarla es mucho más complicado, no compensa", alega el edil.

Sin embargo, las dos zonas donde las protestas han sido mayores, una parte del distrito de Fuencarral y el casco histórico de Carabanchel, están ambas fuera de la M-30 (ver gráfico). "El caso del Pilar es especial: una parte está dentro de la M-30 y otra fuera. Es cierto que ahí los vecinos no lo habían pedido. Pero acabarían pidiéndolo", aventura Conde. "El efecto frontera habría acabado por llegar también allí. Los mismos que ahora protestan, dentro de unos meses estarían pidiéndonos los parquímetros con la misma vehemencia".

En cuanto a Carabanchel, el director general sostiene que los centros históricos de los distritos sufren "los mismos problemas de movilidad" que el centro de Madrid, porque actúan como "focos comerciales" de esas zonas menos céntricas. Y, por tanto, "el SER también les beneficiará".

- ¿Qué hace el que vive fuera y trabaja en Madrid? "Dejar el coche en casa", zanja Conde. "Queremos que la gente siga viniendo a Madrid, pero en transporte público. O que deje el coche en aparcamientos disuasorios, a las afueras". El responsable de Movilidad admite a continuación que en este momento no hay aparcamientos disuasorios suficientes.

- ¿Hay afán recaudatorio? El año pasado, el Ayuntamiento recaudó 45 millones de euros por los parquímetros y entregó 31 millones a las empresas que compran las máquinas y pagan a los vigilantes; obtuvo, por tanto, un beneficio de 14 millones. Este año están presupuestados 88 millones de recaudación y 70 millones de gasto: un beneficio de 18 millones. "Es decir, con el doble de zona SER, sólo cuatro millones más [porque las zonas de la ampliación son menos rentables, al tener menos uso]. ¿Alguien puede creer que extendemos el servicio para ingresar cuatro millones de euros más?", inquiere Calvo.

"Los vecinos que ahora protestan entenderán pronto que, por 24,60 euros al año [lo que cuesta la tarjeta de residente] tendrán garantizado el aparcamiento", insiste el edil. Y añade: "Barcelona, gobernada por el PSOE, también tiene parquímetros. Con una diferencia: los residentes pagan el doble: 52 euros al año".