"El Estatuto catalán es una apuesta por la modernización"

Ramón Jáuregui (PSOE) y Soraya Sáenz de Santamaría (PP) son dos de los ponentes de la Comisión Constitucional que el viernes comenzaron en el Congreso los trabajos sobre el nuevo Estatuto de Cataluña. Un día antes, debatieron con EL PAÍS sobre los principios básicos del futuro texto. Lo que sigue resume lo principal de la conversación.

PREÁMBULO La 'nación' catalana

El acuerdo entre el PSOE y CiU sacó del artículo primero la referencia a Cataluña como nación e incorporó una explicación en el preámbulo sobre la decisión del Parlamento catalán de considerar a Cataluña una nación.

Jáuregui: "Extremadura y otras regiones van a tener fondos de compensación que Cataluña no recibirá"

Santamaría: "Los socialistas tienen que explicar si la solidaridad ahora consiste en dar más a los que más tienen"

Jáuregui: "Hemos corregido más de 100 artículos para que el Estatuto quede plenamente constitucional"

Santamaría: "Transforma lo que era un derecho, el conocer el catalán, en un deber, y eso es inconstitucional"

Soraya Sáenz de Santamaría. Ya no está [en el articulado] porque lo dice Artur Mas, y yo le creo. Como le creo cuando dice que el Estatuto equipara nacionalidad y nación y que las Cortes Generales por primera vez van a reconocer que Cataluña es una nación.

Ramón Jáuregui. Yo creo que hemos encontrado una solución espléndida: hacer una descripción de lo que el Parlamento de Cataluña expresó en el Preámbulo, sin vinculación jurídica. Y reproducir el artículo 1 del Estatuto de 1979.

S. S. de S. Discrepo. El que el término nación vaya en el Preámbulo tiene una eficacia no sólo política indudable sino también jurídica. Lo dice la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. Dice que los Preámbulos recogen la voluntad de los legisladores y que tienen eficacia normativa plena.

R. J. La jurisprudencia constitucional lo que dice es que los preámbulos no son recurribles. Que su eficacia jurídica es nula.

S. S. de S. El Tribunal Constitucional en muchas ocasiones ha echado mano del Preámbulo de la Constitución para sus sentencias. Además, cuando el artículo 2 dice que los poderes de Cataluña emanan del pueblo catalán y no, como ahora, de la Constitución, el Estatuto y el pueblo catalán, lo que reconoce es la soberanía. Por cierto, Maragall defiende que da lo mismo que el término nación vaya en el preámbulo o en el articulado.

R. J. Esas manifestaciones corresponden a quien ha tenido que renunciar a sus pretensiones. Tanto Maragall como Mas. Honradamente hay que reconocer que tal como venía el Estatuto, con la definición de nación en el artículo 1, a cómo ha quedado, con una referencia descriptiva en el preámbulo, es perfecta.

Pregunta. ¿Sólo por el término nación, el PP va a llevar el Estatuto al Constitucional?

S. S. de S. El PP considera que para dar estabilidad a éste o a cualquier otro Estatuto debería recuperarse el recurso previo de inconstitucionalidad.

R. J. No estamos de acuerdo con el recurso previo al Constitucional y creo que todo esto es una búsqueda desesperada de ruptura por parte del PP porque el texto del acuerdo es de escrupuloso respeto constitucional.

LENGUA El "deber" de conocer el catalán

S. S. de S. Hay bastantes casos de inconstitucionalidad clara. Por ejemplo, el deber de conocer el catalán. El Tribunal Constitucional señaló, en una sentencia de 1984 en relación con una ley gallega, que el deber de conocer un idioma cooficial en una comunidad autónoma no es constitucional. Y se está reformando la Constitución a través de un Estatuto. En la redacción de la Constitución, la minoría catalana defendió el deber de conocer en cada territorio autonómico una lengua propia. Fue rechazada por 289 contra 22. Ahora queremos imponer ese deber que las Cortes Constituyentes rechazaron. La inconstitucionalidad es clara. También lo es que los poderes de la Generalitat emanen únicamente del pueblo catalán, que los derechos históricos sean fuente de legitimación, la bilateralidad que limita la soberanía de las Cortes Generales y las facultades del Gobierno para dirigir la política interior, o pactar la financiación de forma bilateral y no multilateral.

R. J. Hemos discutido el Estatuto que venía del Parlamento catalán durante meses y todos los aspectos que, opinábamos, eran inconstitucionales se han corregidos. Ha quedado perfecto. La bilateralidad se ha reconocido como una facultad de la Generalitat en el marco de la multilateralidad. Hay más de 100 artículos corregidos. Y la financiación es un modelo generalizable que va a ser aplicado a todas las autonomías. Además, en el PSOE, que se habían oído múltiples voces de alarma sobre el Estatuto, se han callado. Ha habido una coincidencia general, desde [Juan Carlos] Rodríguez Ibarra hasta [Manuel] Chaves, pasando por [José] Bono, para decir que se ha hecho muy bien. Es muy fácil lo que hace el PP. Oponerse a un proyecto que viene con el 90% de respaldo del Parlamento de Cataluña con un discurso tremendista de que esto es la ruptura. Hay que dar respuesta a los problemas y el PSOE los ha dado. Y nos gustaría que en el debate de las enmiendas podamos encontrarnos con el PP.

S. S. de S. Muy lejos está el PSOE de dar solución a estos problemas, que van a generar gran inestabilidad política. Sobre las voces críticas del PSOE, lamentablemente creo que a veces los intereses del partido unen más que la nación. El PP actúa con la responsabilidad de decirle a los ciudadanos que se está cambiando el modelo de Estado con una reforma estatutaria. En 1978, todos decidimos un modelo y aquí se está negando a los ciudadanos decidir por su país. Creo que Zapatero está cambiando el modelo de España a sus espaldas y los socialistas tienen que explicar si la solidaridad ahora consiste en dar más a los que más tienen.

R. J. Veinticinco años después de iniciar el proceso autonómico hemos adaptado los Estatutos para el siglo XXI. Estamos haciendo un acuerdo de incorporación de los nacionalismos periféricos a la construcción de la única España posible, que es una España plural.

S. S. de S. Éste no es el Estatuto del siglo XXI porque está fuera de la Constitución. Si lo que queremos es otro modelo de Estado para una distinta integración de España hay que reformar la Constitución. Se puede plantear que éste no es el modelo, pero habrá que discutirlo por los procedimientos constitucionales.

R. J. Es que no estamos de acuerdo en que sea una reforma de la Constitución. Para qué vamos a darle más vueltas.

Pregunta. Por ir a cuestiones concretas, ¿es constitucional o no el deber de conocer el catalán?

R. J. La norma que se ha incorporado al Estatuto es la de 1998, que el Gobierno del PP no recurrió. El deber de conocer el catalán puede ser una consecuencia lógica de que el catalán sea la lengua oficial de Cataluña, como lo es el castellano en España. La consecuencia fundamental es que no puedes alegar desconocimiento del idioma para interrumpir una tramitación administrativa. Y también que es la lengua vehicular de la enseñanza, lo que ocurre desde 1983. El deber no tiene ninguna implicación individual ni de sanción. Es el corolario natural en una sociedad bilingüe. Y creo que va a ser declarado constitucional, porque lo que ocurrió con el gallego en 1986 era una norma que no estaba en el Estatuto. Además, el Estatuto dice que los ciudadanos tienen la libertad de elegir y el derecho de usar cualquier idioma. Este principio cristaliza la libertad individual de las personas.

S. S. de S. Si es un deber impropio que no genera consecuencias jurídicas, ¿por qué uno de los títulos del Estatuto es "de los derechos y los deberes lingüísticos"? ¿Eso no genera consecuencias jurídicas? Y dice, "no se puede alegar desconocimiento". ¿No puedo yo alegar desconocimiento del catalán?

R. J. Usted no es ciudadana de Cataluña.

S. S. de S. Pero eso le puede generar indefensión a un ciudadano catalán que no conozca esa lengua. Y dice usted que el Estatuto sólo incorpora la ley de 1998. Pero esa ley hablaba del derecho de los padres a elegir la lengua en la que iban a ser escolarizados sus hijos. Ese derecho se está incumpliendo sistemáticamente por la Generalitat y, además, desaparece en el Estatuto. Ya no sólo se incumple, sino que se transforma lo que era un derecho, el conocer el catalán, en un deber y eso es inconstitucional.

FINANCIACIÓN Inversiones en Cataluña

El modelo recoge una garantía de inversiones estatales en Cataluña durante los próximos siete años, y la cesión de más porcentaje en una serie de impuestos. El PSOE mantiene que es un modelo similar al que el PP catalán defendió hace unos meses.

S. S. de S. No. Por lo que se sabe, el modelo pactado entre Zapatero y el líder de la oposición en Cataluña es bilateral, pone límites a la solidaridad, establece que las inversiones de los presupuestos de Cataluña serán proporcionales a su PIB, es decir, las autonomías más desarrolladas tendrán derecho a más inversiones del Estado y las menos desarrolladas a menos inversiones. Piqué defendió que el modelo de financiación no estuviera en el Estatuto sino que se acordara en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todas las comunidades opinan y defienden sus intereses. No se puede poner límites a la solidaridad. Si Cataluña va a recibir más, el resto de autonomías, ¿recibirán menos? Si no, tendrá menos el Estado. Yo creo que saldrá del bolsillo de los españoles con más impuestos.

R. J. Quiero recordar que el modelo que presentó el Parlamento de Cataluña era grave para el Estado, porque planteaba unas pretensiones muy parecidas al concierto económico vasco y navarro. El modelo que se ha pactado no es bilateral. Se han incorporado al Estatuto algunas disposiciones cuya plasmación práctica sólo será posible a partir de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo acuerde. Es decir, acuerdo generalizable, que mantiene la Hacienda estatal. Es un modelo que va a aumentar la autonomía financiera de las comunidades al aumentar su cesta de impuestos. Y la solidaridad se sostiene en que los fondos de nivelación, como el Fondo de Compensación Interterritorial, siguen estando en manos del Estado. Los fondos de compensación interterritorial van a seguir velando por la solidaridad del sistema.Creo que el acuerdo en financiación es espléndido y será la referencia de todas las autonomías para los próximos 10 o 15 años.

Pregunta. El Estatuto liga la inversión del Estado al PIB. ¿Es inconstitucional?

R. J. Ésa es la única parte del acuerdo que no forma parte del sistema de financiación que se está planteando. Pero este modelo no establece que Cataluña vaya a recibir más o menos.

Pregunta. ¿De dónde salen las cifras que se están dando?

R. J. Son especulativas. Ahora bien, al igual que en otros Estatutos se citan necesidades singulares como apoyo al Hospital de Valdecilla, en Santander... En Cataluña ha habido reconocimiento de que en los últimos años no ha recibido inversión pública suficiente para las necesidades de una economía tractora de la española, y Cataluña está sintiendo un agravio. Ha habido un acuerdo para que la inversión del Estado se aproxime en los próximos siete años a su PIB.

S. S. de S. Cuando se dice que la inversión en infraestructuras en Cataluña se hará en función de la proporción que tiene en el PIB nacional, se está diciendo que los Presupuestos del Estado dedicarán a Cataluña el 18,5% del montante. Es una limitación de las Cortes para hacer política económica y reformas. Cuando se apruebe, estaremos limitando las inversiones de 2007 y entiendo que eso es inconstitucional.

R. J. Va a haber otros fondos a los que no accede Cataluña. Extremadura y otras regiones van a tener fondos de compensación, nivelación y fondos europeos, que Cataluña no recibe.

LAS COMPETENCIAS El blindaje

R. J. Hemos eliminado las pretensiones de blindaje que había para las materias exclusivas y excluyentes, y ha quedado impecable. En materias compartidas ha habido mucha pelea. Es verdad que en los últimos 20 años, los Gobiernos, todos, han hecho una invasión competencial. Ahora se trata de poner las bases para evitar la tentación del Gobierno central de reducir las competencias autonómicas. Pero también hemos eliminado todo el blindaje que pretendía evitar que el Estado entrase en Cataluña.

S. S. de S. No se elimina nada cuando se dice que el Estado dictará leyes básicas salvo en materias que el Estatuto de autonomía diga que no.

Pregunta. ¿Qué problema ven en la relación bilateral entre el Estado y Cataluña?

R. J. Hemos exigido a CiU que la bilateralidad sea complementaria a la multilateralidad. Hemos limitado también su pretensión de participar en órganos constitucionales, estatales, porque la Generalitat no puede atribuirse esa facultad.

S. S. de S. El Estado estará mediatizado en el ejercicio de sus competencias exclusivas. Pregunto, ¿la Generalitat dejaría que el Estado informase sobre materias de su competencia? O diría que estamos inmiscuyéndonos.

R. J. Sólo quiero decir que la mayoría de las cosas que usted está diciendo están corregidas.

S. S. de S. Yo lo he visto publicado. Estamos pasando del sistema en el que las Cortes deciden a otro en el que la Generalitat decide sobre competencias del Estado.

R. J. El modelo autonómico reclama una cultura que yo no aprecio en las aportaciones teóricas y juridicistas que usted hace. El Estado autonómico requiere un funcionamiento de cooperación mutua. Es bueno oír a las comunidades y usted transmite temor de que nadie interfiera. Eso trasluce una concepción autonómica limitadora de la idea del autogobierno.

S. S. de S. No se puede decir que el PP es temeroso del Estado autonómico, cuando las mayores transferencias se efectuaron con el Gobierno del PP, con arreglo a la Constitución. No nos parece bien que la relación de la Generalitat y el Estado sea de tú a tú. Eso es más que escuchar. El Estado autonómico ha dado resultados porque se ha desarrollado con arreglo a la Constitución, pero una vez que se supera la barrera de la Constitución es cuando se va a generar inestabilidad. No somos centralistas, sino pedimos que el Estado no quede inerme.

Pregunta. El PP anuncia inestabilidad y el PSOE calma...

R. J. Este Estatuto, y el valenciano, y los que vendrán después, forman parte de una apuesta política de modernización, de adaptación de nuestro modelo territorial. Y tengo la convicción de que no se rompe nada, consolidamos la España autonómica que empezamos hace 25 años y que será la que regula la vida de los españoles el próximo siglo.

S. S. de S. Los ciudadanos nunca han tenido preocupación por sus Estatutos. Esto ha sido una preocupación ficticia que se ha creado desde los poderes públicos. A los ciudadanos les preocupa la inflación, el desempleo, la vivienda. Los Estatutos sirven para el autogobierno y dentro de la Constitución han sido muy útiles, pero cuando sobrepasanla Constitución generan inestabilidad y eso ocurrirá aquí.