La policía confisca miles de alimentos caducados de los kioscos del estadio del Betis

La Policía Local de Sevilla registraba en la tarde de ayer los alimentos almacenados por la multinacional estadounidense Aramark en el estadio del Betis y que se vendían en los distintos puestos repartidos por los distintos graderíos. La denuncia de un aficionado motivó la actuación policial que comenzó con el sellado de los puntos de ventas tras finalizar el encuentro correspondiente a la Copa de la UEFA que enfrento al Betis y al AZ Alkmaar holandés en la noche del pasado miércoles. Los agentes municipales aseguraron haber encontrado miles de productos alimenticios pasados de la fecha de consumo, tales como frutos secos, bolsas de patatas fritas y, especialmente, salchichas, uno de los productos con más tirón de los que se venden en el estadio Manuel Ruiz de Lopera.

La propietaria de los citados alimentos y la responsable de su venta al público es la multinacional de servicios estadounidense Aramark. La citada compañía es una de las líderes mundiales en este campo de ventas. Para poner un ejemplo de la magnitud del negocio de Aramark, en el primer cuarto de 2006 (el año fiscal estadounidense comienza en septiembre), las ventas en todo el mundo rozaron los 2.500 millones de euros y, según los datos incluidos en su página web, da empleo a más de 200.000 personas.

El portavoz del Betis, Juan Luis Aguado, mostró ayer su tristeza y sorpresa por lo sucedido y anunció que el club se reunirá el próximo lunes con los representantes de la compañía en España. El portavoz del club sevillano recordó que el contrato de concesión de los puestos de venta en el Ruiz de Lopera se firma de temporada en temporada y que ésta supone la segunda en la que los estadounidenses han logrado el contrato.

Gasto público

Por otro lado, la Federación de Usuarios y Consumidores en Acción (Facua) instó ayer a la Administración andaluza a que abra un expediente sancionador a Aramark, ya que consideran que el riesgo de intoxicación ha planeado sobre miles de personas y que, de haberse producido, habría supuesto un gasto colosal para las arcas públicas. Facua recordó que una intoxicación masiva habría producido bajas laborales, hubiese llevado a recetar miles de medicamentos y se habrían tenido que utilizar un número incalculable de horas de trabajo de personal del Servicio Andaluz de Salud.