Sobre alcaldes y urbanismo

La reciente condena del Parlamento europeo hacia la política urbanística practicada en nuestras costas mediterráneas no parece que vaya a servir de mucho para terminar con el gigantesco caos creado alrededor de la gestión del suelo en algunas comunidades autónomas, pero al menos parece que algo está empezando a cambiar en la percepción que los ciudadanos tienen de las consecuencias medioambientales de esta política, que afectan no sólo a las costas valencianas, murcianas y andaluzas sino también, como es sabido, a otros muchos espacios naturales de nuestra geografía. Prueba de ello es la fuerte oposición popular que está suscitando la frenética carrera urbanizadora a la que se han lanzado muchos ayuntamientos de la sierra de Guadarrama, y que ha llegado incluso a ser causa de lamentables incidentes entre partidarios y detractores del ladrillo en la localidad de Rascafría. La incipiente alarma social que estos planes urbanísticos están creando entre la población afectada ha obligado a intervenir a la ministra de Medio Ambiente, quien ha lanzado un serio aviso sobre el riesgo que entrañan para la futura declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El modelo de desarrollo se apoya en las opacas relaciones entre consistorios y promotores

Los argumentos para justificar el crecimiento aluden siempre a razones de índole social

Refiriéndonos sólo a la vertiente madrileña de la sierra y al entorno más próximo a ella, el rechazo mayoritario se centra sobre todo en los planes generales de ordenación urbana promovidos por aquellos ayuntamientos que más destacan en esta competición por ver quién construye más en menos tiempo: 7.000 viviendas en San Lorenzo de El Escorial, 2.300 en Los Molinos, otras tantas en Guadarrama, más de 2.000 en Miraflores de la Sierra, alrededor de 1.000 en la pequeña localidad de Rascafría... Un panorama que asusta pero que representa sólo una pequeña parte del problema si consideramos además las decenas de miles de viviendas que se van a construir en municipios algo más apartados del piedemonte, como Galapagar, Moralzarzal o Soto del Real. Es exactamente el mismo modelo de desarrollo urbanístico reprobado hace poco desde Europa y que se apoya en las tantas veces opacas relaciones establecidas entre ayuntamientos y promotores alrededor de los planes generales.

El problema, aunque muy grave, es bien simple: aquí no se trata de crecer de forma equilibrada, haciendo un uso racional de los recursos y utilizando criterios de conservación del paisaje, como se haría en cualquier espacio de gran valor natural en la mayoría de países europeos, sino que se trata más bien de aprovechar la última oportunidad para urbanizar masivamente el suelo disponible antes de que la proyectada aunque todavía incierta declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama acabe en muchos lugares con el negocio millonario de las recalificaciones. A pesar de esta palmaria evidencia y como suele ser habitual, los argumentos utilizados para justificar este desmedido crecimiento urbano, al menos en poblaciones de pequeño y mediano tamaño, aluden siempre a razones de índole social o de interés público como, por ejemplo, la necesidad de alcanzar un número de habitantes que permita acceder a determinados servicios y dotaciones que redundarían en indudables beneficios para los vecinos.

Hasta aquí nada que objetar pues de poco sirve caer en la tentación de intentar delimitar esa tenue y escurridiza línea que separa algunos intereses privados del verdadero interés general de estos municipios, pero sí es necesario insistir sobre algo que a algunos de nuestros regidores no les interesa considerar: el precio que sus ingenuos votantes y escandalizados vecinos tendremos que pagar en el futuro a cambio de las supuestas ventajas que nos traerá la construcción de estas verdaderas ciudades-dormitorio y la de esos polígonos industriales tan dudosamente necesarios en el entorno de muchos de nuestros pueblos. Nadie o casi nadie duda ya que éste será, multiplicado por mil, el mismo cúmulo de problemas que soportan cada día muchas localidades y urbanizaciones de la sierra de Guadarrama y que supone una importante pérdida en la calidad de vida de sus habitantes: deficiencias en los servicios de alcantarillado y de recogida de residuos urbanos e industriales; serios problemas de suministro de agua, sobre todo si consideramos que alguna localidad, como Miraflores de la Sierra, ha ocupado recientemente las primeras páginas de muchos medios de comunicación por los graves problemas de abastecimiento producidos este último verano; necesidad de nuevas e importantes infraestructuras viarias en zonas de alto valor natural y paisajístico; problemas de saturación de tráfico en los principales accesos a las poblaciones...

Por si fuera poco, la ejecución de estos desmesurados planes puede tener también consecuencias que van mucho más allá del ámbito local y que afectarían de lleno al equilibrio territorial de la región, ya que miles de las viviendas proyectadas se pretenden construir dentro de algunas de las zonas de transición previstas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, cuya función es servir de colchón protector del espacio del futuro parque nacional. Aunque desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid se ha lanzado hace poco el mensaje tranquilizador de que no se autorizarán actuaciones urbanísticas que afecten al futuro espacio protegido, asusta pensar en la posibilidad de que al final se acabe dando luz verde a una parte considerable de estos despropósitos. Hay que decir que si fuera así se vulneraría gravemente el espíritu de la Carta Europea de Ordenación del Territorio, aprobada en 1983 con la finalidad de inspirar las políticas de ordenación territorial de los países de la Unión Europea, y que especifica literalmente "que éstas deben tener sus objetivos fundamentales en el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio".

No ignoramos que la construcción es, hoy por hoy, el principal motor de nuestra economía, ¿pero hasta cuándo vamos a poder mantener un modelo de desarrollo que hace que nuestro país consuma casi la mitad del cemento que se utiliza en la Unión Europea? Por ello, mientras las cosas cambian, no podemos permanecer pasivos ante este intento de dilapidar el verdadero activo de futuro con el que cuentan nuestros pueblos, que no es otro que un entorno privilegiado que debemos conservar para que pueda seguir siendo no sólo hermoso, sino también útil y necesario para un modo de vida más pausado y sostenible que, queramos o no, tendremos que recuperar en gran parte en el futuro. Aunque seguramente no servirán de nada, las casi unánimes reacciones de rechazo hacia esta auténtica vorágine del ladrillo constituyen un inequívoco mensaje de reprobación a muchos de nuestros regidores por elegir un camino sin retorno severamente condenado desde las más altas instancias europeas, y además precisamente en un momento en el que se abren nuevas y esperanzadoras perspectivas de desarrollo sostenible con la posible declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Su actitud de desconfianza hacia este gran espacio protegido tan largamente esperado, y su desconocimiento sobre la trascendencia que tendría su declaración para el futuro de nuestros pueblos resultan, cuando menos, fuera de lugar, porque para la gran mayoría de sus habitantes es una palmaria evidencia que el otorgar a nuestro entorno la categoría que conlleva la figura de conservación más prestigiosa y reconocida internacionalmente no supone un riesgo, salvo para algunos intereses ventajistas bien conocidos, sino una irrepetible oportunidad de futuro que no podemos desaprovechar bajo pena de incurrir en una responsabilidad histórica que algún día deberá pasarnos factura.

Julio Vías Alonso es escritor.