Tráfico utilizó radares sin poseer el documento que acreditaba su homologación

El Servicio Catalán del Tráfico (SCT) utilizó entre el mes de abril de 2005 y el de septiembre de ese mismo año 11 radares móviles sin tener el documento físico que acreditase su buen funcionamiento y homologación. El secretario de Seguridad Pública, Joan Delort, aseguró ayer que, aunque el SCT no disponía de los documentos correspondientes a la certificación del radar, eso no significa que el certificado no hubiera sido expedido, sino que por un error burocrático la Administración catalana no lo había recibido.

Los 11 radares que funcionaron más de cuatro meses sin el certificado físico de operatividad fueron enviados a la empresa encargada de hacer las certificaciones, (SIAISA) entre los días 24 de marzo y 1 de abril de 2005 para su revisión, y fueron devueltos a la división de Tráfico de los Mossos d'Esquadra a la que estaban adscritos entre el 12 y el 14 de abril. A partir de ese momento los radares fueron distribuidos por toda la red de carreteras catalanas y funcionaron a pleno rendimiento, pues el SCT entendió que si los radares habían sido devueltos sin ninguna advertencia, los cinemómetros cumplían con los requisitos necesarios para poder ser utilizados.

Según Delort, el SCT "pidió encarecidamente", y sin respuesta, los certificados que acreditasen la homologación de los radares. Hasta que el 27 de septiembre de 2005 el SCT decidió congelar, a la espera de recibir los documentos, todas las denuncias generadas por estos radares. A la vez, añadió ayer Delort, se "exigió" los documentos a la empresa encargada de expedirlos, que, por su parte, alegó que los había perdido. Dos semanas después, el 10 de octubre de 2005, llegaron 10 de los 11 certificados extraviados.

Provincia de Tarragona

El documento que faltaba pertenecía al radar número 1912, que entre el 24 de abril de 2005 y el 5 de agosto de ese mismo año hizo 44 servicios, principalmente en la provincia de Tarragona. Este radar generó 958 denuncias, 587 de las cuales ya se han pagado, y que ahora el SCT empezará a devolver, al entender que ha pasado demasiado tiempo sin recibir el certificado desde que el radar fue enviado para su homologación.

El secretario de Seguridad Pública aseguró también que esta medida se ha tomado para demostrar que "el objetivo del SCT no es tramitar denuncias a cualquier precio, sino reducir los accidentes y las víctimas".

Asimismo, Delort culpó del retraso en la entrega de los certificados de operatividad al Ministerio de Industria y a la empresa SIAISA y anunció que emprenderá acciones legales para exigir responsabilidades.

Los radares de control de velocidad deben pasar un control anual que acredite su perfecto funcionamiento, además, recientemente estos controles son más exhaustivos, puesto que los nuevos aparatos no sólo pueden medir la velocidad de forma estática, sino que también lo pueden hacer montados en un vehículo en movimiento.

Desde mayo de 2005, la homologación y expedición de los correspondientes certificados ya no es exclusiva del Ministerio de Industria y la empresa privada SIAISA, ya que ha entrado en el mercado la sociedad Aplus+.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de CiU, Felip Puig, acusó a la consejera de Interior, Montserrat Tura, de mentir en el pleno parlamentario del pasado 2 de febrero sobre el tema de los radares al negar que hubiera cinemómetros operativos con las verificaciones anuales caducadas.

Según un comunidado de CiU, "podrían ser entre 8 y 12 los radares que no cumplían los requisitos exigibles". Puig denunció que las políticas sobre radares de la consejera "responden a un principio recaudador" y ha anunciado que presentará "preguntas orales en la Comisión y preguntas por escrito al Ejecutivo para aclarar este tema".