La Junta de Fiscales rechaza por 15 votos a 4 el recurso del PP contra el Estatuto catalán

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, arrasó ayer en la Junta de Fiscales de Sala al lograr que 15 de los máximos representantes de la carrera respaldaran su criterio contrario a la admisión del recurso de amparo en el que el PP pide al Tribunal Constitucional que la reforma del Estatuto de Cataluña se tramite como reforma de la Constitución. Antes de la votación, Conde-Pumpido anunció que asumiría el resultado. Consecuentemente, encargó al teniente fiscal ante el Constitucional que redacte un informe contrario a la admisión de la demanda del PP.

El resultado de la Junta fue tanto más contundente cuanto que al menos media docena de fiscales conservadores respaldaron el criterio de Conde-Pumpido. El fiscal general, en una interpretación previa, expuso que su criterio era contrario a la admisibilidad del recurso del PP, pero que no iba a votar y que asumiría el criterio mayoritario de la Junta, fuera el que fuera.

La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo es el máximo órgano del Ministerio Fiscal en materia de asesoramiento técnico y doctrinal para unificar criterios de interpretación y actuación.

Al término de la reunión, la fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Elvira Tejada, y el jefe de la Unidad de Apoyo, José Luis Bueren, dieron cuenta del resultado de la junta, expresado en votación nominal por los 19 fiscales. Se registraron 15 votos a favor del criterio de Conde-Pumpido, contrario a la admisión del recurso, y cuatro a favor de la postura del fiscal del Constitucional, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, partidario del recurso de los populares.

No es el momento

La mayoría de los fiscales de Sala, según dijo Bueren, consideraron que los argumentos de la demanda del PP pueden tener su justificación "desde el punto de vista político", pero "desde el punto de vista estrictamente jurídico carecen de soporte alguno". Añadió que los fiscales entendieron que no es el momento de analizar si la tramitación del Estatuto es una "reforma encubierta" de la Constitución, como asegura el PP, ya que aún no ha sido aprobada y se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.

El fiscal jefe del Constitucional, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, defendió el criterio mayoritario de los fiscales del Constitucional, aprobado por cinco votos a tres y coincidente con las tesis del PP, según el cual se trata de una reforma constitucional y la Mesa del Congreso debió tramitarlo como tal: mayoría de dos tercios, disolución de las Cámaras, nueva mayoría de dos tercios en las siguientes Cortes y referéndum.

Ortiz Úrculo fue nombrado en 1996 fiscal general del Estado con el primer Gobierno de Aznar, cargo del que fue destituido ocho meses después a raíz de su gestión de la crisis de los fiscales indomables de la Audiencia Nacional, entonces capitaneados por Eduardo Fungairiño. El triunfador total de aquella crisis fue Fungairiño, impuesto como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, pese a que Úrculo le abrió un expediente y a que en el Consejo Fiscal no obtuvo ni un solo voto en tres intentos de nombramiento. Sin embargo, Fungairiño, forzado por Conde-Pumpido a renunciar a su cargo el pasado día 1, votó ayer a favor del informe de Úrculo. También votaron a favor de la admisión del recurso del PP Eduardo Torres-Dulce, al que Conde- Pumpido no renovó como jefe de la Sala de lo Penal y Fernando Herrero-Tejedor, quien pidió la dimisión del fiscal general en el último Consejo Fiscal.

El informe definitivo del Ministerio Fiscal será elaborado por el Teniente Fiscal del Constitucional, Olayo González Soler, quien unificará su propio dictamen con el de la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado e informará que no se admita el recurso del PP.