La UE se pronunciará en marzo sobre si la M-30 necesita una declaración de impacto

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitará las obras de la M-30, según confirmaron ayer los eurodiputados tras escuchar por primera vez los argumentos del Ayuntamiento, cuyo director de Desarrollo e Infraestructuras, José María Ortega, habló de una obra con "evidentes efectos positivos en términos ambientales, sociales y económicos" para los madrileños. Sus argumentos fueron contestados por la oposición, vecinos y ecologistas, que celebraron el prometido viaje y el que la Comisión vaya a hacer en marzo su primera valoración sobre la necesidad de una declaración de impacto ambiental.

Los eurodiputados volvieron ayer sobre el asunto de la M-30, esta vez en presencia de un representante del Ayuntamiento, que les presentó un nutrido informe sobre la obra como antes había hecho ante la Comisión Europea. Ortega insistió en que el proyecto es de modificación de una vía urbana, no merecedor de la evaluación de impacto medioambiental que exigen oposición, vecinos y ecologistas porque "la legislación española lo excluye". Tal exclusión "no ha sido decisión del Ayuntamiento, sino de la autoridad ambiental", subrayó Ortega, en una primera declaración que sublevó a los críticos presentes en la sala.

La concejal de IU Inés Sabanés replicó luego que esa exoneración del estudio de impacto se concedió sólo para un tramo del proyecto de remodelación y supeditada al criterio de la Comunidad de Madrid.

Ortega hizo un canto a la transparencia de todo el proceso y desgranó una larga lista de efectos positivos, desde la reducción del nivel de accidentalidad en un 50% a los cientos de millones de ahorro en horas de viaje y litros de combustible, con la consiguiente reducción de gases contaminantes y de efecto invernadero, pasando por la creación de un parque de 50 hectáreas y la plantación de 300.000 árboles, que multiplican por más de 20 los retirados por las obras.

"Los proyectos de remodelación tienen evidentes efectos positivos en términos ambientales, sociales y económicos", concluyó Ortega, quien aseguró que "la posición del Ayuntamiento está avalada por todas las instancias políticas, administrativas y judiciales del Estado español que tiene competencias en la materia".

Los peticionarios (Sabanés, Ecologistas en Acción y Plataforma del Nudo Sur) respondieron a los argumentos del Consistorio diciendo que la nueva M-30 incentiva el uso del automóvil y que habrá más tráfico, más congestión, más contaminación, más distancias y más velocidad en la zona.

Los eurodiputados Carlos Carnero (socialista y vecino afectado por la remodelación de la M-30) y David Hammerstein (verde) hicieron apasionados alegatos contra el plan. Hammerstein calificó de escándalo la disposición del Banco Europeo de Inversiones de financiar la obra con 1.500 millones de euros.

Dos años esperando

En lo único en que todos estuvieron de acuerdo fue en atacar a la Comisión Europea por llevar dos años sin pronunciarse sobre la pertinencia de la declaración de impacto ambiental. Un acobardado funcionario del Ejecutivo comunitario sólo pudo decir que "existe la posibilidad de que haya conclusiones preliminares a finales de marzo". "Queremos una decisión ya, por respeto a los ciudadanos y respeto a la dignidad de este Parlamento", le respondió Carnero.

También los eurodiputados del PP reclamaron ese informe, en su caso por considerarlo como condición previa para viajar a Madrid. "Es prematuro tomar una decisión", señaló el diputado del PP José Ignacio Salafranca. El vano obstruccionismo de los populares fue el complemento a la estrategia de colaboración del Ayuntamiento. Aunque fracasó su intento de evitar el viaje de los eurodiputados, "por lo menos hemos conseguido que no se fije la fecha", confesó un portavoz del Ayuntamiento desplazado ayer a Bruselas para la ocasión.