El Parlamento rechaza las "macrocárceles" como la prevista en San Sebastián
El Parlamento instó ayer a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, a que renuncie a la construcción de "macrocárceles" en el País Vasco, como la prevista en el barrio donostiarra de Zubieta. En la resolución, respaldada por el tripartito (PNV, EA y EB), EHAK y Aralar y que rechazaron socialistas y populares, la Cámara pide al Gobierno central que dé prioridad a la puesta en marcha de "centros de inserción social" y apueste por una "verdadera política de ejecución penal más progresista y humana".
El acuerdo partió de una proposición de Aralar modificada por una enmienda transaccional del tripartito. A petición de EHAK, la votación se realizó por puntos y sólo salieron adelante los dos apartados en los que se rechaza la construcción de "macrocárceles" y se reclama un cambio de la política penitenciaria.
En el pleno de la próxima semana se votarán los otros dos puntos, en los que se exige la transferencia al País Vasco de las competencias en materia penitenciaria y de la organización y gestión de las prisiones vascas. Esta parte de la proposición quedó en suspenso al producirse un empate entre los síes del tripartito y Aralar y los noes del PSE y el PP. EHAK se abstuvo. Si el empate se mantiene en la próxima sesión, la iniciativa decaerá.
Un modelo nuevo
Los representantes del PNV y EB, Nerea Antia y Oskar Matute, respectivamente, aseguraron que el Gobierno vasco tiene diseñado un "modelo [penitenciario] nuevo" que pretende "potenciar", aunque para ello reclamaron las competencias.
Aintzane Ezenarro, de Aralar, impulsora de la iniciativa, defendió que las cárceles no pueden convertirse en "almacenes de personas", por lo que propuso abrir un debate sobre la despenalización y la reinserción. Rafael Larreina, de EA, y Julián Martínez, de EHAK, también abogaron por dar un giro al actual sistema penitenciario, basado en la "venganza, exclusión y aglomeración en macrocárceles", dijo Martínez.
La socialista Mertxe Agúndez admitió que las prisiones vascas están "obsoletas" y defendió tanto la construcción de nuevos centros como la aplicación de medidas tendentes a la reinserción de los reclusos. Carlos Urquijo, del PP, insistió en que detrás de la declaración aprobada hay una "intención política clarísima", porque "quieren administrar la cárcel a su conveniencia, sobre todo en relación con los presos de ETA", afirmó en referencia a los partidos nacionalistas.
Este mismo debate se repitió ayer en las Juntas Generales de Guipúzcoa, que aprobaron una proposición no de norma en la que instan al Gobierno socialista a que "abandone" los planes de construir una cárcel en Zubieta, ubicación elegida para trasladar a los internos que ahora se encuentran en la de Martutene.
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