Más medios contra la agresión machista

Casi todos los expertos que han participado en el II Congreso sobre Violencia Doméstica y de Género que se cerró ayer en Granada coincidieron en que una de las conclusiones positivas que ha dejado este foro ha sido que las administraciones públicas han renovado su compromiso de no escatimar esfuerzos ni dinero en solucionar esta lacra social. Según anunció en la inauguración de las jornadas el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, Andalucía contará a partir del año que viene con cinco nuevos Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer: uno en Córdoba, otro en Cádiz y uno en cada una de las tres capitales que ya cuentan con este servicio (Granada, Málaga y Sevilla).

La creación de nuevos juzgados responde a una de las demandas más escuchadas por jueces, fiscales y asociaciones de mujeres desde que, el pasado mes de junio, entraron los primeros en funcionamiento. Aunque, como señaló también López Aguilar, "no es ninguna alegría que una ciudad tenga dos juzgados de violencia contra la mujer". "Si se van a crear es porque, según los datos, se necesitan. Y eso no es bueno".

No obstante, la mayoría de los participantes en el congreso (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, representantes de las comunidades autónomas, asociaciones de mujeres, médicos forenses y miembros de instituciones penitenciarias), aplaudieron el anuncio del ministro.

Si bien, para algunos las previsiones del Ministerio se quedan cortas. La magistrada Inmaculada Montalbán, ponente en el congreso y miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, considera que Andalucía debería contar con al menos uno de estos juzgados exclusivos en cada capital de provincia. "En Huelva, Jaén y Almería hay juzgados compatibles para estos casos, pero que, además de violencia contra la mujer, tienen que despachar sus asuntos ordinarios. La práctica ha demostrado que su funcionamiento es más difícil", asegura la magistrada. "Hay que tender a crear juzgados específicos en aquellas ciudades con carga de trabajo suficiente. En el caso de Andalucía, habría que apostar por, al menos, uno en cada provincia", afirma.

Montalbán considera "muy positivo" que el Congreso haya servido, entre otros asuntos, para ratificar que la creación de estos juzgados ha acabado con la dispersión de denuncias que existía hasta ahora. "Cuando una mujer presentaba varias denuncias por agresión en diferentes momentos cada una estaba en un juzgado distinto y era muy difícil la coordinación", dice la magistrada. Además, a su juicio, la práctica ha demostrado que la existencia de un juez específico para violencia de género mejora también la coordinación con las instituciones.

Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Montserrat Comas, hizo pública ayer una nota en la que califica de "gran éxito" el resultado del congreso de Granada. Según Comas, la reunión de expertos ha puesto de manifiesto que la Ley Integral contra la Violencia de Género es "un buen instrumento" para combatir el problema y "un gran avance" en la asistencia a las víctimas. La presidenta considera también que los resultados obtenidos hasta ahora por los 17 juzgados exclusivos para estos casos están consiguiendo dar "una respuesta más eficaz y de mayor calidad" a las víctimas.

Comas se felicita asimismo del debate social y jurídico surgido en torno al congreso, que no ha pasado por alto los aspectos más polémicos de la ley. Entre ellos, el agravamiento de las penas para los hombres previsto en la norma, sobre la que se han presentado siete recursos de inconstitucionalidad. La práctica totalidad de los ponentes que han participado en el congreso han defendido la constitucionalidad de la ley. "El principio de igualdad que recoge la Constitución exige a veces un trato diferencial", señaló en su intervención Ana Rubio, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. En parecidos términos se expresó ayer el secretario de Estado de Justicia: "La ley es necesaria si se quiere conseguir que la igualdad que establece la Constitución se haga efectiva".