El Constitucional deja en manos de las comunidades el control de las ITV

El Tribunal Constitucional, en una sentencia del pasado diciembre, deja en manos de las comunidades el control de la red de inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Un real decreto ley del Gobierno del PP liberalizó en 2000 esta actividad, pero el alto tribunal ha dado la razón a los recursos presentados por Cataluña y otras autonomías. A pesar de la sentencia, los sindicatos denuncian que el tripartito "hará justo lo que quería el Gobierno de Aznar", a través de la nueva agencia catalana de seguridad industrial.

Varios organismos se han opuesto tajantemente a la creación de la citada agencia catalana de seguridad industrial, que en la práctica supervisará el funcionamiento de las ITV y de las actividades de inspección y control de la seguridad industrial en las empresas bajo el nuevo régimen que quiere introducir la Generalitat. Este nuevo sistema entierra el régimen de concesión y lo sustituye por autorizaciones a empresas que cumplan determinados requisitos. Ninguna de ellas podrá controlar más del 40% del mercado, a diferencia de lo que ocurre actualmente: cuatro empresas se reparten el mercado de ITV y control industrial.

La nueva agencia se convertirá en una empresa pública "sujeta al derecho privado". Y éste es el detonante de la polémica. El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), en el que participan las principales patronales y los sindicatos, emitió un dictamen el pasado agosto contrario a la creación de la nueva entidad. Y la propia Intervención General de la Generalitat -organismo adscrito al Departamento de Economía que controla internamente las finanzas públicas- se opone también a la agencia, al igual que los dos partidos de la oposición en el Parlament, CiU y el PP.

Santi Rodríguez, diputado del PP, aseguró ayer que la agencia, incluida en el proyecto de ley de seguridad industrial -actualmente, en pleno trámite parlamentario-, "no sólo reduce las garantías de vigilancia industrial, sino que, además, supone una externalización de un servicio que no beneficia a la ciudadanía y, según la propia Intervención General, crea un nuevo organismo cuyas finanzas escapan al control público".

Denuncias sindicales

Los sindicatos CC OO, CGT y CATAC-IAC consideran que el negocio de las ITV y de la seguridad industrial "mantendrá la situación actual de oligopolio". En el caso de la seguridad industrial, los trabajadores afirman que la liberalización puede suponer que los funcionarios pierdan su situación, lo que a la postre "puede constituir un nido de clientelismo y amiguismo si la regulación sigue tal como está".

Fuentes del Departamento de Trabajo e Industria rebatieron ayer las críticas de los sindicatos y la oposición. El cambio en las ITV y la seguridad industrial obedece a la voluntad de introducir "más eficiencia" en el mercado, dijeron fuentes de Industria, siempre dentro del modelo de agencias públicas sometidas al derecho privado, de las que hay una treintena en Cataluña. "El 99% del personal de la agencia estará formado por funcionarios, y el organismo estará sometido a auditorías públicas. Incluso se ha introducido una enmienda para reforzar este control económico, una auditoría permanente por parte de la Intervención General", informó Industria. El PP, sin embargo, asegura que la legislación obliga a controlar estas empresas a través de auditorías, y éstas se hacen siempre a posteriori. "Por eso se escapa al control de la Intervención General, que fiscaliza, pero no puede hacer auditorías", explicó Rodríguez.

Applus -filial de Agbar- y RVSA se repartían hasta ahora, en régimen de concesión, el mercado de ITV en Cataluña. En el caso de los operadores industriales, en Cataluña se reparten el mercado ECA e ICICT. El Departamento de Trabajo e Industria sostiene que el nuevo sistema de autorizaciones permitirá la entrada "de una docena de empresas" entre ambas actividades.