El Ejecutivo dice que CiU no informó al Parlament sobre una treintena de encuestas

Las reacciones al hallazgo de los más de 140 sondeos de opinión que el Gobierno de Jordi Pujol encargó en beneficio de Convergència i Unió (CiU) y pagó con fondos públicos no se hicieron esperar. El portavoz del Gobierno, Joaquim Nadal, explicó ayer que, de 80 de las encuestas encontradas, una treintena incumplen la ley, aprobada en 1998, que obliga a los gobiernos a registrar en el Parlament los sondeos que realice. La cincuentena restante nunca la conocieron los restantes partidos, pero, según Nadal, el Ejecutivo de entonces no tenía la obligación de remitirlas a la Cámara.

Como ya anunció hace dos semanas, cuando salieron a la luz los 32 primeros sondeos ocultos, el portavoz del grupo parlamentario ICV-EUiA, Joan Boada, presentará esta mañana al fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, José María Mena, una selección de 11 encuestas al considerar que pueden constituir un delito de malversación de fondos públicos.

Tras la reunión de su grupo parlamentario, Boada explicó que la selección de encuestas que irá a la fiscalía se ha efectuado teniendo en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, en función de los tipos de contrato, ya que algunos estudios no coinciden con los contratos, que, al parecer, son más caros de lo que se dice. En segundo lugar, y en relación con el contenido, al parecer algunos sondeos se realizaron por intereses partidistas, familiares o incluso particulares, financiados con dinero público.

También el portavoz del Partit dels Socialistes (PSC), Miquel Iceta, se sumó a la reprobación de las decenas de encuestas ocultadas hasta ahora y anunció que su grupo ya ha solicitado la comparecencia en el Parlament del director del Centro de Estudios de Opinión, Gabriel Colomer, y del secretario de Presidencia, Ramón García Bragado, para que "ofrezcan una explicación".

El PSC pretende que los actuales responsables del Gobierno en este ámbito sean los que expliquen cómo han sido hallados los sondeos y si éstos habían sido registrados o no en el Parlament, como establece la ley, con el fin de determinar claramente si se trata de "una actuación irregular". Iceta subrayó que el PSC no tiene intención de "revancha" sobre los miembros de los anteriores gobiernos de CiU, a los que no quiere "erosionar", aunque tomarán medidas si afloran irregularidades.

Desconocimiento de CiU

El líder de CiU, Artur Mas, no dedicó más de dos minutos al asunto. Aseguró que desconocía la existencia de los informes, como el que analizaba las consecuencias de los desencuentros entre Convergència y Unió, su socio de coalición, y concluyó: "Las encuestas las hacen todos los gobiernos del mundo". Al ser preguntado por si Unió estaba enterada de los estudios, Mas dijo: "Imagino que la información estaba a disposición del Gobierno, no de los partidos".