El Parlamento ruso autoriza al Ejército a matar terroristas

La Duma Estatal de Rusia aprobó ayer una ley de lucha contra el terrorismo que da a las Fuerzas Armadas la posibilidad de derribar aviones, hundir buques y disparar desde territorio ruso contra bases terroristas situadas en otros Estados. En este caso, la decisión la toma el presidente o jefe del Estado. Si Rusia decide enviar fuerzas al extranjero en una operación antiterrorista, el presidente debe contar con el apoyo del Consejo de la Federación o Cámara alta.

El proyecto de ley, que fue aprobado por 408 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, fue presentado por un grupo de diputados dirigido por el jefe de la Duma, Borís Grizlov, lo que prácticamente significa que pasará sin ningún problema los trámites restantes (una tercera lectura, la aprobación de la Cámara alta y la firma del presidente Vladímir Putin).

El documento había sido elaborado por el Ministerio de Justicia y el Servicio Federal de Seguridad antes del sangriento secuestro de la escuela de Beslán, a principios de septiembre de 2004, y fue aprobado en primera lectura en diciembre. La segunda lectura suele ser la definitiva en lo que se refiere al contenido.

La ley legitima el reciente decreto presidencial para la organización de la lucha antiterrorista, que da luz verde para la creación de un comité especial, con el jefe del Servicio Federal de Seguridad, Nikolái Pátrushev, a la cabeza. La ley prevé una mejora de las condiciones de trabajo de los periodistas en caso de una operación antiterrorista, pero también contiene ambigüedades sobre las competencias de los participantes en la misma, que podrán liquidar físicamente a los terroristas.

En lo que se refiere al uso del Ejército, éste podrá derribar aviones que violen el espacio aéreo ruso o ignoren advertencias desde tierra, o cuando haya amenaza para la vida de la gente o peligro de catástrofe ecológica. También podrán derribarlos si tienen "información fidedigna" sobre la utilización de los aviones para un fin terrorista o, en caso de secuestro, cuando se hayan agotado otras posibles medidas para obligarlos a aterrizar.

La ley autoriza a mantener conversaciones con los terroristas con objeto de salvar vidas humanas o preservar la salud de la gente, pero descarta de plano considerar sus reivindicaciones políticas. Los intermediarios podrán ser personas autorizadas por el jefe de la operación antiterrorista, que tiene responsabilidad personal por la buena marcha de la misma. La primera versión de la ley preveía que sólo personas especialmente preparadas podían mantener conversaciones.

El documento legaliza la práctica de ofrecer recompensas por la ayuda prestada en la lucha contra el terrorismo. Al Servicio Federal de Seguridad le corresponderá decidir a quién premiar y con qué suma, y al Gobierno encontrar recursos en su presupuesto estatal. La ley define también el terrorismo como "ideología de la violencia" y otras características no incluidas hasta ahora en el código penal, lo que eventualmente puede obligar a enmendarlo.