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El empresario Gaviño dice que es una marioneta en el presunto soborno a una edil de Camas

El abogado del imputado dice que el pago de 12.000 euros era de comisiones inmobiliarias

El empresario Eusebio Gaviño, imputado en el Caso Camas (Sevilla) por un supuesto delito de cohecho, consiguió declarar ayer ante el juez Luis del Oro que lo había citado por cuarta vez. Gaviño, como los otros cuatro imputados, señaló que es víctima de una "trama trampa" para acabar con el actual equipo de gobierno de este ayuntamiento. "Soy una marioneta del ex alcalde de Camas, Antonio Rivas, de José María Ramos Reina, de Gordo (en referencia Francisco Gordo, uno de los denunciantes del caso) y de la gorda (en referencia a la edil a la que supuestamente intentó sobornar Carmen Lobo). Aquí no hay empresarios detrás de Madrid", manifestó Gaviño visiblemente emocionado a la salida del juzgado.

El empresario reconoció, en su comparecencia, que entregó 12.000 euros a la concejal tránsfuga de Camas, Carmen Lobo, el 12 de septiembre de 2005, la víspera del pleno en el que se iban a votar diferentes recalificaciones urbanísticas. Eso sí, Gaviño justificó que el dinero era para Francisco Gordo, el otro denunciante de este supuesto soborno. "Era el pago de comisiones por intermediaciones inmobiliarias que tenían a medias Gaviño y Gordo. El pago exigido por el denunciante Francisco Gordo para mediar ante la concejal Carmen Lobo para que se desbloqueara el caos en el que está sumido el consistorio", contó José Manuel García Quílez, el abogado de Gaviño. El imputado quiso dejar claro ante el juez que los políticos también imputados por un supuesto delito de cohecho estaban al margen de "cualquier cuestión económica", según el letrado.

García Quílez anunció que presentará una denuncia contra la policía sevillana porque su cliente recibió presiones psicológicas de los agentes del Grupo de Delitos Económicos cuando estuvo detenido. "Había una declaración pretendida de la policía que yo no sé si estaba escrita" para que Gaviño implicara en un supuesto intento de soborno a Agustín Pavón, el alcalde de Camas, y a los concejales Antonio Enrique Fraile, José del Castillo y Aureliano Lucas, explicó el abogado. Incluso llegan a reflejar en su atestado que "comparece este letrado violentando la voluntad de Gaviño impidiéndole que declare", señaló. Gaviño se negó a prestar declaración ante la policía.

Lorenzo Rodríguez, el abogado del alcalde Agustín Pavón, fue más allá y contó que Gaviño declaró ayer que cuando estuvo detenido escuchó que habían llamado a la Jefatura de la policía en Sevilla José Antonio Alonso, ministro del Interior, y Juan José López Garzón, el delegado del Gobierno en Andalucía para interesarse por las investigaciones. Rodríguez dijo que la policía "le puso delante (a Gaviño) una declaración que ya tenía redactada".

Eusebio Gaviño reconoció ayer ante los medios de comunicación que es militante del PP y por ese motivo quiso transmitirle a Javier Arenas, presidente del PP-A, que es una "vergüenza abandonar a un diputado que es inocente" como Antonio Enrique Fraile, ex concejal del PP en Camas y ex diputado provincial. Gaviño también se refirió a unas declaraciones de Manuel Chaves, el presidente de la Junta, en las que dijo que ponía "la mano en el fuego" por los ediles del PSOE de Camas. "Que tenga cuidado que se la va a achicharrar", señaló. Insistió en que en esta trama, de la que se siente víctima, está orquestada por los dirigentes socialistas de Camas.

El empresario reiteró que él sólo tiene un gimnasio en Sevilla y que se acercó a Camas para intentar "montar otro". Y por esa razón tenía en su poder un papel manuscrito por Fraile con los puntos del orden del día que se iban a debatir en el pleno del 13 de septiembre. Un documento que le entregó, junto a los 12.000 euros, a la concejal Carmen Lobo la noche anterior a la celebración de esa sesión plenaria y en el que figuraban señalados con cruces los puntos del orden del día que ella debía supuestamente aprobar a cambio de recibir presuntamente más dinero y un chalet en Zahara de los Atunes (Cádiz). El papel se lo "cogió" a Fraile de su despacho en la sede de la Sociedad de Desarrollo Municipal de Camas, manifestó.

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Gaviño reconoció que los ediles imputados Fraile y del Castillo estaban en la zona donde cenó con Lobo para entregarle el dinero, en la Taberna Medieval de la calle Torneo de Sevilla. "Estaban por allí porque estaban inquietos porque yo les había comentado que aquella noche se iba a desbloquear el tema", declaró.

Gaviño salió del despacho del juez haciendo la señal de la victoria con la mano e inmediatamente se abrazó a uno de sus hijos que lo espero las casi tres horas que duró su interrogatorio.

Eusebio Gaviño respondió a las preguntas de los periodistas tras prestar ayer declaración ante el juez.
Eusebio Gaviño respondió a las preguntas de los periodistas tras prestar ayer declaración ante el juez.GARCÍA CORDERO

Escuchas y grabaciones

Los cinco imputados en el Caso Camas, Agustín Pavón, Antonio Enrique Fraile, José del Castillo, Aureliano Lucas y Eusebio Gaviño escucharán hoy en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla la grabación que realizó en el chalet de Gaviño en Bormujos (Sevilla) Francisco Gordo, el denunciante del supuesto intento de soborno a Carmen Lobo, la concejal de Camas. Se trata de una conversación que dura una hora y 43 minutos, que realizó Gordo sin autorización judicial y que luego presentó en el juzgado de guardia como prueba del supuesto delito de cohecho que denunció.

En la conversación, grabada en formato digital con un micrófono oculto que llevó Gordo, Gaviño le dice a Gordo que "en lo del dinero deja al margen a ellos (por los políticos)... Nosotros vamos a llevar el control con los empresarios y ellos nos van a apoyar en todo... El que va a gestionar lo de los dineros, ustedes mirad para otro lado (dirigiéndose a los políticos), somos nosotros".

El magistrado, Luis del Oro, quiere determinar si los imputados se reconocen en esa grabación ya que no es una prueba constituida judicialmente y lo que allí se dice podría ser invalidado en el futuro. Si los imputados no se identifican, el juez tendrá que solicitar una prueba pericial para darle validez.

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